El 27 de agosto de 2004, la Coalición por una Radiodifusión Democrática presentó en el programa de radio Nacional Las 40, conducido por Mona Moncalvillo, los 21 Puntos de la iniciativa ciudadana para una ley de radiodifusión democrática o “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”.
Córdoba27 de agosto de 2024 Tri Heredia
Estos puntos fueron la base conceptual para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Congreso Nacional aprobó el 9 de octubre de 2009. La Coalición, integrada por diversas organizaciones de derechos humanos, sindicales, no gubernamentales, universitarias, de pueblos originarios, medios comunitarios, empresarios pequeños y medianos, y agrupaciones políticas, inició ese día la construcción de un lazo con la sociedad civil que culminó cinco años después con la aprobación de la Ley 26522 por parte del Congreso.
Organizaciones relacionadas con la comunicación y los derechos humanos se reunieron con el entonces secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, y el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, para presentar formalmente la "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia". Esta iniciativa era una declaración de principios que buscaba la creación de una nueva ley de radiodifusión en Argentina, respaldada por más de mil organizaciones y académicos de la comunicación, quienes se movilizaron para reemplazar la Ley de Radiodifusión 22.285, establecida durante la última dictadura militar.
Más tarde, Cristina Fernández, presidenta de la Nación, anunció el próximo envío al Congreso de un proyecto de Ley de Medios Audiovisuales.
El 1 de marzo de 2009, Cristina anunció ante la Asamblea Legislativa el envío al Congreso de un proyecto para reemplazar el Decreto/Ley 22.285 de Radiodifusión, establecido por la dictadura militar en 1980.
Unos meses más tarde, se aprobó y promulgó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 10 de octubre de 2009. Esta ley, sancionada por el Congreso Nacional, regula el sistema de medios de comunicación y, en un acto histórico, deroga la Ley N° 22.285 impuesta por la última dictadura cívico-militar.
El proyecto de ley enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recopilaba las conclusiones de más de un año de debates en 24 foros, incluyendo uno en la ciudad de Córdoba, llevados a cabo en diversos lugares del país. Este se fundamentaba en los 21 puntos propuestos en 2004 por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que agrupaba a más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales, así como pequeñas y medianas empresas.
La Coalición por una Comunicación Democrática afirma que los principios fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual siguen en pie: considerar la comunicación como un derecho en lugar de un negocio; establecer límites a la concentración mediática; promover la diversidad, el federalismo y el pluralismo en la comunicación; incentivar la producción y el empleo nacional; y proteger los derechos de las audiencias mediante la Defensoría del Público. Se trata, entonces, de seguir adelante con esos principios rectores que deben fundamentar las políticas de regulación de la comunicación en los nuevos contextos. El Estado sigue teniendo un papel crucial, a pesar de aquellos que, de la mano de Milei, buscan destruirlo, se busca crear un ambiente comunicacional diverso y plural, una condición esencial para la práctica de la democracia.
En ese momento, y desde la recuperación de la democracia, diversos actores se unieron para abogar por la derogación de la ley de radiodifusión de la dictadura. La Coalición reunió a varias organizaciones y movimientos sociales para revalorizar la comunicación en todas sus plataformas y formas de expresión, como un elemento esencial del debate social. Además, se buscó impulsar una política reparadora y progresiva que reafirmara la comunicación como un tema estratégico en las agendas políticas.
Y llego Macri, el desguazador
El expresidente Mauricio Macri mediante un DNU que modificaba las leyes N° 26.522 Y N° 27.078 sancionado el 29-12-2015 y publicado en el Boletín Nacional del 04 de enero de 2016, dio por tierra con un segmento de la ley para beneficiar a sus socias y grandes empresas como Clarín, con la complicidad de la justicia.
El decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri, modificaba los artículos que regulaban la venta de licencias, los topes a la cantidad de las mismas que puede poseer un grupo de medios y las restricciones a la propiedad cruzada, entre otros artículos centrales de la ley.
La derogación fue confirmada por Ley del Congreso el 6 de abril de 2016, con el voto de todos los legisladores de Cambiemos más el apoyo de distintos sectores del peronismo, como los que respondían a José Manuel de la Sota, (si el Córdobesismo) y a Sergio Massa
La resistencia
El 12 de diciembre del 2015 se aprueba la Facultad de Comunicación en la UNC, ese sábado, en la misma asamblea universitaria, se autoconvocan sectores universitarios, integrantes de la CCD, académicxs, militancia y organizaciones políticas ante el anuncio de Macri de desguazar la ley de medios, y se organiza para el lunes 14 de diciembre una plaza ciudadana en defensa de la ley de medios, en la ex plaza Vz. Sarsfield de Córdoba, a las que le siguieron otras convocatorias.
Allí nació la resistencia a Macri en Córdoba y lo que un par de semanas más tarde diera nombre y constitución al colectivo Más Democracia, impulsor de esa movida y que diera puntapié y nacimiento a las históricas Plazas del Pueblo en todo el país. Hoy la historia está por escribirse de como los sectores populares enfrentaran la parte 2 de la nueva película de terror. Cabe mencionar que durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández no hubo voluntad política de dar marcha atrás con lo realizado por el macrismo, como así también nunca se aplicó en los llamados gobiernos nacionales y populares la plena vigencia de la ley.
Y ahora Milei, el destructor
El desmantelamiento de las leyes audiovisuales y del sector digital pone en riesgo la producción nacional de contenidos, los empleos y el acceso a internet como derecho humano. Favorece la transferencia del capital cultural nacional a plataformas y operadores extranjeros, la venta de órbitas satelitales al mejor postor y la renuncia a la soberanía comunicacional. Todo ello posibilitado por el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus que lleva adelante el gobierno libertario, de exclusión social y deshumanizante de Javier Milei, la hiel.
A lo que le sumamos la situación de desmantelamiento de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba y sus medios, con complicidad de la UCR local y funcionarios de la UNC que no funcionan… a favor de la pluralidad de voces, la precarización de las fuentes laborales de los medios públicos, como Radio Nacional Córdoba, la desaparición de Nacional Córdoba, la desaparición de TELAM, la quita de la pauta oficial, no para sus trolles y siguen los “éxitos”.
Hoy, a 20 años de los 21 puntos, hay que retomar lo afirmado por la Coalición*: proponer impulsar políticas y medidas para promover otro modelo de comunicación:
Derogar los alcances del Decreto 267/15 de Macri y reemplazarlo por un ordenamiento federal y democrático que promueva efectivamente el derecho a la comunicación.
Sostener la declaración de internet y telefonía móvil como servicio público, garantizando tarifas asequibles. Profundizar la implementación del fondo de servicio universal para el acceso a los servicios TIC.
Exigir leyes para la asignación de publicidad de los organismos del Estado -tanto a nivel nacional, como provincial y municipal- con criterios de pluralismo, independencia y federalismo.
Promover el debate sobre la incidencia de las grandes plataformas en pos de garantizar la soberanía comunicacional, tecnológica y económica. Redistribuir parte de la renta que allí se genera a través de gravámenes.
Apoyar a los actores de la economía social y solidaria y a las organizaciones sociales para la prestación de servicios TIC y convergentes.
Ampliar los alcances de la definición de servicio audiovisual a los sistemas de suscripción por cable o satélite y a los contenidos que se comercializan a través de servicios de streaming por internet, tanto en lo referido a las exigencias de producción nacional en los catálogos de exhibición como de equidad fiscal en el pago de gravámenes.
Promover la diversidad y el pluralismo informativo, impulsado por medios cooperativos, comunitarios, populares, micro-pymes, universitarios, indígenas y sindicales, a través de políticas y legislaciones específicas. Promover subsidios directos o indirectos para este tipo de medios.
Promover e impulsar el uso masivo de la Televisión Digital Abierta como sistema de acceso gratuito a la información y la cultura. Ante el inminente apagón analógico, generar la rápida apertura de concursos para licencias en TDA destinados a los canales comunitarios.
Implementar y hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en lo que hace a cuotas de pantalla de contenidos locales, nacionales, programación infantil, música nacional e independiente. La democratización de la comunicación como condición para la construcción de una sociedad más justa, libre y soberana.
Tri Heredia, periodista, integrante de Más Democracia y de la CCD Córdoba
* Documento de la Coalición por una Comunicación Democrática del 4 de julio 2022
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La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, acompañó el inicio de las actividades en la localidad de Malagueño. A partir de esta semana, inicia el dictado de capacitaciones en distintas localidades de la provincia, que alcanzarán a más de 70 mil cordobeses. Siguen abiertas las inscripciones para especializarse con propuestas virtuales y presenciales, todas gratuitas, con certificación de validez nacional.
La ex mandataria afirmó que lo hará "para estar a derecho" y destacó que la prisión domiciliaria "no es un privilegio". Como se preveia CFK concurrirá ajustada a derecho: como siEmpre lo hizo: al requerimiento judicial. En Córdoba el Colectivo Más Democracia a traves de un video invitó a apoyar a Cristina el 18 de junio en la calle, en tanto desde el plenario sindical de las centrales obreras de Córdoba convocó a una reunión el 17 de junio a las 17 hs. en la Casa Histórica de la CGT para coordinar las acciones del miercoles proximo.
El 19 de junio, familiares y amigos conmemorarán el tercer aniversario de la detención, tortura y asesinato de Ezequiel Castro en el Hospital Misericordia. El acto busca exigir justicia y visibilizar las violaciones de derechos humanos en el sistema de salud mental.
El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba y la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia convocan a una jornada pública en la capital provincial. La actividad se realizará el viernes 13 de junio a las 19 h en la sede del Cispren, busca reforzar la articulación de espacios de DDHH a nivel nacional en un contexto de creciente represión, ajuste y desmantelamiento de la Democracia.
El dirigente social Juan Grabois fue detenido durante 12 horas tras liderar una protesta pacífica con militantes y legisladores de Patria Grande en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital realizará este miércoles una nueva manifestación en oposición al ajuste del Gobierno Nacional. Hacen un llamado a la comunidad para que se una a ellos.
Tras un plenario realizado en la Casa Histórica de la CGT Córdoba, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, integrantes, miitancia y referentes de espacios, sociales policios, gremiales de DDHH resolvieron manifestarse en la calle en repudio a la condena de Cristina. Marcharom desde la sede sindical a Patio Olmos y desde alli a la cerrada sede del PJ de la Provincial, luego de permanecer un rato alli, volvieron a la zona del Olmos y alli se desconcetraron.
Las CTA declararon un cese de actividades y una manifestación para el 18 de junio en respaldo a Cristina Kirchner, en oposición a su proscripción y en defensa de la democracia. Asimismo, criticaron el avance de un modelo neoliberal que se fundamenta en el ajuste, la exclusión y la persecución política.
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De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
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