En un breve comunicado exigen una justicia justa. Desde la comprensión que los fallos y demoras judiciales en torno a las causas ambientales responden y garantizan una política de Estado extractivista y contaminante. Reclaman basta de impunidad a los responsables ecocidas. Y agregan la petición de despenalización, anulación de toda imputación y judicialización que criminaliza a quienes luchan en defensa de un ambiente sano.

Por último, demandan el inmediato cese de los desalojos a comunidades indígenas, pobladores rurales y demás damnificados en torno a la construcción de autovías y accesos.

Denuncian violencia estatal policial

Unidos por el Monte a traves de sus redes sociales alertó que continua el conflicto social, el violento e inescrupuloso avance del gobierno de la provincia, Caminos de las Sierras y la Policía de la Provincia de Córdoba, sobre la población del Valle de Punilla.

En una publicación denuncian que después de 40 años de vivir en Santa María de Punilla, Abel Méndez es forzado al desalojo; no hay precisión sobre el monto de la expropiación, no le aseguran ni el alquiler para unos meses y, lógicamente, no quiere abandonar su hogar.
Aseguran que los métodos cada vez más perversos continúan con voracidad: relatan que, en la noche de 23 de julio, su nieto, Franco, fue al pueblo a cargar la batería de su celular (ya que les han cortado la luz y el agua, para intimidarlos) y al regresar a su casa, 4 policías conduciendo motos de la fuerza, uniformados, encapuchados, en plena oscuridad le dieron una paliza, dejándolo tirado en la tierra. Él pudo comunicarse con un amigo que lo socorrió y lo llevó a su casa, a media cuadra.
Fue llevado por otros vecinos al Hospital Domingo Funes, muy dañado. Entre otras lesiones, tiene perforado el pulmón, a raíz de las patadas recibidas. Quedó internado y los vecinos fueron a la Unidad Judicial de Cosquín, donde realizaron la denuncia correspondiente.