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El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha establecido la Oficina de Violencia Institucional, encargada de recibir y procesar las denuncias de individuos privados de libertad en las prisiones de Córdoba. Esta entidad estará bajo la jurisdicción de la Sala Penal del TSJ y operará en colaboración con las Defensorías Públicas Oficiales, que son las instituciones encargadas de defender y promover los derechos de los reclusos.
Las cárceles cordobesas están en el ojo de la tormenta por las condiciones de sobrepoblación y por una sucesión de hechos sospechosos de violencia institucional, tras el escándalo que terminó con la cúpula del Servicio Penitenciario detenida por corrupción.
Además de establecer una oficina en cada sede judicial, el TSJ ratificó el Protocolo contra la Violencia Institucional. Este documento detalla los hechos y propone un modelo de entrevista para los miembros de la defensa pública en contacto con individuos bajo custodia estatal que reporten posibles casos de violencia institucional.
El protocolo también establece cómo proceder con la derivación de casos a la Oficina contra la Violencia Institucional, incluyendo la pertinencia de presentar denuncias penales o administrativas, y define las directrices para registrar fallecimientos de personas en custodia penitenciaria. Para su organización y supervisión, se ha creado la Dirección de la Oficina contra la Violencia Institucional, apoyada por un Comité Consultivo y la colaboración de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial, así como por profesionales de Medicina Forense y Psicología del Área de Servicios Judiciales.
El protocolo en el Ministerio de la Defensa Pública fue propuesto por los defensores públicos Pablo Pupich y Mariano Brusa, junto con el equipo de funcionarios de la Defensa: Guadalupe García Petrini, Laura Carreté, Soledad Moreno, Daniela Domeniconi, Paula Sofía Bazán, Antonella Pestoni, Rodrigo Centeno, Agustín Vélez Massa y Andrea Ramallo.
De acuerdo con el acuerdo reglamentario del TSJ publicado en el Boletín Oficial este martes, la creación de la Oficina de Violencia Institucional no implicará mayores gastos para el Poder Judicial. La compensación para los que desempeñen funciones en este organismo consistirá en la asignación de 2,25 puntos anuales en los legajos, que se contarán para los órdenes de mérito en promociones automáticas o concursos.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia indica que la propuesta "cumple con los estándares internacionales requeridos en materia de derechos humanos" y satisface la demanda de la Constitución Provincial, que busca una Administración Pública —aplicable también a la Administración de Justicia— comprometida a atender las necesidades de la comunidad de manera eficaz, eficiente, económica y oportuna.
La resolución está firmada por el presidente del TSJ, Luis Angulo, y los vocales Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña.
Resolution publicada en boletín oficial de la provincia de Córdoba del 13 de agosto 2024
