En una conferencia de prensa desde San Salvador, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos comunicó que se ha presentado una denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. Además, repudiaron la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
Argentina 29 de septiembre de 2022
Sures Noticias
En una conferencia de prensa desde San Salvador, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos comunicó que se ha presentado una denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. Además, repudiaron la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
La denuncia –realizada con el patrocinio de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- es contra el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Luis Alberto Martin; el Jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario General Héctor Horacio Herbas Mejía; titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario Marcelo Rodriguez; el titular de Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 2 de San Salvador de Jujuy, Diego Ignacio Funes; y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Miguel Fernandez.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, se encuentra por cuarta vez en la provincia de Jujuy relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial. En esta oportunidad, estuvieron en San Salvador, San Pedro y Tilcara.
“Estuvimos tres días relevando denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en territorio. Recibimos a más de 70 personas. Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del poder judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable. También recibimos a comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo –la mayoría campesinos que producen alimentos- sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó José Luis Fuentes, abogado de la Comisión.
Por su parte, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, contó que “el sistema de hostigamiento del gobierno de Morales no es solo contra los dirigentes sino con todos los trabajadores de la economía popular que se organizan. Los siguen en vehículos particulares, los vigilan en sus barrios, preguntan a los mismos vecinos de qué trabajan, para que decidan no organizarse. Cada movilización, cada acción de expresión en el espacio público, sabemos que tenemos infiltrados que nos están vigilando”. Asimismo, la dirigente repudió la reforma constitucional que impulsa Morales por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
En su anterior visita en el mes de Julio, la Comisión elaboró un informe (https://bit.ly/3BSwLXY) donde se detallan 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales como violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna. Entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña; y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial.
Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
Los familiares y amigos del genocida pudieron compartir sus últimos años de vida con él y tendrán un lugar donde llorar su muerte. Derecho que les fue arrebatado a miles de detenidos desaparecidos que Jueces como él tenían el deber de proteger durante la última dictadura militar, señalo en un comunicado HIJOS Santiago del Estero
La iniciativa es de la Multisectorial Federal de la República Argentina, un espacio que se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valora todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos y creen que la diversidad de perspectivas enriquece las discusiones y fortalece sus propuestas para la construcción de una Argentina Justa, Libre y Soberana.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.