En la tarde de hoy un conjunto de representantes de organizaciones comprometidas con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho se reunieron con el Juez Juan María Ramos Padilla para intercambiar opiniones sobre la convocatoria del 1 de Febrero a una marcha para exigir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de la Nación.
Argentina07 de enero de 2022
Sures Noticias
Entre otras organizaciones presentes se encontraban: Justicia Legitima, Asociación Americana de Juristas, Federación de Judiciales de la Argentina, Sindicato de prensa de Buenos Aires, Asociación de Sobrevivientes, familiares y compañerxs de Campo de Mayo, Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, San Oscar Arnulfo Romero DDHH Isla Maciel, Liga Argentina por los Derechos Humanos y del Llamamiento Argentino Judío, Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, Equipo jurídico de la Tupac, entre otras.
Los participantes acordaron consultar en sus organizaciones el mejor modo de impulsar la iniciativa, reunirse semanalmente en este mes de enero y promover el más amplio marco de unidad de modo tal que sea la sociedad entera la que promueva la recuperación del sistema de administración de justicia desde la renovación total de la Corte Suprema en un proceso de sucesivas renovaciones democráticas hasta que no quede ni un solo lugar que sea cloaca o sótano de la democracia como se nos propuso en 2019.
"La sociedad entera es quien debe promover la recuperación del sistema de administración de justicia desde la renovación total de la Corte Suprema en un proceso de sucesivas renovaciones democráticas hasta que no quede ni un solo lugar que sea cloaca o sótano de la democracia como nos propusimos en 2019". concluye el comunicado.
La Justicia obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a trabajadores estatales. ATE celebró la medida y advirtió que la presión de las sanciones económicas aceleró el cumplimiento.
La Asociación de Profesionales y Técnicos realizará este jueves un paro de 24 horas para exigir la promulgación de la norma aprobada por el Congreso. Con actividades culturales y encuentros con la sociedad, buscan visibilizar la crisis que atraviesa el hospital pediátrico más importante del país.
Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes de la CTA-A y UTEM, enfrentarán un juicio oral el próximo 15 de octubre de 2025, acusados por participar de un acampe pacífico durante el “misionerazo”. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos denuncian un ataque al derecho a la protesta y exigen el cese de la criminalización de lxs luchadorxs.
El próximo sábado 30 de agosto, colectivas transfeministas y disidentes de Córdoba realizarán una jornada político-cultural en solidaridad con Palestina. Las actividades comenzarán a las 13 hs. en el Cispren (Obispo Trejo 365) y culminarán con una acción pública en Patio Olmos a las 19 hs. Lo recaudado será destinado a cocinas comunitarias en Gaza. En otra actividad se conmemorará la vida del escritor y periodista Juan Yaser.
La herramienta, gratuita y online, busca prevenir la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Surge a partir de la Ley Ema, impulsada por la madre de una adolescente que se quitó la vida tras sufrir violencia digital.
Un operativo desmedido de la Policía del gobierno de Córdoba dejó al menos 13 detenidos durante una protesta por alimentos frente a la Municipalidad. Entre ellos, Federico Giuliani, secretario general de la CTA Autónoma, quien resultó herido, quien es el único que permanece detenido. Organizaciones políticas, de DDHH y sociales denuncian una política sistemática de persecución y criminalización de la protesta por parte del gobierno de Llaryora.
Con Jorge Cueto al frente, la legendaria banda Año Luz ofrecerá un show único en La Piojera este sábado 30 de agosto, donde repasará clásicos del rock local y compartirá escenario con músicos invitados. La entrada será libre, con salida a la gorra.
La Justicia obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a trabajadores estatales. ATE celebró la medida y advirtió que la presión de las sanciones económicas aceleró el cumplimiento.