La decisión recaerá en la Sala Penal del Tribunal Superior. Asimismo, se ha aprobado un protocolo para la recepción de denuncias efectuadas por detenidos.
Córdoba14 de agosto de 2024
Sures Noticias
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha establecido la Oficina de Violencia Institucional, encargada de recibir y procesar las denuncias de individuos privados de libertad en las prisiones de Córdoba. Esta entidad estará bajo la jurisdicción de la Sala Penal del TSJ y operará en colaboración con las Defensorías Públicas Oficiales, que son las instituciones encargadas de defender y promover los derechos de los reclusos.
Las cárceles cordobesas están en el ojo de la tormenta por las condiciones de sobrepoblación y por una sucesión de hechos sospechosos de violencia institucional, tras el escándalo que terminó con la cúpula del Servicio Penitenciario detenida por corrupción.
Además de establecer una oficina en cada sede judicial, el TSJ ratificó el Protocolo contra la Violencia Institucional. Este documento detalla los hechos y propone un modelo de entrevista para los miembros de la defensa pública en contacto con individuos bajo custodia estatal que reporten posibles casos de violencia institucional.
El protocolo también establece cómo proceder con la derivación de casos a la Oficina contra la Violencia Institucional, incluyendo la pertinencia de presentar denuncias penales o administrativas, y define las directrices para registrar fallecimientos de personas en custodia penitenciaria. Para su organización y supervisión, se ha creado la Dirección de la Oficina contra la Violencia Institucional, apoyada por un Comité Consultivo y la colaboración de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial, así como por profesionales de Medicina Forense y Psicología del Área de Servicios Judiciales.
El protocolo en el Ministerio de la Defensa Pública fue propuesto por los defensores públicos Pablo Pupich y Mariano Brusa, junto con el equipo de funcionarios de la Defensa: Guadalupe García Petrini, Laura Carreté, Soledad Moreno, Daniela Domeniconi, Paula Sofía Bazán, Antonella Pestoni, Rodrigo Centeno, Agustín Vélez Massa y Andrea Ramallo.
De acuerdo con el acuerdo reglamentario del TSJ publicado en el Boletín Oficial este martes, la creación de la Oficina de Violencia Institucional no implicará mayores gastos para el Poder Judicial. La compensación para los que desempeñen funciones en este organismo consistirá en la asignación de 2,25 puntos anuales en los legajos, que se contarán para los órdenes de mérito en promociones automáticas o concursos.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia indica que la propuesta "cumple con los estándares internacionales requeridos en materia de derechos humanos" y satisface la demanda de la Constitución Provincial, que busca una Administración Pública —aplicable también a la Administración de Justicia— comprometida a atender las necesidades de la comunidad de manera eficaz, eficiente, económica y oportuna.
La resolución está firmada por el presidente del TSJ, Luis Angulo, y los vocales Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña.
Resolution publicada en boletín oficial de la provincia de Córdoba del 13 de agosto 2024
La actividad se realizará este 30 de agosto a las 12 en la sede de la Casa Histórica de la CGT en Av. Vélez Sarsfield 137, con la presencia de la Lic. Liliana Montero Ministra de Desarrollo Humano y la Lic. Tamara Pez, Secretaria de DD HH y Diversidad, ambas del Gobierno de Córdoba.
Se acusa a la jueza de privar a las abogadas de Constanza Taricco del acceso al expediente judicial, manteniéndolo el estado "confidencial". Esta medida impide a la defensa tener un conocimiento completo del caso y preparar una defensa adecuada, además, la jueza ordenó a las abogadas, a Constanza y a su familia abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre la causa. Esta mordaza atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa.
El aumento de los alimentos y los servicios se hizo sentir en julio, duplicando los porcentajes de los dos meses anteriores, segun el 7° Índice Barrial de Precios del año 2024.
La política represiva del gobierno de Llaryora va en consonancia con la política represiva de Milei, y de sus antecesores Schiaretti y De la Sota. Once de las muertes por parte del aparato represivo fueron en casos de gatillo fácil, en situaciones de persecución, o por medio de torturas durante detenciones. Las otras seis fueron en contextos de encierro, afirmaron desde sus redes sociales el Frente Antirrepresivo en Lucha de Córdoba.
Ayer, miércoles 14, tuvo lugar la última audiencia del juicio contra el acusado de abusar de una joven de la comunidad Camiare Comechingón Pluma Blanca. El juez Gerardo Sebastián Romero absolvió a Jorge Ahumada, quien estaba acusado de cometer una serie de abusos sexuales, amenazas y coacciones contra una joven indígena.
Con este último dato, la inflación interanual ha llegado a un alarmante 276%, y el acumulado anual muestra un aumento del 104%.
Ayer, miércoles 14, tuvo lugar la última audiencia del juicio contra el acusado de abusar de una joven de la comunidad Camiare Comechingón Pluma Blanca. El juez Gerardo Sebastián Romero absolvió a Jorge Ahumada, quien estaba acusado de cometer una serie de abusos sexuales, amenazas y coacciones contra una joven indígena.
Invitan a la proyección del documental "Madres" junto al diálogo con integrantes de la coordinadora de familiares Gabriela Sanso y Romina Ludueña (familiares de Rodrigo Sánchez, joven víctima de gatillo fácil en el año 2015). La marcha está prevista para el martes 27/08 a las 17:00 hs.
En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
El 27 de agosto de 2004, la Coalición por una Radiodifusión Democrática presentó en el programa de radio Nacional Las 40, conducido por Mona Moncalvillo, los 21 Puntos de la iniciativa ciudadana para una ley de radiodifusión democrática o “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”.
El Colectivo "¿Donde está Lichita? denunció ante la opinión pública nacional e internacional un nuevo acto de brutalidad y violencia contra Carmen Villalba y sus compañeras de pabellón en la Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Asunción del Paraguay.
Se esperan altas temperaturas y fuertes vientos del sector norte, que se combinarán con baja humedad ambiente. Se recuerda a la población que está prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego en lugares no permitidos, además de toda actividad que pueda dar origen a un incendio. En caso de incendio llamar al 0800–888–38346 (FUEGO), 911 (Policía) o 100 (Bomberos).