Regimen Carcelario. El TSJ creó la Oficina de Violencia Institucional
La decisión recaerá en la Sala Penal del Tribunal Superior. Asimismo, se ha aprobado un protocolo para la recepción de denuncias efectuadas por detenidos.
La decisión recaerá en la Sala Penal del Tribunal Superior. Asimismo, se ha aprobado un protocolo para la recepción de denuncias efectuadas por detenidos.
El gobernador Martín Llaryora anunció un programa que llevará conectividad satelital a diferentes puntos del interior. La iniciativa beneficia a estudiantes y docentes, pero también a la comunidad en general. Es una apuesta revolucionaria que busca la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial. Las cinco escuelas de alta montaña ya utilizan el sistema Starlink.
En el juicio contra el ex director de Defensa Civil de la Provincia, acusado de abuso sexual y la muerte de Luana Ludueña, el fiscal López Villagra pidió 20 años de prisión y la inhabilitación perpetua para Concha.
La Fiscalía de Instrucción Distrito Dos Turno 5, pide colaboración para dar con el paradero de Luciana Eugenia Aguirre, de 36 años, con domicilio en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.
Mientras que algunas regiones logran mantenerse a flote gracias a inversiones en sectores clave, otras se ven sumidas en una profunda crisis debido a la caída del consumo.
Cada miércoles, un grupo de jubilados se congrega en el Congreso para reclamar mejoras en sus pensiones. En esta ocasión, se sumaron más personas en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, y la policía, bajo el mando de Patricia Bullrich, procedió a dispersar la manifestación. Hoy marcharon en rechazo del anunciado veto del Poder Ejecutivo al aumento de las jubilaciones. Pese a la represión de la policía que golpeó y gaseó a Jubilados , jubiladas y también a la prensa, la marcha avanza nutrida desde el Anexo del Congreso hasta Plaza de Mayo. En Córdoba se realizaron rondas.
Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.