En una conferencia de prensa desde San Salvador, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos comunicó que se ha presentado una denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. Además, repudiaron la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
Argentina29 de septiembre de 2022
Sures Noticias
En una conferencia de prensa desde San Salvador, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos comunicó que se ha presentado una denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. Además, repudiaron la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
La denuncia –realizada con el patrocinio de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- es contra el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Luis Alberto Martin; el Jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario General Héctor Horacio Herbas Mejía; titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario Marcelo Rodriguez; el titular de Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 2 de San Salvador de Jujuy, Diego Ignacio Funes; y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Miguel Fernandez.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, se encuentra por cuarta vez en la provincia de Jujuy relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial. En esta oportunidad, estuvieron en San Salvador, San Pedro y Tilcara.
“Estuvimos tres días relevando denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en territorio. Recibimos a más de 70 personas. Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del poder judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable. También recibimos a comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo –la mayoría campesinos que producen alimentos- sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó José Luis Fuentes, abogado de la Comisión.
Por su parte, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, contó que “el sistema de hostigamiento del gobierno de Morales no es solo contra los dirigentes sino con todos los trabajadores de la economía popular que se organizan. Los siguen en vehículos particulares, los vigilan en sus barrios, preguntan a los mismos vecinos de qué trabajan, para que decidan no organizarse. Cada movilización, cada acción de expresión en el espacio público, sabemos que tenemos infiltrados que nos están vigilando”. Asimismo, la dirigente repudió la reforma constitucional que impulsa Morales por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
En su anterior visita en el mes de Julio, la Comisión elaboró un informe (https://bit.ly/3BSwLXY) donde se detallan 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales como violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna. Entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña; y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
"Responsabilizo a Javier Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética: lo que debería hacer el Presidente es defender a la Argentina y a YPF", sostuvo este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
Ante el deterioro de las políticas culturales del actual gobierno, del 3 al 9 de julio se llevará a cabo el Festival ENTRÁ, un encuentro federal y autogestivo en apoyo al Instituto Nacional del Teatro (INT).
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El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba al ejecutar una sentencia de la Cámara Federal de Casación que le ordenó pronunciarse en ese sentido. La decisión conlleva la nulidad de todos los actos cumplidos con posterioridad a la medida implementada por orden de la dictadura, que derivaron en el vaciamiento del patrimonio de la firma.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Sylvia Peñaloza, presidenta de IFICOTRA -Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo- en el marco del Día Internacional del Cooperativismo, que se celebra este 5 de julio, reflexiona sobre la situación que atraviesa el movimiento cooperativo en tiempos de profunda crisis social y económica.