La Justicia frenó el cierre del INTI

El Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dispuso la "suspensión inmediata" del plan de desguace que el Gobierno pretendía implementar. Rodolfo Aguiar dedicó un mensaje a Milei y Sturzenegger: "Son bastante inútiles, ¿eh? Ni las facultades delegadas supieron utilizar".
Argentina30 de julio de 2025Sures NoticiasSures Noticias
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Foto Press

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo revés judicial que impide avanzar en su plan de ajuste y desjerarquización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ha dictado una resolución que suspende, por al menos seis meses, cualquier acto administrativo relacionado con la reubicación, despido o no renovación de contratos de los trabajadores del INTI, garantizando su autonomía.

La sentencia subraya que la propuesta del Ejecutivo de centralizar el INTI carece de fundamento legal y vulnera derechos laborales establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo. La acción judicial, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), argumentó que cualquier modificación al estatus descentralizado del organismo debe ser aprobada por el Congreso Nacional.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó al presidente Milei señalando que sus esfuerzos por desmantelar la industria nacional no tendrán éxito, y anunció que seguirán impugnando los decretos que considera ilegítimos.

El INTI, creado en 1957, ha sido clave en promover la innovación y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Gobierno, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 462/2025, intentó reducirlo a una unidad subordinada del Ministerio de Economía, eliminando su autonomía.

Este fallo se suma a otros reveses judiciales recientes, incluyendo la decisión que detuvo el cierre de Vialidad Nacional. Mercedes Cabezas, secretaria Adjunta de ATE, destacó la importancia de la organización colectiva frente a la persecución que enfrenta el movimiento sindical.

A pesar de este fallo, resta que la Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de los decretos emitidos por el Gobierno.

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