Organizaciones de DDHH, organizaciones políticas, movimientos sociales, ambientales, feministas, gremios, partidos políticos lanzaron un petitorio donde expresan preocupación por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad de Cosquín.
Córdoba18 de marzo de 2021
Sures Noticias
Texto del petitorio que circula por la redes sociales
Las y los abajo firmantes: organizaciones de DDHH, organizaciones políticas, movimientos sociales, ambientales, feministas, gremios, partidos políticos y ciudadanía en gral, queremos expresar nuestra preocupación por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad de Cosquín, y el más profundo rechazo a las condiciones a las que son reducidos diariamente, merced a una precarización extrema, rayana con la esclavitud y la trata de seres humanos.
No es la primera vez que el Gobierno del Intendente Gabriel Musso, en Proyecto Cosquín (Partido Socialista+UCR), actúa de esta manera, desconociendo y negando las garantías laborales más elementales para la dignidad humana de las y los trabajadores municipales, toda vez que no cuentan con herramientas y equipo para trabajar de forma segura, sin derechos si se enferman o si se accidentan a ser asistidos; con dificultad para llegar a fin de mes con un salario paupérrimo, tras extenuantes jornadas laborales, sin obra social, sin derechos a capacitarse y estudiar, con horas extra no pagas, además de las garantías que cualquier empleador debe brindar para el desarrollo de un trabajo digno. Sumado a las tareas del hogar, maternar, amamantar y atender a sus hijos También es alarmante la leve reacción del sector sindical local tradicional, quienes dialogan con el gobierno sin lograr mínimas condiciones de dignidad para el desarrollo del trabajo municipal.
Musso gestiona el presupuesto que todos los coscoínos aportamos, haciendo uso y abuso del mismo y de las personas que desempeñan las tareas municipales. No conforme con ello, redobla estas prácticas despóticas y de maltrato permanente a quienes no pueden defenderse por su precariedad, a quienes obliga a declarar que "se someten al riesgo y la precariedad porque quieren", re victimizando a las y los trabajadores con acciones represivas que recuerdan a las peores épocas de nuestra historia, directas o a través de sus funcionarios, persiguiendo a quienes osan disentir o defenderse, o despidiéndolos.
Esta violencia laboral e institucional que el municipio ejerce, a través de nuestros representantes, tan sólo para tener servicios defectuosos por desidia de los funcionarios es un hecho que no podemos desconocer, avalar ni permitir para con nuestras y nuestros vecinos trabajadores, hijas/os, hermanas/os, madres y padres, ya que defendemos ante todo la república, el estado de derecho y la democracia, y rechazamos todos vínculo de vasallaje u otros en las relaciones laborales, exigimos que los vínculos laborales sean los garantizados por el estado y las leyes. No queremos tener relación con esas formas indignas.
Interpelamos a los partidos que conforman a Proyecto Cosquín a pronunciarse sobre este régimen establecido de innegables prácticas antidemocráticas. Llamamos a todas las fuerzas vivas, políticas y sociales a pronunciarse en contra de estas prácticas ilegales, sistemáticas e inhumanas y a impulsar el juicio político contra las autoridades responsables.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
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Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.