Integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito realizaron este mediodía un "pañuelazo" frente a la legislatura de Salta, para exigir la nulidad de la causa contra la médica salteña Miranda Ruiz, quien fue imputada por realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), práctica contemplada en la legislación argentina.
Argentina22 de julio de 2022
Sures Noticias
Además del "pañuelazo", Miranda Ruiz, junto con su abogado Oscar Guillén, brindarán una conferencia de prensa a las 12.
Desde la Red, recordaron que la médica fue “imputada injustamente por la justicia patriarcal salteña, que aún no se actualizó con los alcances de la ley y pretende que las mujeres y personas gestantes que deciden sobre su cuerpo no accedan a su derecho y sigan exponiéndose a abortos inseguros y clandestinos”.
“Es por este motivo que, como profesionales de la salud decimos: garantizar derecho no es delito, basta de criminalizar y sumamos nuestro apoyo al pedido de nulidad de la causa de Miranda Ruiz, que además de presentar muchas irregularidades jurídicas, no tiene sentido alguno, ya que se imputa por algo que está en el marco de ley”, señalaron.
La médica fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.
En esa oportunidad, la organización había dicho que "el hospital de Tartagal avala esta práctica y fomenta que sus profesionales brinden acceso a la misma”.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.
El 14 de julio, la Red de Profesionales llevó a cabo un "chaquetazo" frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), también para exigir la nulidad de la causa y el sobreseimiento de la médica salteña.
El Mileismo logró la media sanción del tratado comercial gracias al apoyo del PRO, la UCR, bloques provinciales y 43 diputados de Unión por la Patria, mientras otro sector peronista votó en contra
La Cámara de Diputados dio una media sanción irresponsable priorizando el punitivismo sobre los derechos de la niñez, ignorando advertencias de expertos y la Iglesia. Todos los diputados de la derecha cordobesa voto el proyecto de Milei, incluyendo a cordobesitas y libertarios.
El fotorreportero formalizó desde el Hospital Manuel Rocca su presentación como querellante en la causa por la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, en la que fue gravemente herido por un disparo de gas de la Gendarmería. La querella reclama avanzar sobre los mandos del operativo y sobre la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusan de intentar influir en la Justicia desde los medios.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.
El fotorreportero formalizó desde el Hospital Manuel Rocca su presentación como querellante en la causa por la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, en la que fue gravemente herido por un disparo de gas de la Gendarmería. La querella reclama avanzar sobre los mandos del operativo y sobre la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusan de intentar influir en la Justicia desde los medios.
El gobernador Martín Llaryora subrayó que "estamos implementando el plan de federalización universitaria más ambicioso de la historia de Córdoba". La nueva universidad se ubicará en el sur de la capital y beneficiará a más de 113 mil habitantes de la zona. Esto facilitará el acceso a la educación superior pública y gratuita para miles de jóvenes que actualmente enfrentan retos en su traslado y acceso. La inversión provincial supera los 5.000 millones de pesos.
La Cámara de Diputados dio una media sanción irresponsable priorizando el punitivismo sobre los derechos de la niñez, ignorando advertencias de expertos y la Iglesia. Todos los diputados de la derecha cordobesa voto el proyecto de Milei, incluyendo a cordobesitas y libertarios.
Trabajadoras y trabajadores de prensa de todo el país, nucleados en Fatpren y en sus sindicatos de base, rechazaron la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y advirtieron que profundizarán el plan de lucha para frenar el retroceso de derechos y la postergación de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
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