Durante una audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó graves denuncias contra el sistema penal de Córdoba, Argentina. Se expuso una práctica extendida de prisión preventiva abusiva, condiciones inhumanas de detención y mecanismos de coacción para imponer juicios abreviados. El Estado reconoció los problemas, pero atribuyó los retrasos en las reformas a dificultades estructurales.
Córdoba28 de julio de 2025
Sures Noticias
Una práctica sistemática que vulnera derechos fundamentales
El pasado viernes 25 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia clave sobre la situación del sistema penal en Córdoba, Argentina. Las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil pintaron un cuadro alarmante: miles de personas se encuentran privadas de su libertad bajo prisión preventiva, sin condena firme, en condiciones de hacinamiento extremo, coaccionadas para aceptar juicios abreviados, y privadas de derechos básicos como el acceso a atención médica y alimentación adecuada.
Encabezando la delegación denunciante, Jorge Cardoso, de la Asociación Proomine, fue enfático: “En Córdoba se está usando la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado. La situación es crítica y afecta a miles de personas, muchas de ellas inocentes, sometidas a un trato inhumano que roza los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático”.
Según los testimonios, los fiscales recurren a una peligrosa lógica de "premio y castigo" para imponer condenas por vía de juicios abreviados. Si el imputado decide no aceptar ese procedimiento, se le advierte que enfrentará una pena más dura en juicio oral. Esta modalidad genera un dilema perverso, en el que los acusados deben elegir entre una condena segura pero menor o arriesgarse a penas más graves en procesos que tardan años en resolverse.
Cárceles colapsadas, derechos vulnerados
Uno de los puntos más graves fue el testimonio del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Su representante, Kevin Nilsen, confirmó que Córdoba ostenta la tasa de encarcelamiento más alta del país y que los centros de detención presentan niveles de hacinamiento extremos. Según el Comité, esta situación constituye una violación directa a los derechos humanos y requiere medidas urgentes.
A esto se suma la denuncia sobre la entrega de vehículos secuestrados a funcionarios públicos, antes de que se haya dictado sentencia firme de decomiso, una práctica que fue señalada como una irregularidad de gravedad institucional.
El Estado admite problemas pero pide tiempo
La representación estatal argentina, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baño y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, reconoció las falencias. Admitieron la sobrepoblación carcelaria y las condiciones deficitarias de detención, aunque destacaron que se están implementando reformas para resolver la situación.
Wilfrido Pérez, de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Córdoba, explicó que se están introduciendo audiencias orales en los procesos de prisión preventiva, pero que la aplicación ha sido más lenta de lo previsto, debido a la falta de capacitación y a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. También se mencionaron iniciativas como la compra de tobilleras electrónicas para ampliar el régimen de prisión domiciliaria.
No obstante, los comisionados de la CIDH cuestionaron la efectividad y celeridad de estas medidas. Estuardo Ralón y Roberta Clark preguntaron por los mecanismos alternativos a la prisión preventiva, los recursos disponibles para revisar estas decisiones, y la existencia de compensaciones en casos de detención indebida. Ari Bulcan indagó sobre las posibilidades de reclamar por bienes secuestrados de manera irregular, un reclamo reiterado por los denunciantes.
La inacción del Tribunal Superior bajo la lupa
Otro eje crítico de la denuncia fue la falta de voluntad del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para implementar reformas ya previstas por ley. Según Cardoso y otros representantes de la sociedad civil, el máximo tribunal ha utilizado acordadas administrativas para posponer indefinidamente la aplicación de cambios fundamentales, como la oralidad en los procesos de revisión de la prisión preventiva. Esto, señalaron, constituye una forma de desobediencia institucional que perpetúa la violación de derechos.
La audiencia concluyó con un llamado de la CIDH a todas las partes a avanzar en la construcción de soluciones conjuntas que garanticen el respeto de los derechos humanos. Los comisionados reiteraron su preocupación por la situación estructural en Córdoba y se comprometieron a seguir monitoreando el caso, con el objetivo de evaluar posibles recomendaciones al Estado argentino.
La audiencia fue un paso importante para visibilizar una problemática endémica que, según los denunciantes, ha sido naturalizada por el sistema judicial cordobés. Las organizaciones de derechos humanos esperan ahora que la intervención de la CIDH contribuya a acelerar las transformaciones pendientes y a revertir una situación que afecta, de forma concreta y cotidiana, a miles de personas privadas de su libertad sin juicio ni condena.
Audiencia completa acá:
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