A casi quince años del asesinato del militante del Partido Obrero, se inicia el proceso oral que investiga las maniobras de espionaje, tráfico de influencias y sobornos destinados a garantizar la impunidad del sindicalista José Pedraza.
Argentina19 de agosto de 2025
Sures Noticias
Este martes 19 de agosto comienza el juicio oral por el intento de sobornos para encubrir a uno de los responsables del crimen de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre de 2010 durante una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles.
La causa llega a esta instancia tras más de una década de dilaciones judiciales. En 2013, fueron condenados tanto los autores materiales como los responsables de ordenar el ataque a los militantes, entre ellos el entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quien falleció en 2018. Sin embargo, la investigación posterior reveló un entramado de sobornos y presiones con el objetivo de garantizar la impunidad del dirigente.
De acuerdo con la acusación, integrantes de la Unión Ferroviaria, funcionarios judiciales, un ex agente de inteligencia y allegados al poder político y sindical intentaron direccionar la causa hacia la Sala III de la Cámara de Casación Penal, considerada “amiga”, a cambio de al menos 50 mil dólares.
En el banquillo de los acusados estarán el ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid; el contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Stafforini; la directiva de la misma empresa, Susana Planas; y el prosecretario administrativo de Casación, Luis Ameghino Escobar, responsable del sistema de asignación de jueces.
El ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, señalado como el nexo entre el sindicalismo ferroviario y el poder judicial, también estaba imputado, pero falleció días antes del inicio del debate.
El proceso judicial estuvo atravesado por maniobras dilatorias: jueces que se excusaron, falta de avances en la investigación sobre funcionarios de alto rango, y hasta tres años de demora de la Corte Suprema para resolver un conflicto de competencia. Aunque el caso fue elevado a juicio en 2020, recién cinco años después pudo concretarse.
Este debate se desarrolla en un contexto en el que la relación entre servicios de inteligencia, poder judicial y política sigue bajo la lupa. Para los querellantes, el juicio representa una oportunidad de exponer “los pactos que habilitan las prácticas más violentas del Estado y atentan contra los derechos democráticos”.
Las audiencias se transmiten en vivo por YouTube en La Retaguardia y a través de redes sociales, garantizando la posibilidad de seguir de cerca un proceso clave para la memoria, la justicia y la transparencia institucional.
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Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
El joven tenía 24 años cuando fue secuestrado en 1976. Además, solicitaron que se establezca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado. La fiscalía acompañó el pedido de los familiares para que se establezca que su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas dirigida contra la población en el marco de la última dictadura cívico militar.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) aseguró que el supuesto incremento salarial del 7,5 % anunciado por el Ministerio de Capital Humano ya había sido acordado previamente con UPCN y aún no se aplicó. El único cambio es un bono único de 25 000 pesos por dedicación completa, y se ratificó el paro hasta el viernes.
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