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Sena pide atención médica al personal del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), quien lo lleva al médico de guardia. Allí habría tenido una discusión con el agente de salud y lo vuelven a trasladar a su pabellón, donde insiste una y otra vez que lo revisen y mediquen. Pero solo recibe, según le relató por llamada a sus familiares, golpes y empujones.
Ese domingo Sena llamó por última vez a su familia. Les dijo que no estaba bien. Tiempo después, una trabajadora social llamó para avisar que tenían que ir a reconocer a Luis Alberto a la morgue. Su hermana fue a Bouwer inmediatamente, pero no la dejaron entrar ni le dieron explicaciones.
“Pregunto qué le pasó y no me dieron información. Yo había hablado con él hace poco”, asegura la hermana. Y agrega: “Luego me llaman de vuelta y me dicen que mi hermano había tenido problemas con agentes guardiacárceles y que lo habían llevado a otra celda, donde amaneció sin vida. Que tenga todos los papeles en regla para pedir una autopsia”.
Al abogado de la familia tampoco le informaron nada, aseguran. La familia fue a Tribunales a solicitar todo lo que le pedían. Sin embargo, afirma que le pusieron “mil trabas” para poder ver a su hermano. Hasta que se lo concedieron.
“No era mi hermano. No lo podía reconocer de los golpes que tenía en la cara. Ahorcado no estaba. Eso seguro. A mi hermano lo mataron. Otros presos me dijeron que a mi hermano lo golpearon brutalmente y que ellos no pudieron hacer nada porque los amenazaron”, acusa la entrevistada.
La familia denunció al director y a los guardias que estaban esa noche en el MD2. “Cuando fui a hacer las denuncias, la secretaria que me las tomó en la Central de Policía me dijo que me cuidara porque la gente que estaba denunciando era pesada”, recuerda.
A un año de su muerte, la causa no tiene detenidos. Una vida más que se pierde y se olvida en una larga lista de ciudadanos privados de su libertad, a los que también privan de su vida cuando exigen algún derecho humano básico.
La justicia, el poder político y el SPC, actuaron -una vez más- como el triplete de la impunidad ante un caso grave, cuya responsabilidad indelegable le corresponde al Estado.
Una familia todavía espera justicia. Mientras se le hace imposible olvidar semejante crueldad en tiempos donde el gobierno de la provincia hace actos por los derechos humanos vulnerados en la última dictadura.
