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La medida, impulsada por el Ejecutivo encabezado por Javier Milei, fue calificada por el Foro como “ilegal” y “violatoria de la legislación vigente en materia de Defensa y Seguridad Interior”.
Desde la organización de DDHH señalaron que esta decisión no solo desconoce el marco normativo que limita la actuación militar en asuntos internos, sino que además refuerza el perfil “castrense y represivo” que, afirman, caracteriza al actual gobierno. “Exigimos la inmediata derogación de la medida”, expresaron en un comunicado.
Asimismo, el Foro expresó su solidaridad con Brisa Páez, una joven voluntaria que se encuentra en coma inducido luego de recibir una brutal patada por parte de un instructor de la Armada durante un entrenamiento “antidisturbios”. El hecho, ocurrido en el marco de una práctica militar, generó una ola de indignación y preocupación en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. “Esta agresión no es un hecho aislado, sino parte de una política represiva que instala como enemigo interno a la ciudadanía y alienta la violencia institucional”, denunció la organización.
El Foro exigió una investigación judicial exhaustiva para determinar las responsabilidades en la agresión sufrida por Páez, así como la baja inmediata de los efectivos militares involucrados y de quienes hayan participado en encubrir lo sucedido.
Como consecuencia de ambos hechos —la autorización ilegal a las Fuerzas Armadas y la brutalidad ejercida en los entrenamientos—, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH solicitó la renuncia inmediata del ministro de Defensa, Luis Petri.
La declaración también tuvo palabras de rechazo hacia la visita oficial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, quien arribó al país este lunes pasado para mantener encuentros con autoridades del gobierno nacional. “Su presencia constituye un nuevo gesto de subordinación política y militar al gobierno de Trump, que pone en riesgo la soberanía nacional”, sostuvieron.
