Un grupo de, militantes, referentes activistas, intelectuales, dirigentes y sindicalistas publicaron hoy una solicitada en apoyo al juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y denunciaron que el "vínculo directo" entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y un funcionario del máximo tribunal permitió la "entrega de la coparticipación" al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Argentina 08 de enero de 2023
Sures Noticias
Los firmantes reivindicaron la "cultura de la legalidad, de la vida en libertad y con justicia" ante un contexto donde, consideraron, Argentina se encuentra ante la "antinomia de la democracia o la mafia".
El documento denunció el "vínculo directo" entre D'Alessandro y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y consideró que, de esa manera, se favoreció "la entrega de la coparticipación -que corresponde a las provincias- a la ciudad puerto, corazón del capitalismo y el despojo", al hacer referencia a los supuestos chats de conversaciones entre ambos funcionarios sobre ese fallo.
Con esos argumentos, los dirigentes de distintos sectores manifestaron su apoyo al juicio político a la Corte para iniciar "un camino emancipatorio" y denunciaron "el uso espurio de la coparticipación en favor de la campaña política" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
"El aporte que la Corte Suprema pretende entregar al PRO es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el FMI al recibir para su campaña política de 2019", señalaron.
En esa línea, recordaron que el préstamo de 45 mil millones de dólares lo "deberán pagar generaciones de argentinos, en un acto de saqueo de ese Gobierno y sus funcionarios, que aún no tiene castigo".
Además, apuntaron a "la negociación abierta de licitaciones y coimas en el sistema de grúas, con adjudicaciones directas del jefe de Gobierno local (de Rodríguez Larreta)", en relación a los mensajes que circularon entre D'Alessandro, hoy en uso de licencia, y el empresario Marcelo Violante, que operaba ese servicio en la Ciudad.
De esa manera, señalaron que "los casos de connivencia" entre funcionarios del Poder Judicial con el Gobierno porteño "son una muestra de la injusticia a la que se somete diariamente a nuestro pueblo".
También destacaron que "la peor emergencia del poder se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", y afirmaron que la sentencia en su contra fue una "prolongación del intento de magnifemicidio" del que fuera víctima la exmandataria.
"Es imperioso dar por tierra con esta connivencia que afecta profundamente a la democracia, al Estado de Derecho y a la vida en común", exhortaron.
Abogaron por la necesidad de "lograr equilibrios renovados dentro del Poder Judicial" para así "terminar con un proceso de manipulación iniciado el 24 de marzo de 1976, nunca desarticulado en los años de democracia, y un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase".
"Sólo eso permitirá reformar una legislación que hoy favorece, en sus términos y su operatividad, a la mafia que se beneficia del régimen, cuya máxima expresión anida en el atrincheramiento de Juntos por el Cambio (JxC) y en sus aliados libertarios, y en su resistencia a terminar con el Estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno", continuaron.
La solicitada, publicada en los medios Página 12 y Tiempo Argentino, lleva las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y Nora Cortiñas; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la dirigente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.
Firmas cordobesas que firmaron la solicitada: Tri Heredia, de Más Democracia, Diego Tatián, Marcelo Ruiz, Gabriel Tobal (Apyme Córdoba), Jorge Luis Hernández, Nidia Fernández, Artemia Barrionuevo, Susana Gomez Melchionna (Asociación Almazenna / Córdoba), Darío Gomez Pucheta, Graciela Treber, Fabiana Hak, Maru Cisneros, Silvia Attwood, Mónica Ambort, entre otrxs
También suscribieron el escritor y periodista Mempo Giardinelli; el sociólogo y politólogo Atilio Borón; la socióloga feminista Dora Barrancos; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otrxs.
Texto completo de la solicitada y totalidad de las firmas acá
Cecilia De Negre argumentó que la medida debería haberse dictado a través de una "ley formal", en lugar de un DNU. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La causa fue iniciada por la empresa Telecom
Organizaciones de DDHH convocan el proximo 6 de diciembre a presenciar en las puertas del tribunal en Comodoro Py 2002 la lectura de la sentencia a las 9:30 hs.
El gobierno de Daniel Ortega tomó la decisión "frente a las reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos Gobernantes". "Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China", había dicho Milei durante la campaña.
En una nota enviada por FATPREN, FIP y FePALC el 7 de noviembre, que aún no tuvo respuestas, solicitaron a la plataforma saber qué acciones están tomando “para limitar, desalentar o prohibir la difusión de contenidos basados en discursos de odio o que niegan o relativizan la ocurrencia de eventos violentos”.
El acto de descubrimiento de la señalización se realizó con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y familiares y amigos del joven.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
La información fue ratificada a través de la cuenta de X que difunde los anuncios del Milei. También se informó que Rodolfo Barra será el futuro Procurador del Tesoro de la Nación. "Seré implacable contra el crimen", prometió la excandidata a presidenta de JxC, al agradecer "la oportunidad de volver a servir a la patria".
Se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble donde funcionó el boliche y en el que murieron 194 personas. Para los sobrevivientes es el cierre de “una etapa importantísima y necesaria".
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicita colaboración en la búsqueda de Ana del valle Roldán.
En el marco de los 40 años de democracia y a 75 años de la declaración universal de los Derechos Humanos que se conmemora el próximo 10 de diciembre, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba se manifestó por la Alerta Democrática ante la llegada a la Presidencia de la Nación de un nuevo presidente que no se expresa con firmeza a favor de la democracia.
El 8 de diciembre de 1977, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA inició un operativo que terminó con la desaparición de Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila, Patricia Oviedo, Horacio Elbert, Raquel Bulit, Daniel Horane, Leonie Duquet y Alice Domon.
El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció al ex Presidente por infringir el artículo 212 del Código Penal, que reprime con pena de 3 a 6 años de cárcel "el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones", como es el caso de sindicatos y organizaciones que ejerzan legal y legítimamente su derecho a la protesta.
A escasas horas de la asunción del presidente libertario, Javier Milei, el CISPREN expresó preocupación por el acto de violencia contra Radio Nacional Córdoba. En horas de la tarde una persona arrojó intencionalmente una piedra hacia los vidrios del Auditorio causando roturas y huyó. En Tanto HIJOS denuncio amenazas hacia Fernando Albareda y su familia. El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba repudio ambos hechos.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron acreditada la participación necesaria del acusado en la sustracción de la víctima y su coautoría en la posterior retención y ocultación, después de que naciera en la maternidad clandestina que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada. "No hay dudas de que estamos antes los hechos más graves que la escala penal aplicable puede llegar admitir", sostuvieron.