El Tribunal Oral Federal de Resistencia dará inicio mañana al juicio "Conscriptos", en el que se juzgará a cuatro oficiales del Ejército, suboficiales y oficiales de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y un guardiacárcel de la Alcaidía policial por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en perjuicio de cinco víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones de Resistencia y en la Alcaidía policial de esa ciudad.
Argentina 19 de abril de 2022
Sures Noticias
El juicio comenzará a las 8.30 y estarán sentados en el banquillo de los acusados los militares (re) Ernesto Simoni, Ricardo Reyes , Aldo Martínez Segón y Luis Alberto Patetta; los policías de la Brigada de Investigaciones José Francisco Rodríguez Valiente , Gabino Manader, José Marín y Juan de la Cruz López de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y los guardiacárceles de Alcaidía Héctor Roldan y Miguel Ángel Vittorello.
Durante el proceso se abordará los crímenes cometidos contra cinco víctimas, dos de ellas, Ricardo Uferer y Eduardo Luque, militantes políticos que realizaban la conscripción en el Regimiento La Liguria de Resistencia a mediados de 1976 y fueron secuestrados y confinados en el centro clandestino de detención que funcionara en la ex Brigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria.
La fiscalía acusó a los imputados, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados.
Luque y Uferer militaban en la Juventud Peronista de Chaco, fueron secuestrados en junio de 1976 cuando cumplían el servicio militar en el regimiento del Ejército ubicado en el barrio La Liguria, de Resistencia. Estaban destinados en baterías diferentes del regimiento, cuando el 12 de junio se produce el secuestro de Luque, que es informado por un oficial en la Plaza de Armas de la unidad y el 22 de junio es capturado Uferer, que al igual que su compañero es trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Ambos fueron torturados juntos y por separado en lugares conocidos como "sala negra" y "el sótano", y en septiembre son trasladados a la alcaldía policial, donde reconocen al oficial Lucio Humberto Caballero como uno de los jefes que ordenaban las torturas.
En la alcaldía, Luque y Uferer vieron a varios de los prisioneros que luego serían ejecutados en la Masacre de Margarita Belén, donde mataron a once militantes y otros cuatro fueron desaparecidos en un fingido intento de fuga.
Según diagramó el Tribunal, integrado por Noemi Marta Berros, Liliana Graciela Carnero y Roberto López Arango, tras el inicio habrá audiencias el jueves 21 y el viernes 22 de abril, el 20 y 27 de mayo y el 9 de junio.
Este proceso será el noveno por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia, luego de los juicios por fusilamientos clandestinos "Causa Masacre de Margarita Belén 1, 2 (Causa Tozzo) y 3 (Causa Chas)"; por torturas "Brigada/ Caballero" 1 , 2 y 3 ; y por la persecución a militantes del agro denominado "Causa Ligas Agrarias" y por complicidad judicial "Mazzoni Casco".
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Daniela Calarco Arredondo, referente de un movimiento social, fue trasladada sin notificación a su abogado y presionada para firmar una declaración falsa a cambio de su libertad. Continúa detenida junto a David Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gómez, cuya liberación inmediata sigue siendo exigida. Bullrich transformó su Ministerio en un centro de persecución política.
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Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.