El gobernador Martín Llaryora se reunió con representantes de la Comisión de Enlace de la provincia de Córdoba, oportunidad en la que reafirmó el rechazo de la Provincia al esquema de retenciones propuesto por el Gobierno Nacional.
Fechu 18 de enero de 2024
Sures Noticias
“No vamos a acompañar ningún aumento de retenciones”, definió el mandatario provincial, y ratificó la predisposición de Córdoba para buscar alternativas superadoras: “Estamos dispuestos a dialogar con el Gobierno, para ver de qué forma puede equilibrar económicamente esta medida”, añadió.
Llaryora pidió “no volver a cometer errores del pasado” y volvió a reclamar que el programa de reducción de déficit incluya un plan productivo que saque a la Argentina de la crisis.
Consultado sobre la posición de la Provincia respecto a la ley Ómnibus, pidió acompañar la discusión en el Congreso de la Nación. “Nosotros analizaremos punto por punto, artículo por artículo y sentaremos una posición sobre cada uno”, anticipó.
Sobre el tema biocombustibles, Llaryora adelantó que, fruto del diálogo y del trabajo conjunto con distintos sectores «estamos cerca de lograr un acuerdo y de poder acompañar el proyecto”, luego de las modificaciones solicitadas por Córdoba y a las que accedió el gobierno nacional.
Tras el encuentro, desarrollado en la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto, los principales referentes de la entidad calificaron como muy positivo el encuentro con el mandatario provincial.
“El gobernador mantuvo una escucha activa de los planteados por cada uno de los sectores y hoy está fijando una posición que a nosotros no nos defrauda porque está defendiendo los intereses de la producción de Córdoba”, sostuvo Luis Macario, titular de la Unión Industrial de Córdoba.
A su turno, la titular de Coninagro Córdoba, Vanesa Padullés advirtió que las medidas del Gobierno Nacional son “viejas recetas para viejos problemas que no dan resultados, porque dañar los tejidos productivos nunca será una buena solución”.
“Necesitamos que Argentina salga adelante con más producción, con más trabajo y no solo pensando en medidas recaudatorias de corto plazo”, afirmó.
Del encuentro participaron, además, el ministro de Bioagroindustria de la Provincia de Córdoba, Sergio Busso, José Luis Careggio y Agustín Pizzichini (Federación Agraria Argentina), Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural), Juan Manuel Obrvan (Coninagro), Patricio Kimulrray y Miguel Pusetto (Cartez), Ivana Cavigliazo (Cámara del Maní), Claudio Urquía (Presidente de la Fundación Maní) y Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, entre otros.
Movilización contra los despidos
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) protagonizó una marcha en el centro de Córdoba para manifestar su rechazo a los despidos y al ajuste. La principal demanda de los manifestantes fue la reincorporación de los trabajadores despedidos. Sergio Castro, titular del sindicato, advirtió que si no se abre un diálogo real, la conflictividad se intensificará a partir del 1° de febrero.
La movilización comenzó a las 10 de la mañana en Corro 269, donde se llevó a cabo un acto para luego dirigirse hacia la Casa de Gobierno. Durante la marcha, los trabajadores expresaron su indignación por los despidos, especialmente porque más del 80% de ellos afectaron a mujeres que son jefas de hogar, embarazadas o el único sostén económico de sus familias. "No somos un número, somos trabajadores y nuestro trabajo debe ser reconocido", afirmaron.
Esta movilización se enmarca en el reclamo de los gremios estatales por la disminución de contratos en el sector público y por la recomposición salarial en los meses de diciembre y enero. El SEP denuncia que, con las medidas de ajuste implementadas por la Provincia, los trabajadores estatales sufrirán más descuentos que aumentos salariales. Además, se suma el aumento de los aportes a la obra social estatal y a la Caja de Jubilaciones, lo que agrava aún más la situación.
Más de cuatro mil personas han firmado una petición dirigida al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, solicitando que reconsidere el plan de reducción implementado en el multimedio público, el cual ha resultado en la eliminación del 40 por ciento de su personal.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.