El lunes 23 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial la norma que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado, además de incluir los discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje, entre otros. En este sentido, protege los derechos y bienes digitales, así como el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital.
Argentina25 de octubre de 2023
Sures Noticias
A través del Decreto 542/2023, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; el Gobierno promulgó la Ley 27.736, llamada “Ley Olimpia”, que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 como una modalidad de violencia de género. Asimismo, la legislación prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia, entre ellas, ordenar que las plataformas digitales quiten los contenidos que generan la violencia.
La Ley Olimpia incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 e incorpora como objeto de la ley el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.
La definición de la norma establece que se entiende por violencia digital o telemática “toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
Según la ley, constituyen violencia digital las siguientes conductas:
-que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital;
-o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, intimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres;
-o la reproducción en el espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas;
-o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea;
-robo y difusión no consentida de datos personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la ley 25.326 y/o la que en el futuro la reemplace;
-o acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación;
-o cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos en la presente ley.
En los próximos días, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación publicará una guía para la prevención de las violencias de género en entornos digitales. Este material se comenzó a elaborar antes de la sanción de la ley y se enmarca en los Planes Nacionales de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género (PNA) 2020- 2022 y 2022-2024, donde quedan contempladas un conjunto de políticas públicas con el objetivo de generar cambios culturales en prácticas, hábitos y discursividades inherentes en nuestra sociedad, y que generan o pueden generar violencias de género.
Ley Olimpia en la región
La Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia por la activista mexicana Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión de imágenes íntimas que se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia digital en América Latina al impulsar leyes que condenen este delito, fue sancionada el pasado 10 de octubre por el Congreso de la Nación.
Olimpia Coral Melo impulsó la legislación en su país, luego de que a los 18 años su novio divulgó un video privado sin su consentimiento y lo viralizó. En 2014 presentó un proyecto de ley en la legislatura del estado de Puebla, donde vivía, para lograr una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal y, así, reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. La iniciativa ya fue aprobada en más de veinte Estados y a nivel federal. En 2021, Olimpia Coral Melo fue galardonada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) acompañó el proceso de lucha que llevó a la sanción de la ley desde la presentación del proyecto impulsado por la diputada nacional Mónica Macha en el Anexo C de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en julio de 2022.
En los fundamentos de la medida, Javier Milei argumentó que el derecho a la intimidad es más importante que resolver un delito que persiste desde hace más de 40 años y que ha dejado a cientos de hombres y mujeres sin conocer su verdadera identidad.
organizaciones y comunidades exigen a las autoridades de los gobiernos provinciales y municipales que rechacen la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. En Córdoba se realizará una jornada de lucha y visualización el miércoles 14 de agosto a las 13 hs en la legislatura de Córdoba, convocada por la Asamblea Paravachasca, Pan y Caramelo Punilla y Votamos Luchar.
Pese a que el Gobierno marca la recuperación del salario registrado privado contra la inflación en el último mes, el salario mínimo, vital y móvil sufrió «una caída brutal en los meses transcurridos» de la administración de Javier Milei, según un informe del Centro Cifra.
Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.
Cada miércoles, un grupo de jubilados se congrega en el Congreso para reclamar mejoras en sus pensiones. En esta ocasión, se sumaron más personas en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, y la policía, bajo el mando de Patricia Bullrich, procedió a dispersar la manifestación. Hoy marcharon en rechazo del anunciado veto del Poder Ejecutivo al aumento de las jubilaciones. Pese a la represión de la policía que golpeó y gaseó a Jubilados , jubiladas y también a la prensa, la marcha avanza nutrida desde el Anexo del Congreso hasta Plaza de Mayo. En Córdoba se realizaron rondas.
En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de La Plata condenó a Luis Alberto Ramos a cadena perpetua por el homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género de Tehuel de la Torre.
El Colectivo "¿Donde está Lichita? denunció ante la opinión pública nacional e internacional un nuevo acto de brutalidad y violencia contra Carmen Villalba y sus compañeras de pabellón en la Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Asunción del Paraguay.
Se esperan altas temperaturas y fuertes vientos del sector norte, que se combinarán con baja humedad ambiente. Se recuerda a la población que está prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego en lugares no permitidos, además de toda actividad que pueda dar origen a un incendio. En caso de incendio llamar al 0800–888–38346 (FUEGO), 911 (Policía) o 100 (Bomberos).
Con este último dato, la inflación interanual ha llegado a un alarmante 276%, y el acumulado anual muestra un aumento del 104%.
Roberto De La Cruz Gómez sigue siendo el último protestante detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad I de Ezeiza, tras haber participado en la movilización del 12 de junio de 2024 contra la Ley Bases.
Mediante el Decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo ha introducido modificaciones en la aplicación de la legislación. Se ha suprimido el requisito de informar acerca de asuntos de la "vida privada" y de las deliberaciones previas a una resolución gubernamental.