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El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó una medida de no innovar para que el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, no pueda modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios a la documentación sobre los años del terrorismo de Estado. Eso incluye el trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que el ministro comenzó a desmantelar a finales de marzo, cuando se echó a once expertos en el análisis de los archivos. El 4 de julio, aquella decisión quedó plasmada en una resolución La resolución 680/2024, del Ministerio.
El juez recordó que hay una obligación del Estado argentino de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de la dictadura. En esa línea, resaltó que en 2017 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas había manifestado su preocupación por el debilitamiento de oficinas públicas que daban apoyo a la investigación y le había recomendado al Estado argentino mantener las políticas de memoria.
Según publicó el portal Página 12, la Justicia le ordenó al ministro de Defensa que preserve toda la documentación que pueda servir para investigar los crímenes de la dictadura. En su resolución, el juez federal entendió que la situación justifica adoptar una medida cautelar y argumentó que “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de la pesquisa”.
La medida había sido solicitada el viernes por el fiscal general, Hernán Schapiro, y la fiscal auxiliar, Ana Oberlin, –de la unidad de La Plata dedicada a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Los funcionarios le señalaron al juez que “la preservación de la documentación que se solicita en esta presentación es indispensable para la labor misma que lleva adelante este Ministerio Público Fiscal, para las personas victimizadas y para el trabajo que desarrolla el juzgado a su cargo. Por lo tanto, de no disponerse la prohibición de innovar podrían verse frustradas medidas pendientes y futuras”.
El requerimiento de la Fiscalía se produjo porque Petri publicó el 4 de julio pasado la resolución 680 que oficializaba el desmantelamiento de los equipos de civiles que analizaban los archivos burocráticos de las fuerzas para aportar información a las investigaciones por secuestros, asesinatos, desapariciones y apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.
La resolución 680/2024, además de confirmar el desmantelamiento de los equipos porque tenían facultades “exorbitantes”, dispuso que la documentación quede bajo el ala del Sistema de Archivo de la Defensa (SAD). Recordó, además, que los requerimientos judiciales serán contestados por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio, que depende de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM). La dirección está a cargo de Lucas Miles Erbes, que fue de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo –donde están alojados represores de la última dictadura. El SEAM es el exjefe del Ejército Claudio Pasqualini, que se refiere a la dictadura como una “guerra sucia” y tiene a su yerno, Athós Renés, condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad.
En materia de archivos, Kreplak citó el informe sobre procesos de memorialización que confeccionó en julio de 2020 el jurista Fabián Salvioli –a cargo entonces de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En ese documento, el experto internacional dijo que los archivos son “un elemento crucial para permitir el conocimiento de la verdad y la reapropiación de la historia dentro de la sociedad”.
Desde el gobierno responden que desarmaron los equipos porque no le corresponde al Poder Ejecutivo conducir investigaciones, algo que debería ser únicamente una facultad de la justicia. De forma contraria a esa interpretación, 36 fiscales firmaron una nota solicitándole al ministro que revisara su decisión y destacando los aportes de los equipos –que produjeron cerca de 180 informes para las causas de lesa. Miguel Palazzani, fiscal general a cargo de esas investigaciones en Bahía Blanca y Neuquén, fue el primero en pedirle a Petri que preservara la documentación.
Fte: APFDigital
