“Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”, reza el mensaje amenazador pintado con lápiz labial en la casa de la mujer de 74 años asesinada en Córdoba. La víctima era la madre de Fernando Albareda, hijo de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario militante vinculado al ERP que fue torturado y desaparecido. En diciembre, Fernando ya había recibido amenazas anónimas. Repudio, preocupación y consternación en militancia de los DDHH.
Córdoba03 de agosto de 2024
Sures Noticias
El hecho tuvo lugar en Ampliación Poeta Lugones. La víctima, Susana Beatriz Montoya, de 74 años, no respondía a los llamados de su hijo Fernando, quien realizó la denuncia.
Susana Montoya fue hallada sin vida en su domicilio del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la ciudad de Córdoba. La policía acudió a una residencia situada en Miguel Andrés Camino 4.880 después de recibir una llamada de emergencia al 911.
Al llegar a la casa, Fernando, su hijo de 53 años, informó a los oficiales que su madre, Susana Montoya, no respondía a sus llamadas.
Con la autorización del hijo, los agentes ingresaron a la vivienda a través de los techos, y encontraron a la mujer boca abajo y con un arma blanca incrustada en el cuello y sin signos vitales
Amenaza fascista
Se encontraron manchas de sangre en la palma de la mano izquierda de la víctima y en una pared del dormitorio había una amenaza escrita: "Los vamos a matar a todos HDP", según el reporte policial.
La vivienda no mostraba signos de daños en sus entradas. Siguiendo las órdenes del Fiscal de Turno, se delimitó un perímetro de seguridad y se restringió el acceso al sitio.
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, junto con varios comisarios generales, se presentaron en el lugar para trabajar en la determinación de las circunstancias del suceso, siguiendo las órdenes de la fiscalía liderada por Juan Pablo Klinger.
Recordemos que a mediados de diciembre de 2023, Fernando Albareda y su familia recibieron amenazas vinculadas con la antigua división D2 de la policía.
Preocupación y consternación en militancia de los DDHH
El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba repudio el asesinato, expreso el dolor por la pérdida de la vida de Susana Beatriz Montoya, a la vez que se solidarizó con la familia y exigió que se esclarezca con urgencia, por parte de la justicia, los móviles del crimen y su correlato politico, tras las reiteradas amenazas a la familia Albareda, Dijimos Nunca Más concluyeron.
Crimen de lesa humanidad
Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia. Uniformado, fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular del D2, Raúl Telledín y miembros de la patota de ese campo de concentración Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente golpeado y torturado –fue castrado–. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.
Fernando Albareda encaró la reparación del legajo policía de su papá, amparado en la ley provincial sobre reparación histórica de legajos de empleados públicos. “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, resaltó Albareda, quien es el único querellante en toda la causa. Su madre no lo acompañó, ni su hermano ni su hermana, que se suicidó en 2021. Parte del reconocimiento es un importante resarcimiento económico por salarios caídos, que no se había cobrado aún.
En marzo de este año, como parte de las actividades por la Semana de la Memoria en Córdoba, se hizo entrega de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos en el marco de la ley 10874 en la Central de Policía, en un acto en el que participaron, entre otros, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.