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Durante la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la crítica situación de precariedad laboral que afecta a los trabajadores del sector público en Argentina. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, expuso un informe señalando que más del 55% del personal estatal se encuentra en condiciones de informalidad, con contratos que constituyen un fraude laboral sistemático. “Estas modalidades de contratación obstaculizan el acceso a la planta permanente y violan derechos fundamentales”, afirmó.
La delegación argentina asiste a la conferencia, que se lleva a cabo del 2 al 13 de junio, en un contexto significativo: se conmemoran diez años de la Recomendación 204 de la OIT, la cual incentiva la transición de la economía informal a la formal, priorizando la creación de empleo decente y sostenible. Cabezas destacó la relevancia de este instrumento y su actualidad, subrayando que su implementación es crucial para enfrentar la informalidad en los sectores público y privado.
Un problema estructural y generacional
La líder sindical enfatizó que, a pesar de que la informalidad laboral en Argentina es del 42%, los datos son aún más alarmantes cuando se observa su impacto en la juventud. “Más del 65% de los jóvenes varones y más del 71% de las jóvenes mujeres carecen de derechos laborales elementales”, alertó, citando cifras de la OIT.
Adicionalmente, la conferencia de este año aborda nuevas normativas internacionales para proteger a los trabajadores ante riesgos biológicos en sus lugares de trabajo, regular el empleo en plataformas digitales y diseñar políticas que fomenten la transición hacia la economía formal. Argentina participa junto a otros 186 Estados Miembros de la OIT. La presencia de ATE y la CTA en este foro internacional tiene como objetivo visibilizar las repercusiones de la precarización estatal y obtener apoyo internacional para sus demandas de una reforma estructural que asegure estabilidad y derechos para quienes desempeñan funciones esenciales en el Estado.
Fuente Ingogremiales
