El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba manifestó su más enérgico repudio a la reciente disposición del Gobierno Nacional que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior, autorizando la detención de civiles en supuestos casos de “delitos en flagrancia” en zonas de frontera.
Córdoba29 de abril de 2025
Sures Noticias
La medida, impulsada por el Ejecutivo encabezado por Javier Milei, fue calificada por el Foro como “ilegal” y “violatoria de la legislación vigente en materia de Defensa y Seguridad Interior”.
Desde la organización de DDHH señalaron que esta decisión no solo desconoce el marco normativo que limita la actuación militar en asuntos internos, sino que además refuerza el perfil “castrense y represivo” que, afirman, caracteriza al actual gobierno. “Exigimos la inmediata derogación de la medida”, expresaron en un comunicado.
Asimismo, el Foro expresó su solidaridad con Brisa Páez, una joven voluntaria que se encuentra en coma inducido luego de recibir una brutal patada por parte de un instructor de la Armada durante un entrenamiento “antidisturbios”. El hecho, ocurrido en el marco de una práctica militar, generó una ola de indignación y preocupación en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. “Esta agresión no es un hecho aislado, sino parte de una política represiva que instala como enemigo interno a la ciudadanía y alienta la violencia institucional”, denunció la organización.
El Foro exigió una investigación judicial exhaustiva para determinar las responsabilidades en la agresión sufrida por Páez, así como la baja inmediata de los efectivos militares involucrados y de quienes hayan participado en encubrir lo sucedido.
Como consecuencia de ambos hechos —la autorización ilegal a las Fuerzas Armadas y la brutalidad ejercida en los entrenamientos—, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH solicitó la renuncia inmediata del ministro de Defensa, Luis Petri.
La declaración también tuvo palabras de rechazo hacia la visita oficial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, quien arribó al país este lunes pasado para mantener encuentros con autoridades del gobierno nacional. “Su presencia constituye un nuevo gesto de subordinación política y militar al gobierno de Trump, que pone en riesgo la soberanía nacional”, sostuvieron.
El gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión positiva con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, donde abordaron temas clave como el Presupuesto 2026 y la situación fiscal de la provincia. El encuentro marca un cambio de tono en las relaciones entre Córdoba y el Gobierno nacional, apostando al consenso y la productividad.
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Comenzó el juicio por presunta corrupción en el que Cristina Fernández de Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita junto a otros 86 imputados. La expresidenta sostiene que el proceso es un montaje judicial con fines políticos, diseñado para desacreditarla y desviar la atención de asuntos fundamentales para el país.
La Confederación General del Trabajo renovó su conducción en un clima de crisis y tensiones internas, en medio de la avanzada del gobierno de ultraderecha de Javier Milei y profundas divisiones sobre el rumbo de la principal central sindical del país. Fuerte criticas a la falta de mujeres en las principales cargos; de las 38 secretarias de la CGT, solo tres son titulares, 23 pro-secretarías y 9 co-vocales.
En San Marcos Sierras, Córdoba, vecinos y vecinas protagonizan un acampe en rechazo al avance de un megaproyecto turístico que incluye un hotel-casino con perforaciones profundas, denunciando que extrae agua en niveles que pueden agotar la cuenca hídrica local.
Se presentó "Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa". La actividad se realizó este jueves 6 de noviembre y contó con la participación de Pablo Semán, investigador del CONICET; Silvia Naishtat, periodista económica de Clarín; Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET-CIEPP - DAWN; y Claudia “La Negra” Albornoz, referente de La Poderosa.
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Un grupo de más de diez compañías del sector, incluyendo a Globant y UALA, han llevado a cabo despidos, a pesar de que el sector contaba con pronósticos favorables. Desde el Gremio de la Computación advierten sobre la elevada desregulación en la industria y anticipan que la situación se complicará aún más debido al fenómeno del "freelance".