Sures Noticias
En un comunicado sostuvieron:
Según trascendió, a partir de una nota publicada por medios periodísticos, las y los diputados de la Libertad Avanza que visitaron a los genocidas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza (dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich) fueron el entrerriano Beltrán Benedit (quien organizó el encuentro), la mendocina Lourdes Arrieta, las porteñas Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo y el chubutense Guillermo Montenegro (pareja de la vicepresidenta Victoria Villarruel).
Y los genocidas visitados – condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad como torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos – fueron, nada más y nada menos que Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el «Pájaro» Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario «el Cura» Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda.
El objetivo de la reunión fue pensar estrategias para sacarlos de la cárcel y que gocen del beneficio de la prisión domiciliaria, que les vienen negando producto de los delitos de lesa humanidad imprescriptibles que cometieron
La reiteración no resta pertinencia al hecho de que los sucesos por los que se condenó a los individuos visitados por diputados y diputadas constituyen una violación a la normativa existente. Esto incluye desde nuestra Constitución Nacional hasta los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, los cuales estamos obligados a respetar y hacer cumplir, incluyendo al Poder Legislativo del cual forman parte los diputados.
Los numerosos juicios de lesa humanidad llevados a cabo en todo el país han corroborado los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos que han sido condenados y visitados, como parte del terrorismo de estado.
Los juicios por delitos de lesa humanidad son irreversibles en cuanto hay convenciones internacionales con jerarquía constitucional que impiden las amnistías o indultos por este tipo de crímenes.
Jurídicamente, cualquier medida que implique un perdón es contraria al derecho y generaría responsabilidad internacional del Estado argentino. Además, sería violatorio del derecho constitucional argentino y atenta contra nuestra democracia.
Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba
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