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Hambre. El Gobierno apeló el fallo que exigía detalles sobre el reparto de alimentos
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
En un breve comunicado bajo el título "Comunicación y cultura: derechos y libertades en peligro", la CCD advierte sobre el atropello a los derechos de libertad en la emisión de las expresiones informativas y culturales ocasionaría la Ley Omnibus de Milei.
Argentina 24 de enero de 2024Comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática
La comunicación y la cultura son dos facetas inseparables de un mismo derecho humano a la libertad de expresión. El pluralismo informativo y la diversidad cultural son requisitos básicos de la identidad, la soberanía y el ejercicio de la democracia. Así lo expresan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales vigentes en el país. Hoy esos valores están, una vez más, en peligro. El DNU 70/2023 y la denominada ley Ómnibus se inspiran en concepciones mercantilistas que promueven la concentración de los medios, el desfinanciamiento a la cultura, el desguace del sector comunitario y la desarticulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que financia con recursos propios la producción nacional en el cine, el teatro, la música y las artes. La Coalición por una Comunicación Democrática, que luchó por un sistema federal y plural de distribución de la palabra, con sentido republicano y participación del poder Legislativo en los organismos de gestión, advierte sobre el atropello que amenaza los derechos de libertad en la emisión de las expresiones informativas y culturales, así como de las audiencias a recibir en forma libre y gratuita todas las voces, incluyendo los medios públicos y comunitarios. Por eso y en forma conjunta con los principios de libertad de expresión decimos que:
· Los Medios Públicos deben sostenerse para garantizar la universalidad en el acceso a la comunicación y la cultura. Es central la gratuidad y la cobertura en todo el territorio del Estado a fin de asegurar los derechos de todas las personas sin discriminación por razones sociales, económicas o geográficas.
· El Fondo de Fomento para Medios Comunitarios e Indígenas (FOMECA) creado por el inciso f) del artículo 97 de la Ley 26.522 es un instrumento indispensable para sostener y fortalecer el pluralismo informativo que requiere de medios comunitarios e indígenas sostenibles, medios públicos y medios privados comerciales sin posiciones hegemónicas.
· La Defensoría del Público recibe reclamos de las audiencias de medios audiovisuales de todo el país y facilita reparaciones a la vulneración de derechos mediante el dialogo, las recomendaciones y la capacitación. Fortalece así la comunicación democrática. El público también reclama, por ejemplo, su derecho al acceso a contenidos relevantes como la participación de selecciones nacionales en torneos internacionales.
· El desmantelamiento de las leyes del audiovisual y del sector digital amenaza la producción nacional de contenidos y los puestos de trabajo y el acceso a internet como derecho humano, favorece la entrega del capital cultural nacional a plataformas y operadores extranjeros, el remate de las órbitas satelitales al mejor postor y la resignación de la soberanía comunicacional. Por todo ello solicitamos el rechazo total al DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus.
Coalición por una Comunicación Cemocrática
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.