El reclamo se basa en la causa que investiga tormentos inflíngidos contra soldados por parte de sus superiores durante el conflicto en 1982, entre los que se cuentan estaqueamientos enterramientos, y abusos sexuales.
Argentina07 de diciembre de 2023
Sures Noticias
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró este miércoles admisible el caso promovido por el Centro de ExCombatientes (Cecim) La Plata en el que solicitó que se declare la responsabilidad del Estado argentino por omitir investigar y juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que torturaron a los soldados.
"Declarar admisible la presente petición en relación con artículos I, II, III y XVIII de la Declaración Americana; artículos 5, 8, y 25 de la Convención Americana, en concordancia con sus artículos 1.1 y 2; y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura", expresa la resolución, que lleva la firma de Jorge Meza, el Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH.
El reclamo se basa en la causa que investiga torturas cometidas contra soldados por parte de exmilitares de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, entre las que se encuentran estaqueamientos enterramientos, sometimiento al hambre atroz y abusos sexuales.
"Declarar admisible la presente petición en relación con artículos I, II, III y XVIII de la Declaración Americana; artículos 5, 8, y 25 de la Convención Americana, en concordancia con sus artículos 1.1 y 2; y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura", expresa la resolución, que lleva la firma de Jorge Meza, el Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH
En declaraciones formuladas a Télam, el secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso, explicó: "Entendemos que a 41 años de finalizada la Guerra de Malvinas, el Estado no dio respuestas sobre las torturas sufridas por los soldados a manos de miembros de la Fuerzas Armadas".
"Frente a esa omisión del Poder Judicial de la Nación, que está obligado a investigar en aquellos casos en que se presume hubo violaciones masivas de los derechos humanos, en 2015 y después de que la Corte Suprema nos diera la espalda, presentamos esta petición", dijo.
Sostuvo que "8 años después, recibimos con emoción la admisibilidad del caso. La Comisión Interamericana comprende que el Estado argentino debe ser evaluado y juzgado en instancias internacionales, contraponiendo toda la prueba que existe por torturas a soldados".
Alonso precisó que "hay derechos humanos en juego, el derecho al acceso a la justicia para obtener una reparación integral, pero también hay otros derechos muy importantes en juego, como el de la integridad personal, no ser sometido a torturas, a poder desempeñar la vida sin ninguna degradación".
"Las torturas a soldados se cometieron en contexto de dictadura, con lo cual ahí hay un guiño a la historia que Cecim escribe desde hace cuatro décadas y que tiene que ver con entender que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico militar"Ernesto Alonso-Secretario de Derechos Humanos del Cecim
"Las torturas a soldados se cometieron en contexto de dictadura, con lo cual ahí hay un guiño a la historia que Cecim escribe desde hace cuatro décadas y que tiene que ver con entender que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico militar", cerró.
En tanto, el abogado del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, señaló en sus redes sociales que "ocho años de trámite ante la CIDH para llegar a este momento" y analizó que "en épocas en que la apología de la dictadura irrumpe en la escena, el Cecim vuelve a construir la pedagogía de paz y a reescribir una parte de la historia: la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico militar".
Expresó su solidaridad con "todas las víctimas, casi 200" y cerró haciendo un llamado por "Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz".
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El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
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El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
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