La Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Horacio Pietragalla Corti, manifestó hoy su "preocupación por el beneficio de la prisión domiciliaria" otorgada al exdueño de la veloz del Norte, Marcos Levin, y a otros 3 acusados, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que sigue el Tribunal Oral Federal Número 1 de Salta.
Argentina28 de octubre de 2022
Sures Noticias
"Responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad: la @SDHArgentina manifiesta su preocupación por el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el TOF 1 de Salta para el exdueño de La Veloz del Norte, Marcos Levín, y otros tres acusados", indicó la secretaría desde su cuenta de Twitter.
Según se explicó, Levín, junto a su exjefe de seguridad, José Antonio Grueso, y los ex policías Víctor Almirón y Enrique Cardozo, "están procesados por secuestros y tormentos a 17 trabajadores de la empresa de transporte, en una causa que está por iniciar el juicio oral".
'La fiscalía había solicitado la prisión preventiva de los acusados luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto las absoluciones dictadas por la Cámara de Casación, y ante el riesgo procesal que implica la inminencia del debate. Las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y el avance sin demoras de estas investigaciones es una de las prioridades de la secretaría", indicó el organismo.
Ayer el TOF 1 de Salta ordenó la prisión preventiva de Levín y de otros tres procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El tribunal, conformado por los jueces Marta Liliana Snopek, María Alejandra Cataldi y Juan Carlos Reynaga, ordenó la detención de Levín; de José Antonio Grueso, ex director de personal de la empresa La Veloz del Norte; y de los ex policías Almirón y Cardozo, todos procesados por graves delitos cometidos entre enero y febrero de 1977.
La resolución respondió a un pedido del fiscal general Carlos Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien ayer consideró en declaraciones radiales que "dimos un pasito más por el fin de la impunidad".
La medida se aplica mediante la modalidad de arresto domiciliario, ya que los jueces ordenaron la prohibición de salir del país de los cuatro acusados y la colocación de pulseras electrónicas.
Por esta razón, se libró oficio de lo dispuesto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Además, por pedido de Amad se actualizaron los montos de los embargos que ya habían sido ordenados en el procesamiento, con lo cual al empresario se le fijó una suma de $2.400.000, mientras que la del resto quedó en $1.200.000.
El pasado 21 de octubre, el fiscal general solicitó al tribunal la detención del empresario, el ex director de personal de la empresa y de los ex policías Almirón y Cardozo, en el marco de la causa "La Veloz del Norte II", que se encuentra en trámite ante ese tribunal.
El pedido se fundó en el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del pasado 18 de octubre, oportunidad en la que ordenó dejar sin efecto la absolución de los acusados, dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, tras revisar las condenas dictadas en marzo de 2016.
En esa oportunidad, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Levín a la pena de 12 años de prisión, por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de un trabajador de su empresa, y se convirtió así en el primer empresario del país condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
En ese juicio, también fueron condenados los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, a la pena de 12 años de prisión; y Hugo Enrique Cardozo a 8 años de prisión.
Esta condena fue apelada y la Cámara Federal de Casación Penal determinó que no se trataba de delitos de lesa humanidad, tras lo que el fiscal acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar a su planteo.
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