A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
Invitan a la proyección del documental "Madres" junto al diálogo con integrantes de la coordinadora de familiares Gabriela Sanso y Romina Ludueña (familiares de Rodrigo Sánchez, joven víctima de gatillo fácil en el año 2015). La marcha está prevista para el martes 27/08 a las 17:00 hs.
La política represiva del gobierno de Llaryora va en consonancia con la política represiva de Milei, y de sus antecesores Schiaretti y De la Sota. Once de las muertes por parte del aparato represivo fueron en casos de gatillo fácil, en situaciones de persecución, o por medio de torturas durante detenciones. Las otras seis fueron en contextos de encierro, afirmaron desde sus redes sociales el Frente Antirrepresivo en Lucha de Córdoba.
Por orden del Fiscal José Alberto Mana, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3 se dictó el decreto de Prisión Preventiva en contra de Nestor Aguilar Soto por la muerte de Catalina Gutierrez producida el día 17 de julio de 2024 tras considerar que existen múltiples indicios de Peligrosidad Procesal, tanto de fuga como entorpecimiento, lo que hacen necesario el encarcelamiento cautelar del imputado.
El tribunal, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, determinará el destino de Luis Alberto Ramos, acusado de "homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género".
Se esperan altas temperaturas y fuertes vientos del sector norte, que se combinarán con baja humedad ambiente. Se recuerda a la población que está prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego en lugares no permitidos, además de toda actividad que pueda dar origen a un incendio. En caso de incendio llamar al 0800–888–38346 (FUEGO), 911 (Policía) o 100 (Bomberos).
Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.