La causa se inició en agosto de 2020 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detectó “operaciones con 54 proveedores apócrifos” mediante facturas presuntamente truchas “en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) correspondiente a los períodos 01/2016 al 10/2018”, señala el fallo.

El perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones a Vicentin fue calculado por el organismo recaudador en $111.637.479, razón por la cual fue el monto establecido por la Justicia para el embargo de bienes.

El embargo que había fijado el juez de primera instancia, luego apelado por los abogados de la empresa agroexportadora santafesina, fue confirmado hoy por los jueces María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Enrique Bosch, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

El fallo considera “proporcionada y razonable” la medida cautelar de embargo dictada en primera instancia, que los abogados de Vicentin SAIC habían considerado “arbitraria” en su escrito de apelación.

En ese sentido, los camaristas destacan en su resolución que la AFIP había solicitado la inhibición general de bienes de los directos de la empresa y la designación de veedores, que fue rechazada por el juez inferior, lo que revela la ausencia de arbitrariedad en la decisión.

El fallo de alzada ordena a la AFIP denunciar los datos registrales de los bienes libres a embargar, que alcanzan tanto a los de la empresa Vicentin SAIC -concursada desde marzo de 2020- como a los de algunos de sus directivos como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.

La operatoria denunciada por la AFIP consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores.

La fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2018.

El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería, dijeron fuentes del caso.

Así se pudo constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real, agregaron los informantes.

Además, los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.