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Este lunes, se realizó una reunión que convocó el Secretariado Nacional de Fatpren (Federación Argentina de los Trabajadores de Prensa) a secretarios /as Generales de los sindicatos de Prensa de todo el país, con el objeto de definir acciones directas frente al proyecto de precarización laboral que presentó el Poder Ejecutivo que incluyen la derogación de los estatutos profesionales de la actividad, entre otras medidas, que afectan regresivamente derechos individuales y colectivos de la clase trabajadora.
En dicho plenario, la secretaria General del Cispren y de Organización de Fatpren, María Ana Mandakovic, expresó que «no sólo nos atacan tratando de derogar la Ley 12.908 del Estatuto del Periodista Profesional, la Ley 13.839 el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas que regula las condiciones laborales de las y los empleados administrativos, sino además la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que implica un ataque directo a la libertad de expresión, el derecho a la información, a la accesibilidad a las fuentes y numerosos otros institutos que fueron consagradas en el marco de esa norma. Es importante destacar que esto es un ataque directo a la democracia.”
Rumbo a la movilización que se realizará el próximo jueves en todo el país, a las 15, contra la Reforma Laboral, enfatizó la necesidad de «abrir el juego, convocar a la ciudadanía ya que afecta el derecho a la información y la libertad de expresión de toda la sociedad, y la necesidad de involucrar a todos las universidades que posean carreras de comunicación social o periodismo y cortar las calles no sólo las reales sino también ganar las digitales.»
Fatpren, en un comunicado que realizó la última semana destacó que las normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. «Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo».
*Fuente: cispren.com.ar
