El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba manifestó su más enérgico repudio a la reciente disposición del Gobierno Nacional que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior, autorizando la detención de civiles en supuestos casos de “delitos en flagrancia” en zonas de frontera.
Córdoba29 de abril de 2025
Sures Noticias
La medida, impulsada por el Ejecutivo encabezado por Javier Milei, fue calificada por el Foro como “ilegal” y “violatoria de la legislación vigente en materia de Defensa y Seguridad Interior”.
Desde la organización de DDHH señalaron que esta decisión no solo desconoce el marco normativo que limita la actuación militar en asuntos internos, sino que además refuerza el perfil “castrense y represivo” que, afirman, caracteriza al actual gobierno. “Exigimos la inmediata derogación de la medida”, expresaron en un comunicado.
Asimismo, el Foro expresó su solidaridad con Brisa Páez, una joven voluntaria que se encuentra en coma inducido luego de recibir una brutal patada por parte de un instructor de la Armada durante un entrenamiento “antidisturbios”. El hecho, ocurrido en el marco de una práctica militar, generó una ola de indignación y preocupación en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. “Esta agresión no es un hecho aislado, sino parte de una política represiva que instala como enemigo interno a la ciudadanía y alienta la violencia institucional”, denunció la organización.
El Foro exigió una investigación judicial exhaustiva para determinar las responsabilidades en la agresión sufrida por Páez, así como la baja inmediata de los efectivos militares involucrados y de quienes hayan participado en encubrir lo sucedido.
Como consecuencia de ambos hechos —la autorización ilegal a las Fuerzas Armadas y la brutalidad ejercida en los entrenamientos—, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH solicitó la renuncia inmediata del ministro de Defensa, Luis Petri.
La declaración también tuvo palabras de rechazo hacia la visita oficial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, quien arribó al país este lunes pasado para mantener encuentros con autoridades del gobierno nacional. “Su presencia constituye un nuevo gesto de subordinación política y militar al gobierno de Trump, que pone en riesgo la soberanía nacional”, sostuvieron.
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Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.