Las mujeres trabajadoras denuncian que se encuentran en extrema precarización laboral sin percibir igual remuneración por igual tarea en relación a las mujeres contratadas o de planta permanente en la Provincia.
Córdoba29 de agosto de 2019
Sures Noticias
En un comunidado expresan lo siguiente:
Somos mujeres psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y administrativas que trabajamos en el Polo Integral de la Mujer. Somos quienes abordamos e intervenimos en los diferentes casos de violencia de género, exponiéndonos de manera cotidiana, ya que realizamos un trabajo de riesgo. Realizamos nuestra tarea en condiciones de extrema precarización y violencia institucional, además de la presión diaria por la falta de personal. A su vez, muchas de nosotras estamos en condición de monotributistas, siendo nuestro *ingreso mensual actual de $20.146*, monto muy por debajo de la canasta básica, así como becarias con ingresos aún menores. Nos encontramos en extrema precarización laboral, sosteniendo áreas de trabajo sin percibir igual remuneración por igual tarea en relación a nuestras compañeras contratadas o planta permanente. Exigimos un aumento salarial de emergencia y el pase a planta de becarias, monotributistas y contratadas.
Colegio de Psicólogos y Psicólogos
Autoridades del Colegio profesional en diálogo con Sures Noticias adelantaron su preocupación por esta situacion e informaron que el lunes 2 de setiembre tienen prevista una reúnion con trabajadoras psicólogas del Polo de la Mujer para, entre otros temas, analizar las gestiones emprendidas en torno a encontrar soluciones a esta situación.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.