Los licenciatarios de Servicios de TIC establecerán sus tarifas, las cuales deberán ser equitativas y razonables, cubrir los costos de operación y promover una prestación eficiente con un margen de operación razonable, según lo estipula el decreto 302/2024.
Argentina 11 de abril de 2024
Sures Noticias
El Gobierno ha derogado una normativa de la administración previa que regulaba los precios de las tarifas de internet, telefonía móvil y televisión por cable, permitiendo ahora que las empresas establezcan sus tarifas libremente. Esta medida fue establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El DNU 690/20 derogado regulaba precios de servicios de telecomunicaciones y TIC y que, en los hechos, estaba suspendido judicialmente.
“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, sostiene la norma. Ahora se espera la decisión de los prestadores para saber qué aumentos aplicarán en adelante.
"Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, informa el decreto 302/2024.
Esa sección continuará en vigor de acuerdo con la normativa existente hasta el momento, pero se ha suprimido un segundo párrafo que establecía que "las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las correspondientes al Servicio Universal y las que la Autoridad de Aplicación determine por motivos de interés público, podrán ser reguladas por esta última". La Autoridad de Aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no tendrá la capacidad de intervenir en los precios.
Se derogó también el artículo 15 de la ley, que reconocía "el carácter de servicio público esencial y estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en competencia para el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, tanto para los licenciatarios como entre ellos". Se especifica que "El Servicio Básico Telefónico conserva su condición de servicio público".
Martin Becerra en una nota de opinión públicada en DiarioAR señala "Un DNU mata a otro DNU. El DNU 690/20 estaba inerte, pero con el DNU 302/24, Milei no sólo remató el decreto de su antecesor, sino que aprovechó para cambiar la Ley 27.078 “Argentina Digital” sancionada por el Congreso en 2014. Así, elimina toda potestad de la autoridad de aplicación, el ENaCom, para intervenir en las tarifas de proveedores mayoristas de servicios de comunicaciones “por razones de interés público”, como ordenaba la ley".
Y agrega: Los voceros de los principales operadores celebraron la decisión de Milei. Pero el “lastre” del DNU 690/20 contra el que batallaron intensamente era también, a pesar de su falta de aplicación, un pretexto para el estado precario de muchos servicios, la falta de cobertura territorial de redes fijas y móviles y la escasez de competencia. Los tiempos venideros despejarán algunas incógnitas estructurales sobre un sector que, aunque no sea ya reconocido normativamente como “esencial”, condiciona la vida de los 46 millones de habitantes.
Diego Vesciunas y Pablo Hernández en una nota publicasa en Letra P destacan: Desde que asumió Javier Milei, el rubro comunicación siguió con fuertes aumentos en línea con el proceso inflacionario arrastrado por el país que el presidente libertario profundizó. En ese primer mes de mandato (diciembre de 2023), con un IPC anual del 255%, el rubro comunicación se ubicó en el 15,6%. En enero de 2024 trepó al 25,1, ubicado en el tercer lugar de un IPC que fue del 20,6%. Y en febrero de 2024 volvió a ubicarse en el primer lugar de los aumentos con 24,7%, duplicando el IPC que fue de 13,2%. Estos datos demuestran que el rubro ya venía con una inercia de aumentos que el nuevo contexto normativo solo tenderá a expandir.
A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó sobre la decisión de realizar una auditoría. Con ello, buscan identificar irregularidades en los procesos y consideran solicitar la devolución de fondos otorgados incorrectamente.
A través de su cuenta en X HIJOS Informó que fue excarcelado Juan Carlos Rolón, genocida de la ESMA condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad La decisión fue tomada por la jueza Palliotti y el juez Castelli (Comodoro Py), en su breve comunicado la organización de DDHH afirmó: "El único lugar para un genocida es la cárcel común".
El jueves pasado, la policía provincial con orden de la fiscal Marina Villagra, reprimió a las familias de la comunidad indígena Peñas Negras ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.
Legisladores y entidades de derechos humanos denuncian el desmantelamiento y despidos en entidades esenciales para la investigación de crímenes de la dictadura. "Rechazamos los despidos que se añaden a los miles ya efectuados en el Estado, en un contexto donde el oficialismo busca la reconciliación con las Fuerzas Armadas", declaró la legisladora Victoria Montenegro durante una conferencia de prensa en la legislatura porteña.
A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.
El tribunal integrado por los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa iniciará a las 9.30 la audiencia en la que escuchará las últimas palabras de los acusados, tras lo cual brindará su sentencia en lo que es el juicio número 14 por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de estado en la provincia mediterránea. Las organizaciones de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los DDHH y el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba convocaron a asistir a la lectura de la sentencia.
Más de 8.000 personas participaron de la propuesta conjunta realizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. El paso siguiente será la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura para oficializar el nuevo nombre del puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.
De cara al tratamiento en diputados mediante el cual el oficialismo vuelve a intentar la aprobación de un paquete legislativo que lesiona, entre otros, derechos laborales clave, distintos gremios y agrupaciones se dieron cita frente al palacio legislativo nacional.