La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó esta semana ante la justicia federal de Mendoza en una causa que investiga la muerte de Sebastián Moro durante el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales en Bolivia, el 16 de noviembre de 2019 en La Paz, para pedir informes sobre los avances y las medidas que se tomaron hasta el momento para esclarecer el caso.
Argentina20 de agosto de 2021
Sures Noticias
La causa fue iniciada por la familia del periodista argentino en el Juzgado Federal 1 de Mendoza en el año 2020 ante la falta de impulso de la causa que tramitaba en Bolivia para determinar las circunstancias de la muerte de Sebastián y los presuntos autores.
Días atrás, el secretario Horacio Pietragalla Corti y la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, se reunieron con la familia de Moro, con la abogada que la representa en Argentina y con integrantes de organismos de derechos humanos, y se comprometieron a colaborar para ayudar a esclarecer el caso. Durante el encuentro, la madre y la hermana del joven, Raquel Rochetti y Penélope Moro, manifestaron su preocupación por la falta de respuestas en la investigación penal a cargo de Bolivia; y expresaron la importancia de que la causa en Mendoza pueda avanzar.
En el escrito presentado este martes, la SDH solicitó informes sobre qué medidas de prueba había ordenado el juzgado hasta el momento, sus resultados, y si estaba realizando un seguimiento de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de Bolivia.
En la misma presentación se le informó al juzgado sobre la reciente publicación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) en la que se analiza la muerte de Sebastián Moro y las irregularidades en la investigación.
El GIEI-Bolivia, creado a partir de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia para asistir en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado, elaboró un informe en el que se refiere a la ausencia de declaraciones testimoniales y de posibles imputados en el caso y a la posible vinculación de su muerte con el ataque contra la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la cual formaba parte.
Menciona además que no se recogieron pruebas en el lugar donde Sebastián Moro fue encontrado y que no se requirieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de locales próximos a su domicilio, ni se buscaron teléfonos de personas relacionadas con la víctima o con el grupo que cercó y atacó la sede de la CSUTCB. “En los registros del hospital se consigna que la causa de muerte de Sebastián Moro se produce por un AVC (Accidente Vascular Cerebral). Y así como la clínica no informó a la policía del ingreso de Sebastián Moro con las contusiones propias de golpes recibidos, tampoco se realizó autopsia aunque, al tratarse de un posible homicidio, el personal de salud se encontraba obligado a practicarla. A pesar de esto, su cuerpo fue cremado”, agrega el informe.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que busca recomponer el financiamiento en ciencia y tecnología, frenar privatizaciones y garantizar la continuidad de la investigación pública. La iniciativa logró avanzar pese al retiro de los representantes oficialistas y ahora espera definición en el Senado.
Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre. Inicialmente la condena fue a 10 y 8 años de prisión.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital emitió un comunicado enérgico en respuesta a un pronunciamiento del Ministerio de Capital Humano que considera negacionista. En su declaración, ATE critica la apertura de un sumario policial por la colocación de una baldosa con la inscripción "Barrios x Memoria y Justicia" en la sede de la Secretaría de Trabajo, señalando que esta acción es un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la dictadura.
Un informe de la UBA revela que el Salario Mínimo Vital y Móvil perdió un 32% de su poder de compra desde noviembre de 2023. Es el valor real más bajo en casi 25 años y está 62% por debajo del récord de 2011.
El evento, impulsado por Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en democracia, convoca a la comunidad este 9 de octubre en el CISPREN con música, arte y solidaridad, en busca de memoria, justicia y contención social ante un contexto nacional complejo.
El cuerpo de delegado de ATE del Complejo Esperanza denunció la grave situación que atraviesa el organismo dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (SENAF).
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El juez Alejo Ramos Padilla desestimó el reclamo de La Libertad Avanza para posicionar a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional, ratificando a la racista Karen Reichardt al frente de la nómina luego de una serie de renuncias y controversias sobre la paridad de género en la lista.