El nuevo Plan de Inteligencia Nacional, elaborado por la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, abre la puerta al seguimiento de periodistas, economistas, académicos y opositores políticos que cuestionen al Gobierno de Javier Milei. Así lo revela una investigación de La Nación, firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, que accedió al documento clasificado y verificó su autenticidad.
Argentina26 de mayo de 2025
Sures Noticias
El documento secreto incluye como “objetivos de interés” a quienes erosionen la confianza en los funcionarios, las políticas económicas o manipulen la opinión pública. Especialistas advierten sobre el riesgo de espionaje interno.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que habilita tareas de vigilancia sobre actores internos que puedan ser considerados una amenaza para la imagen o legitimidad del Gobierno. Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, el documento —de carácter reservado— apunta como “objetivos de interés” a personas o grupos que influyan negativamente en la opinión pública, sin distinguir entre amenazas externas o voces críticas locales.
El plan fue elaborado por la cúpula de la SIDE bajo el liderazgo de Sergio Neiffert, alias “el Señor 5”, y establece una serie de prioridades estratégicas que incluyen desde la defensa de los recursos naturales y la soberanía en el Atlántico Sur, hasta el combate al terrorismo y al narcotráfico. Sin embargo, lo que más llamó la atención es la ambigüedad con la que se menciona la posibilidad de recabar información sobre quienes “erosionen la confianza” en funcionarios públicos o en las “políticas económicas”, abriendo la puerta a una vigilancia que podría alcanzar a periodistas, economistas, académicos, influencers y opositores políticos.
También se consideran sujetos de interés quienes “manipulen la percepción pública”, especialmente durante campañas electorales, o difundan “desinformación” mediante tecnologías como la inteligencia artificial. En un contexto de creciente enfrentamiento del oficialismo con los medios y sectores críticos, esta formulación podría justificar tareas de espionaje interno, algo que la ley prohíbe expresamente salvo con orden judicial y en causas debidamente justificadas.
El plan reafirma el alineamiento geopolítico del Gobierno con Estados Unidos e Israel, y fue elaborado en el segundo semestre de 2024, según reconstruyó La Nación. A su vez, el presupuesto de la SIDE para este año fue incrementado a $80.872 millones, de los cuales más de $13.000 millones están bajo la categoría de “gastos reservados”, sin control público.
El texto también plantea como foco de atención a fenómenos derivados de la pobreza, migraciones internas, criptomonedas y prácticas monopólicas, aunque nuevamente sin detalles claros sobre los alcances ni los criterios de acción. Analistas advierten que, lejos de representar una modernización del sistema de inteligencia, el plan parece responder al ideario libertario del oficialismo y a su “batalla cultural” contra la prensa y sectores críticos.
Gobierno niega espionaje interno mientras el Congreso revisa el Plan de Inteligencia
La Casa Rosada desmintió las afirmaciones sobre el espionaje interno por parte de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). En un comunicado oficial, respaldado por Javier Milei, el Ejecutivo aseguró que no se persigue a opositores ni a periodistas.
El Gobierno calificó de "versiones periodísticas" las especulaciones sobre el Programa de Inteligencia Nacional (PIN) y su supuesta vigilancia de críticos de la administración actual.
“El actual gobierno es el primero en décadas que ha decidido no utilizar la SIDE para perseguir a opositores, periodistas o adversarios políticos”, indica el comunicado oficial. En este contexto, el Congreso continúa revisando el Plan de Inteligencia.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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