El abogado Javier Garin criticó la subestimación del número de desaparecidos, la justificación de un estado de "guerra", la afirmación de que se cometieron "excesos" en lugar de un plan sistemático de exterminio, y el uso de la violencia insurgente anterior como argumento exculpatorio para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Argentina 27 de marzo de 2024
Sures Noticias
.El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin realizó en el día de la fecha una denuncia penal contra el Presidente Javier Milei, la Vice Victoria Villarruel y el ex titular de la SIDE bajo el menemismo Juan Bautista Yofré, a fin de que se investigue la posible comisión de apología del delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por cuanto entiende podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una JUSTIFICACION DEL GOLPE DE ESTADO DEL 24 DE MARZO DE 1976, UNA DIRECTA O INDIRECTA REIVINDICACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO Y UNA APOLOGÍA DE LOS CRIMINALES CONDENADOS POR ESOS DELITOS.
Con base en los arts. 213 , 248 y conc. del Código Penal, art 1 de la ley 25633, y los arts. 29, 36 y 75 inciso 22 de la Constitución y citas de Juan Bautista Alberdi y de jurisprudencia penal, Garin sostuvo que es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994. Planteó que en países como Alemania e Italia rige asimismo un pacto ciudadano por el cual se penaliza la reivindicación del nazismo y el fascismo , y que si bien Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito yel incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el Presidente y la vice al plantear en forma continua y sistemática un “hilo discursivo” que comprende diversas estrategias tendientes a legitimar la represion ilegal y cuestionar la validez y justicia de las sentencias recaídas contra los represores que cometieron delitos de lesa humanidad.
Ejemplificó ese hilo discursivo con hechos como la minimizacion del número de desaparecidos, la invocación de un estado de “guerra”como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo “excesos” y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad, la emisión del video protagonizado por Yofre (quien a juicio de Garin realizaría desde hace años la apología de la represion ilegal), y las reiteradas expresiones complementarias de Villarruel, que incluyen desde llamar a hijos recuperados “familiares de terroristas” hasta proponer eliminar el Museo de la Esma, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO .
Según el denunciante, no se trata de hechos que deban ser considerados aisladamente sino que en su conjunto son denotativos de la perseverante voluntad política de impugnar y desvalorizar los resultados de los juicios de lesa humanidad, la mayoría de ellos con sentencia firme desde hace años. Este panorama (según el denunciante) permite visualizar una intencionalidad tendiente a una reinvindicación directa o indirecta del Terrorismo de Estado que asoló la Argentina.
Garin rechazó asimismo que la lucha por los derechos humanos y la condena del genocidio sean el fruto de un “relato sesgado” del kirchnerismo, como sostiene el Gobierno, y demostró con abundantes citas del prólogo de Ernesto Sabato al Nunca Más y párrafos de la sentencia de la Causa 13/1984, que no se trata de una invención del kirchnerismo sino de hechos acreditados ante la Justicia basados en una amplia investigación llevada a cabo por la CONADEP bajo el gobierno de Alfonsin, señalando que ni Sabato ni la CONADEP ni los jueces intervinientes en el Juicio a la Juntas pueden ser tachados de inclinaciones ideológicas filocomunistas o filoperonistas, como pretende el Gobierno.
Sostuvo que la lucha por Memoria, Verdad y Justicia es una construcción colectiva que abarca décadas desde los tiempos mismos de la dictadura, y que el discurso negacionista de Milei y Villarruel constituyen un serio peligro para la tranquilidad pública y el orden democrático al promover el resurgimiento de doctrinas exaltadoras o justificadoras del Terrorismo de Estado.
Javier Garin, de militancia en derechos humanos y 37 años de ejercicio profesional como abogado comprometido en la defensa de los derechos de la victimas de todo tipo de delitos y las causas ambientales. Es autor del Manual Popular de Derechos Humanos, de amplia difusion entre la docencia, y de biografías de Belgrano, Monteagudo y Perón. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado en lo Crininal y Correccional Federal n°1 y bajo el nro CFP 1091/2024.
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.