La medida cierra la fase de prueba del debate, que ingresará en febrero en etapa de alegatos. Con ayuda de expertos, el TOCF N°1 de La Plata recorrió junto a las partes el destacamento policial, un predio del fondo de esa dependencia e ingresó luego al Regimiento de Infantería 7.
Argentina21 de diciembre de 2021
Sures Noticias
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata inspeccionó ayer tres lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención en la localidad de Arana, unos 15 kilómetros al sudoeste de la capital provincial, en el final de la etapa probatoria del juicio que tiene como acusados al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, y al exjefe de calle de la Unidad Regional La Plata, Julio César Garachico, por los crímenes que tuvieron como víctimas en 1976 al dos veces desaparecido Jorge Julio López y a seis de sus compañeros y compañeras de militancia de una unidad básica del barrio de Los Hornos.
La medida judicial se realizó en la tarde de este lunes. Comenzó a las 16.00 en el Destacamento Policial de Arana. Los jueces Andrés Basso y Alejandro Esmoris participaron presencialmente del acto, mientras que su colega José Michilini siguió la instancia en directo por video. La inspección judicial fue pedida en el ofrecimiento de prueba por la Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y que instruye la causa por la segunda desaparición de López. En representación del MPF participaron el fiscal general Gonzalo Miranda y el y la auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin. También intervinieron las querellas y las defensas de los acusados. Los sobrevivientes Walter Docters y Rufino Almeida, el perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Juan Carlos Nóbile, y Gerardo Dell'Oro, hijo de víctimas desaparecidas -Ambrosio de Marco y Patricia Dell'Orto- cuyos casos se investiga en este juicio, fueron convocados a la medida.
En el destacamento policial, actualmente señalizado como espacio de memoria, Docters guió al tribunal y a las partes por el recorrido al que eran sometidas las personas detenidas desaparecidas cuando eran ingresadas en los vehículos por un portón hasta un patio. Explicó que el derrotero continuaba en los calabozos y en otro lugar destinado a la aplicación de torturas.
Los casos de las siete víctimas de esta causa ocurrieron entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976 y su sustento probatorio radica especialmente en las cuatro declaraciones judiciales prestadas por Jorge Julio López antes de su segunda desaparición en 2006.
Antes de ingresar en el recinto del destacamento, la comitiva visitó la zona donde se concentraron la mayor parte de los estudios realizados en los últimos años para individualizar restos de personas desaparecidas y rastros de las violaciones a los derechos humanos. El perito Nóbile mostró las improntas de bala en una pared del destacamento, donde se presume que se realizaron fusilamientos, y luego se concentró en la explicación de los trabajos realizados detrás del patio, fuera del predio, donde fueron identificados los restos humanos de quince personas. Ese es el lugar identificado por sobrevivientes, expolicías y vecinos como una fosa común en la que los represores arrojaban los restos humanos y luego los quemaban. La zona actualmente se encuentra preservada y señalizada.
La inspección continuó luego unos quinientos metros detrás del destacamento, donde funcionó -en una zona de monte- otro centro clandestino de detención, individualizado por López en sus testimonios. El lugar era de imposible acceso, por lo que el tribunal y las partes visualizaron el espacio desde un alambrado perimetral.
Luego, por primera vez en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de La Plata, un tribunal inspeccionó el Regimiento de Infantería 7, muy cerca de allí. Durante la última dictadura, esa unidad castrense funcionó en pleno centro de la ciudad, en lo que hoy es la plaza Malvinas, pero luego de la guerra con Gran Bretaña en 1982, fue mudada a Arana. En esta localidad el regimiento fue instalado en lo que antiguamente fue el casco de la estancia La Armonía, adquirida por el Ejército a principios de los '70. Durante la dictadura, la vieja casa de estilo colonial -que fue destruida después de la mudanza- fue utilizada como centro clandestino de detención. La historia del predio fue reconstruida por la Cámara Federal de La Plata en el proceso por averiguación de la verdad iniciado en 1998, en el que incluso el tribunal consiguió fotos de los antiguos propietarios del inmueble vendido al Ejército, que permitieron conocer parcialmente cómo era el lugar.
En la inspección de ayer, el tribunal y las partes escucharon las explicaciones del perito Nóbile, quien señaló que en los trabajos de prospección realizados dentro del regimiento quedó constancia que pudo haber restos humanos en el lugar, pero que no pudieron ser hallados e identificados teniendo en cuenta que actualmente existen construcciones sobre la zona identificada.
La inspección judicial fue el último acto probatorio del debate. Resta la incorporación por lectura de testimonios y se espera que en febrero próximo comiencen los alegatos.
En este juicio Garachico está siendo juzgado por el secuestro y tormentos aplicados a Patricia Dell'Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López, y por los homicidios agravados de Dell'Orto, De Marco y Rodas. Etchecolatz, quien fue condenado en 2006 por los casos de López, Dell'Orto y De Marco, llegó acusado por los secuestros, tormentos y homicidios de Rodas y Sánchez.
Los casos de las siete víctimas de esta causa ocurrieron entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976 y su sustento probatorio radica especialmente en las cuatro declaraciones judiciales prestadas por Jorge Julio López antes de su segunda desaparición en 2006. López había sindicado a Etchecolatz como el jefe del operativo de su secuestro y a Garachico como quien daba las órdenes al grupo de "picaneadores".
La zona donde el EAAF realizó los estudios periciales en el terreno se encuentra protegida.
Foto: Lucas Herrera / Unidad Fiscal Federal de La Plata
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