Sures Noticias
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2024, en el que analiza las principales tendencias, desafíos y avances en materia de libertad de expresión y prensa en el continente americano. El documento, que forma parte del Informe Anual de la CIDH, aborda cuatro enfoques centrales: periodismo y democracia; institucionalidad democrática; lucha contra la discriminación; e Internet y tecnologías emergentes.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la violencia letal contra periodistas, con al menos 22 asesinatos registrados durante 2024 en seis países de la región: México (8), Colombia (7), Haití (3), Honduras (2), Ecuador (1) y Jamaica (1). La Relatoría advirtió que estos crímenes podrían estar relacionados con el ejercicio profesional de las víctimas y llamó a los Estados a combatir la impunidad, garantizando investigaciones exhaustivas, objetivas e imparciales, además de sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a las víctimas.
Más allá de los asesinatos, el informe denuncia una creciente estigmatización contra la prensa, así como el uso de mecanismos judiciales para intimidar a periodistas y medios que cubren temas de interés público. También se reportaron agresiones durante manifestaciones sociales en distintos países, con denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, así como intentos de criminalizar la protesta y restringir la transparencia institucional.
En cuanto al eje sobre discriminación, la Relatoría advierte sobre el deterioro del debate público y el aumento de discursos de odio e intolerancia hacia grupos históricamente marginados. En particular, se señalaron casos de violencia de género contra periodistas mujeres, lo que refuerza la urgencia de políticas públicas con enfoque interseccional.
El capítulo dedicado a Internet subraya el creciente interés legislativo en regular redes sociales, ante fenómenos como la desinformación, los discursos violentos y el auge de tecnologías como la inteligencia artificial generativa. La Oficina expresó preocupación por el uso de herramientas tecnológicas para vigilar o intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Este es el vigésimo sexto informe anual de la Relatoría desde su creación en 1997, reafirmando su rol como organismo clave en la defensa hemisférica de la libertad de pensamiento y expresión, pilares esenciales de la democracia en las Américas.
Para acceder al Informe Anual 2024 completo, haga clic aquí.
Capitulo Argentina
Durante 2024, la Relatoría Especial registró un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. En un contexto de iniciativas de cambios drásticos al funcionamiento del Estado, se reportaron con alta frecuencia discursos estigmatizantes principalmente desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres. En el marco del ejercicio del derecho a la protesta social por parte de sectores políticos y sociales opositores al gobierno, y de la ciudadanía en general, la Relatoría observó declaraciones oficiales que buscaban desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial. En buena parte de las movilizaciones se registraron agresiones contra trabajadores de la prensa, originadas tanto en el accionar de agentes de seguridad como de particulares.
Además de un deterioro en el debate público, la Relatoría registró cambios significativos en el marco institucional relacionado con el acceso a la información, los medios públicos y la publicidad oficial. En particular, se registró la adopción de marcos normativos restrictivos del derecho a la protesta social y modificaciones regresivas y carentes de deliberación amplia en relación con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Periodismo y democracia
En el transcurso de 2024, la Relatoría observó un contexto adverso para el ejercicio de libertad de prensa, caracterizado principalmente por discursos hostiles desde el poder público 89. De acuerdo con la información monitoreada por esta oficina, el Presidente de la República ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación90, acusándolos de ser “corruptos” 91, “delincuentes con micrófono” 92, “mentirosos” 93, “ladrones” 94, “difamadores” 95 y “extorsionadores” 96, entre otros calificativos lesivos a la labor informativa 97, en contextos donde la prensa hacía publicaciones sobre asuntos o debates de interés público. Además, ha manifestado públicamente que “el 85% de los medios miente todo el tiempo” 98. Estas expresiones están frecuentemente dirigidas a periodistas y medios que han publicado información crítica o cuestionamientos a políticas gubernamentales 99. La RELE advierte que éstos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de lo que el gobierno ha denominado una “batalla cultural”, que incluiría el señalamiento de determinados comunicadores y medios como opositores o enemigos.
La Relatoría de la CIDH alertó sobre un "deterioro acelerado" de la libertad de expresión en Argentina
Un informe reciente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre un “deterioro acelerado” en las condiciones para ejercer la libertad de prensa en Argentina durante 2024. Según el documento, se observa un contexto de baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia la crítica, en medio de un proceso de reformas estructurales que afectan el funcionamiento democrático.
Entre las principales preocupaciones, el informe señala un incremento en los discursos estigmatizantes por parte de altas autoridades, incluyendo al Presidente de la Nación, dirigidos contra periodistas y medios de comunicación. Estas expresiones –que tildan a trabajadores de prensa de “corruptos”, “delincuentes con micrófono” o “mentirosos”– son vistas como parte de una estrategia de “batalla cultural” oficial, que convierte a voces críticas en adversarios políticos.
La situación es especialmente grave para las mujeres periodistas, quienes han sido blanco de ataques con un alto componente sexista. El informe destaca que, además de recibir descalificaciones profesionales, muchas de ellas enfrentan hostigamientos misóginos y violencia digital que refuerzan estereotipos y buscan deslegitimar su labor. La Relatoría advierte que estas prácticas no sólo afectan el derecho individual a la libertad de expresión, sino que generan un efecto silenciador colectivo, desalentando la participación de mujeres en el debate público.
Organizaciones como FOPEA y ADEPA reportaron un aumento de las agresiones contra periodistas, y documentaron que una proporción considerable de los ataques proviene de funcionarios del gobierno. En paralelo, se registraron múltiples episodios judiciales: desde demandas del Presidente contra periodistas críticos, hasta presentaciones de comunicadores por considerar que fueron difamados por autoridades.
El informe también denuncia restricciones en el acceso a la información pública, como cambios arbitrarios en el sistema de acreditaciones para la prensa en Casa Rosada y propuestas que buscan reinstaurar mecanismos de control profesional como la matriculación obligatoria. Casos como el de la periodista Silvia Mercado, a quien se le revocó el acceso a la sede gubernamental sin justificación, generaron fuerte preocupación por el retroceso institucional en el trato a la prensa.
En materia de medios públicos, el Gobierno dispuso en febrero la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA), Télam y otras entidades, concentrando su administración en el Poder Ejecutivo y excluyendo instancias de control parlamentario. En marzo se suspendió la operación de la agencia estatal Télam, con vallado policial y licenciamiento del personal. En julio, un decreto oficializó su reconversión en una sociedad anónima orientada a servicios publicitarios, dejando a la redacción periodística bajo otra órbita.
La Relatoría advierte que estas medidas afectan de forma directa el derecho a la información de la ciudadanía, especialmente en las provincias, donde los medios públicos suelen ser la principal –y a veces única– fuente de noticias locales. La desaparición operativa de Télam también dejó inaccesible su archivo histórico de más de siete décadas, utilizado por medios, investigadores y docentes.
En agosto, un decreto modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, reduciendo facultades del organismo garante y debilitando las obligaciones del Estado en la materia. Para la Relatoría, esto constituye un retroceso institucional incompatible con los estándares internacionales.
El informe concluye que el Estado argentino no solo debe abstenerse de generar restricciones indebidas, sino también garantizar activamente un entorno seguro y plural para el ejercicio del periodismo y el debate democrático. En particular, urge a tomar medidas específicas para proteger a las mujeres periodistas, asegurar su participación en condiciones de igualdad y combatir la violencia de género en el ámbito informativo.
