La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó esta semana ante la justicia federal de Mendoza en una causa que investiga la muerte de Sebastián Moro durante el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales en Bolivia, el 16 de noviembre de 2019 en La Paz, para pedir informes sobre los avances y las medidas que se tomaron hasta el momento para esclarecer el caso.
Argentina 20 de agosto de 2021
Sures Noticias
La causa fue iniciada por la familia del periodista argentino en el Juzgado Federal 1 de Mendoza en el año 2020 ante la falta de impulso de la causa que tramitaba en Bolivia para determinar las circunstancias de la muerte de Sebastián y los presuntos autores.
Días atrás, el secretario Horacio Pietragalla Corti y la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, se reunieron con la familia de Moro, con la abogada que la representa en Argentina y con integrantes de organismos de derechos humanos, y se comprometieron a colaborar para ayudar a esclarecer el caso. Durante el encuentro, la madre y la hermana del joven, Raquel Rochetti y Penélope Moro, manifestaron su preocupación por la falta de respuestas en la investigación penal a cargo de Bolivia; y expresaron la importancia de que la causa en Mendoza pueda avanzar.
En el escrito presentado este martes, la SDH solicitó informes sobre qué medidas de prueba había ordenado el juzgado hasta el momento, sus resultados, y si estaba realizando un seguimiento de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de Bolivia.
En la misma presentación se le informó al juzgado sobre la reciente publicación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) en la que se analiza la muerte de Sebastián Moro y las irregularidades en la investigación.
El GIEI-Bolivia, creado a partir de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia para asistir en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado, elaboró un informe en el que se refiere a la ausencia de declaraciones testimoniales y de posibles imputados en el caso y a la posible vinculación de su muerte con el ataque contra la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la cual formaba parte.
Menciona además que no se recogieron pruebas en el lugar donde Sebastián Moro fue encontrado y que no se requirieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de locales próximos a su domicilio, ni se buscaron teléfonos de personas relacionadas con la víctima o con el grupo que cercó y atacó la sede de la CSUTCB. “En los registros del hospital se consigna que la causa de muerte de Sebastián Moro se produce por un AVC (Accidente Vascular Cerebral). Y así como la clínica no informó a la policía del ingreso de Sebastián Moro con las contusiones propias de golpes recibidos, tampoco se realizó autopsia aunque, al tratarse de un posible homicidio, el personal de salud se encontraba obligado a practicarla. A pesar de esto, su cuerpo fue cremado”, agrega el informe.
Milei, disfrazado de militar, así se expresó en Tierra del Fuego, adonde viajó para reunirse con la general del Ejército norteamericano y jefa del Comando Sur, Laura Richardson. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella no recibió a Richardson.
Dirigentes gremiales de la mesa chica de la central obrera informaron a Somos Télam que recibirán a senadores nacionales para "seguir construyendo puentes a través de las cuestiones políticas y las leyes que el Gobierno ha presentado o presentará en el Parlamento".
El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió enfáticamente al procurador Eduardo Casal por el llamado de atención que efectuó al fiscal Miguel Ángel Palazzani por haber enviado el 28 de marzo un oficio al Ministro de Defensa, Luis Petri, solicitándole que preserve toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976/1983.
Esta medida había sido implementada durante la administración de Alberto Fernández y enfrentó fallos judiciales en contra.
En la audiencia del ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 indagó al exsecretario de Comercio Interior y a la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri, mientras que las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se abstuvieron de declarar. El debate continuará el próximo miércoles 10 de abril.
El titular nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que la decisión de la CGT de declarar una huelga nacional para el 9 de mayo próximo “es absolutamente acertada”, aunque adelantó que en “el caso de los estatales probablemente se necesite realizar una escala previa a esa fecha y protestar otra vez ante el brutal ataque oficial”.
El llamado es a movilizarse el martes 23 de abril. La iniciativa se confirmó luego de que las autoridades académicas debatieran acerca del sentido de la universidad pública, el presupuesto y la situación salarial de las y los trabajadores de las casas de estudio.
Hugo Yasky. secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional señaló en una entrevista radial la adhesión a la medida de fuerza: "Ya tenemos mandato, porque habíamos hecho hace un par de semanas un plenario nacional", en tanto el titular de CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, adelanto a Sures Noticias que la central adhiere al paro del 9 de mayo.
La Semana del Aborigen 2024, una oportunidad para reflexionar sobre la historia, cultura y aportes de los pueblos originarios a nuestro cultura. En este marco, se invita a participar de diversas actividades organizadas por el Instituto Cultural Aborigen (I.C.A.) y la Comunidad Comechingón del Pueblo la Toma.
A través de su cuenta en X HIJOS Informó que fue excarcelado Juan Carlos Rolón, genocida de la ESMA condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad La decisión fue tomada por la jueza Palliotti y el juez Castelli (Comodoro Py), en su breve comunicado la organización de DDHH afirmó: "El único lugar para un genocida es la cárcel común".
“El Presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata y se lo tenemos que demostrar. El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche. A él sólo le interesa conversar con empresarios planeros con exenciones impositivas", dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.