A dos años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, en el sistema público de salud se reportaron 132.754 interrupciones, se capacitó a más de 2.000 profesionales y hay 1.443 centros sanitarios que garantizan la práctica en el país, donde el Ministerio de Salud concreta la distribución gratuita de medicamentos y equipamiento para realizarla, informaron hoy funcionarias nacionales.
Argentina 29 de diciembre de 2022 Silvina Molina para TELAM
En una reunión en Casa de Gobierno, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y funcionarias nacionales y provinciales, dio a conocer un informe sobre los avances y desafíos en la aplicación de la ley 27.610 de ILE/IVE, que mañana cumplirá dos años desde su sanción.
Entre los datos más relevantes, se conoció que hubo 59.267 interrupciones en el sistema público de salud de enero a septiembre de 2022 y 73.487 en 2021, contabilizando un total de 132.754 abortos.
Las prácticas se realizaron gracias a una red de 1.443 centros de salud y hospitales públicos que garantizan IVE/ILE en todo el país, lo que constituye 59,8% más de lo declarado en 2020 y 7,5% por encima de 2021.
En paralelo, 434 profesionales de la salud lograron certificaciones en el primer curso oficial sobre aborto, que se suman a más de 2.000 que recibieron actualizaciones acordes a la ley.
Y la línea telefónica 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió 13.752 consultas por IVE/ILE entre enero y octubre 2022 (89,8%) de un total de 33.735 llamados.
A esa línea se comunicaron 18 personas con discapacidad solicitando asesoramiento por aborto, lo que motivó el refuerzo de estrategias de acceso, como ampliar el tiempo de atención para brindar información necesaria, utilizar recursos tecnológicos para asegurar accesibilidad y gestionar recursos de traslado para las personas usuarias de sillas de ruedas, entre otras, explicaron funcionarias de Salud.
Durante el informe oficial se destacó que la medicación: misoprostol, combipack (mifepristona + misoprostol) y el equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU) se distribuyen en todo el país mediante la logística del Programa Remediar y son de acceso gratuito.
Hasta ahora, hay producción pública de misoprostol en el laboratorio LIF de Santa Fe, en el Puntanos de San Luis y Profarse de Río Negro, que se utiliza para abastecimiento provincial.
En relación a la mifepristona, el LIF se encuentra en proceso de desarrollo para su producción y este año el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para producirlo.
Otro dato señalado por las funcionarias es que se incorporaron las prestaciones IVE/ILE en el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) y en el Plan Sumar destinado a quienes no tienen cobertura formal de salud.
Además, la educación sexual integral (ESI) incluyó contenidos sobre IVE/ILE y se realizaron capacitaciones masivas a docentes.
Durante el encuentro, Vizzotti presentó una actualización del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo con la incorporación de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de este año.
La OMS recomendó la despenalización total del aborto y que los Estados desistan de criminalizar a las personas que interrumpen o ayudan a interrumpir un embarazo, a la vez que reconoció la autogestión del aborto (fuera del sistema de salud) como una práctica que puede ser segura y debe ser legitimada por los Estados, reconociendo así el rol de los ámbitos comunitarios y de la sociedad civil que con información y entrenamiento adecuado pueden acompañarla.
El organismo internacional sumó que tanto obstétricas como el personal médico de todas las especialidades pueden ser proveedores de abortos seguros si tienen el entrenamiento adecuado, al igual que enfermeras, auxiliares de enfermería y farmacéuticos.
También instó a los Estados a eliminar períodos de espera o reflexión, internación compulsiva para la práctica de un aborto, consentimiento de padres, cónyuges o representantes legales, incluso en el caso de adolescentes y personas con discapacidad, autorizaciones administrativas o por comités de ética y recetas con requerimientos excepcionales, entre otras.
El 30 de diciembre de 2020 el Congreso sancionó la ley IVE/ILE, que se promulgó el 14 de enero de 2021 y contempla un modelo mixto de plazos y causales.
Reconoce el derecho a la IVE hasta la semana catorce de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos.
A partir de la semana 15 de gestación también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
Es una ley de orden público, lo que significa que es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el país, en el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo en forma gratuita.
Ayer, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) informó a Télam que 247 obras sociales informaron que realizaron 4.966 abortos desde que hay ley en el país.
La ley IVE/ILE también establece que los equipos de salud tienen un plazo máximo de diez días para garantizar el aborto desde su solicitud, y que la atención debe realizarse de manera segura y confidencial, con trato digno y respeto de la privacidad e incluir atención posaborto y consejerías en salud sexual.
El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, decidió convocar al inicio de huelgas sectoriales, que comenzarán en el Senasa y afectarán a todas las exportaciones.
La Secretaría de Derechos Humanos presentó un mapa interactivo con información sobre 276 sitios y espacios de memoria relacionados con el terrorismo de Estado. El mapa ofrece detalles como ubicación, descripción, funcionamiento histórico y fotografías de cada lugar. Se prevé actualizaciones periódicas.
El gobierno de Daniel Ortega tomó la decisión "frente a las reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos Gobernantes". "Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China", había dicho Milei durante la campaña.
A partir del resultado del balotaje, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo reivindicó la "búsqueda de la verdad y de la justicia" de los organismos de derechos humanos, y reiteró que "la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos". "Si cuando hay una manifestación callejera 'dicen' que la van a reprimir con armas, ahí vamos a ver qué pasa", advirtió.
El reclamo se basa en la causa que investiga tormentos inflíngidos contra soldados por parte de sus superiores durante el conflicto en 1982, entre los que se cuentan estaqueamientos enterramientos, y abusos sexuales.
Cecilia De Negre argumentó que la medida debería haberse dictado a través de una "ley formal", en lugar de un DNU. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La causa fue iniciada por la empresa Telecom
La información fue ratificada a través de la cuenta de X que difunde los anuncios del Milei. También se informó que Rodolfo Barra será el futuro Procurador del Tesoro de la Nación. "Seré implacable contra el crimen", prometió la excandidata a presidenta de JxC, al agradecer "la oportunidad de volver a servir a la patria".
Se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble donde funcionó el boliche y en el que murieron 194 personas. Para los sobrevivientes es el cierre de “una etapa importantísima y necesaria".
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicita colaboración en la búsqueda de Ana del valle Roldán.
En el marco de los 40 años de democracia y a 75 años de la declaración universal de los Derechos Humanos que se conmemora el próximo 10 de diciembre, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba se manifestó por la Alerta Democrática ante la llegada a la Presidencia de la Nación de un nuevo presidente que no se expresa con firmeza a favor de la democracia.
El 8 de diciembre de 1977, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA inició un operativo que terminó con la desaparición de Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila, Patricia Oviedo, Horacio Elbert, Raquel Bulit, Daniel Horane, Leonie Duquet y Alice Domon.
El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció al ex Presidente por infringir el artículo 212 del Código Penal, que reprime con pena de 3 a 6 años de cárcel "el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones", como es el caso de sindicatos y organizaciones que ejerzan legal y legítimamente su derecho a la protesta.
A escasas horas de la asunción del presidente libertario, Javier Milei, el CISPREN expresó preocupación por el acto de violencia contra Radio Nacional Córdoba. En horas de la tarde una persona arrojó intencionalmente una piedra hacia los vidrios del Auditorio causando roturas y huyó. En Tanto HIJOS denuncio amenazas hacia Fernando Albareda y su familia. El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba repudio ambos hechos.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron acreditada la participación necesaria del acusado en la sustracción de la víctima y su coautoría en la posterior retención y ocultación, después de que naciera en la maternidad clandestina que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada. "No hay dudas de que estamos antes los hechos más graves que la escala penal aplicable puede llegar admitir", sostuvieron.