Un grupo de, militantes, referentes activistas, intelectuales, dirigentes y sindicalistas publicaron hoy una solicitada en apoyo al juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y denunciaron que el "vínculo directo" entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y un funcionario del máximo tribunal permitió la "entrega de la coparticipación" al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Argentina08 de enero de 2023
Sures Noticias
Los firmantes reivindicaron la "cultura de la legalidad, de la vida en libertad y con justicia" ante un contexto donde, consideraron, Argentina se encuentra ante la "antinomia de la democracia o la mafia".
El documento denunció el "vínculo directo" entre D'Alessandro y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y consideró que, de esa manera, se favoreció "la entrega de la coparticipación -que corresponde a las provincias- a la ciudad puerto, corazón del capitalismo y el despojo", al hacer referencia a los supuestos chats de conversaciones entre ambos funcionarios sobre ese fallo.
Con esos argumentos, los dirigentes de distintos sectores manifestaron su apoyo al juicio político a la Corte para iniciar "un camino emancipatorio" y denunciaron "el uso espurio de la coparticipación en favor de la campaña política" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
"El aporte que la Corte Suprema pretende entregar al PRO es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el FMI al recibir para su campaña política de 2019", señalaron.
En esa línea, recordaron que el préstamo de 45 mil millones de dólares lo "deberán pagar generaciones de argentinos, en un acto de saqueo de ese Gobierno y sus funcionarios, que aún no tiene castigo".
Además, apuntaron a "la negociación abierta de licitaciones y coimas en el sistema de grúas, con adjudicaciones directas del jefe de Gobierno local (de Rodríguez Larreta)", en relación a los mensajes que circularon entre D'Alessandro, hoy en uso de licencia, y el empresario Marcelo Violante, que operaba ese servicio en la Ciudad.
De esa manera, señalaron que "los casos de connivencia" entre funcionarios del Poder Judicial con el Gobierno porteño "son una muestra de la injusticia a la que se somete diariamente a nuestro pueblo".
También destacaron que "la peor emergencia del poder se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", y afirmaron que la sentencia en su contra fue una "prolongación del intento de magnifemicidio" del que fuera víctima la exmandataria.
"Es imperioso dar por tierra con esta connivencia que afecta profundamente a la democracia, al Estado de Derecho y a la vida en común", exhortaron.
Abogaron por la necesidad de "lograr equilibrios renovados dentro del Poder Judicial" para así "terminar con un proceso de manipulación iniciado el 24 de marzo de 1976, nunca desarticulado en los años de democracia, y un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase".
"Sólo eso permitirá reformar una legislación que hoy favorece, en sus términos y su operatividad, a la mafia que se beneficia del régimen, cuya máxima expresión anida en el atrincheramiento de Juntos por el Cambio (JxC) y en sus aliados libertarios, y en su resistencia a terminar con el Estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno", continuaron.
La solicitada, publicada en los medios Página 12 y Tiempo Argentino, lleva las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y Nora Cortiñas; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la dirigente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.
Firmas cordobesas que firmaron la solicitada: Tri Heredia, de Más Democracia, Diego Tatián, Marcelo Ruiz, Gabriel Tobal (Apyme Córdoba), Jorge Luis Hernández, Nidia Fernández, Artemia Barrionuevo, Susana Gomez Melchionna (Asociación Almazenna / Córdoba), Darío Gomez Pucheta, Graciela Treber, Fabiana Hak, Maru Cisneros, Silvia Attwood, Mónica Ambort, entre otrxs
También suscribieron el escritor y periodista Mempo Giardinelli; el sociólogo y politólogo Atilio Borón; la socióloga feminista Dora Barrancos; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otrxs.
Texto completo de la solicitada y totalidad de las firmas acá
Pese a que el Gobierno marca la recuperación del salario registrado privado contra la inflación en el último mes, el salario mínimo, vital y móvil sufrió «una caída brutal en los meses transcurridos» de la administración de Javier Milei, según un informe del Centro Cifra.
En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
Mediante el Decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo ha introducido modificaciones en la aplicación de la legislación. Se ha suprimido el requisito de informar acerca de asuntos de la "vida privada" y de las deliberaciones previas a una resolución gubernamental.
En un breve comunicado a traves de sus redes sociales expresaron "Tras 22 años, el gobierno de Javier Milei y Daniel Scioli nos quitó la posibilidad de hacer el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria en Chapadmalal. Desde el 2002, todos los gobiernos permitieron la realización del encuentro.
La diputada nacional Gisela Marziotta junto al diputado de CABA presentaron los ejes principales de los Proyectos de Ley contra la violencia política presentados en la Legislatura de CABA y en la Cámara de Diputados/as de la Nación
El debate, que se espera se prolongue por un año, aborda los crímenes contra 114 víctimas en el ámbito de la Subzona militar 16, que funcionó bajo el exclusivo control de la Fuerza Aérea con los centros clandestinos de detención Mansión Seré, VIII Brigada Aérea de Moreno, Regional de Inteligencia de Buenos Aires con asiento en Morón, y diferentes dependencias policiales de Castelar y Moreno.
El Colectivo "¿Donde está Lichita? denunció ante la opinión pública nacional e internacional un nuevo acto de brutalidad y violencia contra Carmen Villalba y sus compañeras de pabellón en la Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Asunción del Paraguay.
Se esperan altas temperaturas y fuertes vientos del sector norte, que se combinarán con baja humedad ambiente. Se recuerda a la población que está prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego en lugares no permitidos, además de toda actividad que pueda dar origen a un incendio. En caso de incendio llamar al 0800–888–38346 (FUEGO), 911 (Policía) o 100 (Bomberos).
Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.
Con este último dato, la inflación interanual ha llegado a un alarmante 276%, y el acumulado anual muestra un aumento del 104%.
Roberto De La Cruz Gómez sigue siendo el último protestante detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad I de Ezeiza, tras haber participado en la movilización del 12 de junio de 2024 contra la Ley Bases.
Mediante el Decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo ha introducido modificaciones en la aplicación de la legislación. Se ha suprimido el requisito de informar acerca de asuntos de la "vida privada" y de las deliberaciones previas a una resolución gubernamental.