Por su parte, el personal adherido a la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires llevará adelante sus tareas con normalidad.
Los rectores le exigen a Milei que gire fondos para los gastos de todas las universidades del país, lo solicitan ante el acuerdo entre los senadores radicales y Milei en el marco del intercambio politico por la ley de bases.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
Legisladores de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal (HCF), Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FiT) recibieron a estudiantes de las casas de altos estudios en la Cámara baja. Adhirieron a la Marcha Federal Universitaria que se realizará el martes 23 de abril, y respaldaron las acciones para revertir esta situación se realizan en todo el país.
La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica. Frente a este escenario, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizaron un análisis detallado del presupuesto universitario desde el año 1997 hasta el primer trimestre del 2024.
El llamado es a movilizarse el martes 23 de abril. La iniciativa se confirmó luego de que las autoridades académicas debatieran acerca del sentido de la universidad pública, el presupuesto y la situación salarial de las y los trabajadores de las casas de estudio.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.