El gobierno nacional aprobó hoy la reglamentación de la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que busca impulsar y valorizar la producción de estos pequeños productores, con eje en la creación de un banco de tierras para facilitar su acceso y de un centro de producción y distribución de semillas.
Argentina06 de junio de 2023
Sures Noticias
La normativa había sido sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada al mes siguiente, pero desde entonces no había sido reglamentada.
Finalmente, luego de ser anunciada su reglamentación por el presidente Alberto Fernández en junio del año pasado, hoy fue aprobada a través del Decreto 292/2023, estableciéndole como respaldo "el monto que el presupuesto vigente especifico pueda financiar" y, desde el año próximo, lo que prevea la Ley de Presupuesto de cada año.
La reglamentación de hoy, no obstante, es aún parcial, pues de sus 36 artículos únicamente se efectivizaron nueve y otros cuatro de forma incompleta.
Con esta ley se verán beneficiados los pequeños productores familiares que realizan no solamente actividades de agricultura, sino también ganadería, plantación de árboles o pesca.
Entre otros objetivos, la ley busca impulsar el desarrollo de los trabajadores del campo, atender a las regiones con mayor atraso productivo, impulsar y valorizar la producción y reconocer las prácticas de vida y de producción de las comunidades originarias
Del mismo modo, tiene como eje asegurar que haya alimentos saludables y con precio justo para los consumidores reduciendo la intermediación, fortalecer la organización de los productores familiares en asociaciones y cooperativas, garantizar el acceso a los recursos naturales, y vender sus productos en mercados más amplios.
A tal efecto crea el Renaf (Registro Nacional De la Agricultura Familiar) que permite a los agricultores familiares acceder a políticas que se desarrollen en sus beneficios, según sus condiciones y necesidades.
Entre los programas previstos, se señalan incentivos para el aumento de la producción y la comercialización, el desarrollo tecnológico, educación y formación y, la mejora del transporte y comunicación; además de beneficios impositivos, un régimen especial de jubilación, y líneas de crédito especificas con tasas de interés más bajas por parte del Banco Nación.
La ley también prevé garantizar el acceso y el funcionamiento de servicios social como educación, deportes, salud, cultura, discapacidad y promoción social; y contempla además instrumentos vinculados con la sanidad agropecuaria.
También estipula la creación un banco de tierras, que permite la entrega de tierras del Estado para los agricultores registrados en el Renaf que las pidan, a través de su venta, arrendamiento o donación.
En ese marco, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informará periódicamente sobre aquellos inmuebles rurales que, por sus características, sean aptos para su inclusión en el banco, en el cual tendrán prioridad las mujeres y personas con género diverso.
El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Infaci), creado el año pasado, será la autoridad de aplicación de la ley que, en los próximos 60 días, deberá elevar un proyecto de reglamento de funcionamiento que tendrá que contemplar no menos de tres reuniones anuales para relevar el grado de avance de las políticas públicas de la materia.
Además, tendrá 90 días para diseñar y presentar programas específicos para la producción y comercialización del sector; y deberá poner en funcionamiento el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), que tendrá como objetivo registrar, producir y abastecer de semillas nativas a todo el país, y que permitirá desmonopolizar el insumo.
La reglamentación de la ley fue reclamada por los sectores campesinos, representados en organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
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Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
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La organización denunció penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden secreta que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
El estudio comparativo explora las creencias sociales de los argentinos en dimensiones clave como la democracia, el orden público, la relación entre el Estado y el mercado, la agenda de derechos y libertades, y la política exterior. El informe revela cambios y continuidades en estas percepciones a lo largo de los dos años, ofreciendo una serie histórica para identificar tendencias en las opiniones de la población argentina sobre temas políticos y sociales. El estudio fue realizado por Pulsar.UBA.
El programa de actividades incluye la participación de prestigiosos especialistas y funcionarios de organismos internacionales, agencias estatales, universidades y embajadas. El evento busca establecer una postura regional unificada de cara a la COP 30. Se abordarán ejes temáticos clave como biodiversidad, economía circular, finanzas sostenibles y cambio climático y género.
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
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La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.