Organizaciones de DDHH, organizaciones políticas, movimientos sociales, ambientales, feministas, gremios, partidos políticos lanzaron un petitorio donde expresan preocupación por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad de Cosquín.
Córdoba 18 de marzo de 2021
Sures Noticias
Texto del petitorio que circula por la redes sociales
Las y los abajo firmantes: organizaciones de DDHH, organizaciones políticas, movimientos sociales, ambientales, feministas, gremios, partidos políticos y ciudadanía en gral, queremos expresar nuestra preocupación por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad de Cosquín, y el más profundo rechazo a las condiciones a las que son reducidos diariamente, merced a una precarización extrema, rayana con la esclavitud y la trata de seres humanos.
No es la primera vez que el Gobierno del Intendente Gabriel Musso, en Proyecto Cosquín (Partido Socialista+UCR), actúa de esta manera, desconociendo y negando las garantías laborales más elementales para la dignidad humana de las y los trabajadores municipales, toda vez que no cuentan con herramientas y equipo para trabajar de forma segura, sin derechos si se enferman o si se accidentan a ser asistidos; con dificultad para llegar a fin de mes con un salario paupérrimo, tras extenuantes jornadas laborales, sin obra social, sin derechos a capacitarse y estudiar, con horas extra no pagas, además de las garantías que cualquier empleador debe brindar para el desarrollo de un trabajo digno. Sumado a las tareas del hogar, maternar, amamantar y atender a sus hijos También es alarmante la leve reacción del sector sindical local tradicional, quienes dialogan con el gobierno sin lograr mínimas condiciones de dignidad para el desarrollo del trabajo municipal.
Musso gestiona el presupuesto que todos los coscoínos aportamos, haciendo uso y abuso del mismo y de las personas que desempeñan las tareas municipales. No conforme con ello, redobla estas prácticas despóticas y de maltrato permanente a quienes no pueden defenderse por su precariedad, a quienes obliga a declarar que "se someten al riesgo y la precariedad porque quieren", re victimizando a las y los trabajadores con acciones represivas que recuerdan a las peores épocas de nuestra historia, directas o a través de sus funcionarios, persiguiendo a quienes osan disentir o defenderse, o despidiéndolos.
Esta violencia laboral e institucional que el municipio ejerce, a través de nuestros representantes, tan sólo para tener servicios defectuosos por desidia de los funcionarios es un hecho que no podemos desconocer, avalar ni permitir para con nuestras y nuestros vecinos trabajadores, hijas/os, hermanas/os, madres y padres, ya que defendemos ante todo la república, el estado de derecho y la democracia, y rechazamos todos vínculo de vasallaje u otros en las relaciones laborales, exigimos que los vínculos laborales sean los garantizados por el estado y las leyes. No queremos tener relación con esas formas indignas.
Interpelamos a los partidos que conforman a Proyecto Cosquín a pronunciarse sobre este régimen establecido de innegables prácticas antidemocráticas. Llamamos a todas las fuerzas vivas, políticas y sociales a pronunciarse en contra de estas prácticas ilegales, sistemáticas e inhumanas y a impulsar el juicio político contra las autoridades responsables.
Se realizarán hasta el sábado 20 de abril, por la mañana y por la tarde. El objetivo es reducir los riesgos de transmisión de las enfermedades dengue, chikungunya y zika. Los agentes de salud se encuentran identificados y solicitarán el ingreso a las viviendas.
Caja de Jubilaciones: el haber mínimo no será menor de $210.000. Con los haberes de marzo, aumenta el Complemento Previsional Solidario de $52.000 a $100.000. Los jubilados y pensionados provinciales cobrarán mañana miércoles 27 de marzo.
En Córdoba se llevaron a cabo dos marchas: la histórica encabezada por organismos de Derechos Humanos y otra por la izquierda tradicional. Se emitieron tres documentos, todos con fuertes críticas a las políticas negacionistas y al ajuste de Milei, y dos de ellos también criticaron al gobierno provincial por su alianza con el gobierno libertario y su ajuste. Las organizaciones informaron cifras de asistencia: 150,000 personas en la primera marcha y 30,000 en la segunda. Sures Noticias calculó propias cifras basándose en datos planimétricos y la información proporcionada por referentes organizativos que describieron la extension de las movilizaciones.
Trabajadores y trabajadoras de espacios cooperativos convocaron a una nueva Asamblea pública con radio abierta el próximo viernes 12 de abril a las 12 hs. Será frente al Ministerio de Cooperativas y Mutuales (27 de abril 172) con el objetivo de fortalecer las redes y estrategias organizativas en la lucha por mejores condiciones de vida.
La vicegobernadora Myrian Prunotto, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y al intendente Fabián Reschia, hicieron entrega de kits a familias de la localidad. Prunotto salto a escenario provincial cuando en junio del 2018, siendo intendenta, fue protagonista política junto la provincia del desalojo violento a decenas de familias con topadoras en el barrio comunitario Parque Esperanza.
A primeras horas de la mañana, el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, acompañado por los abogados Eugenio Biafore y Claudio Orosz, presentó un habeas corpus preventivo en los tribunales federales de la ciudad donde solicitó que la Justicia garantice el ingreso de las y los trabajadores que no fueron despedidos -en tanto no haya notificaciones fehacientes y conformes a la legalidad vigente-, las y los salve de cualquier tipo de violencia que pudieran ejercer las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, se haga efectivo el derecho a realizar asambleas en los lugares de trabajo, tal como lo establece la Constitución.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
La Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba expresó en un comunicado su profunda preocupación y rechazo al hostigamiento y persecución de las que fueron víctimas la Decana, Mariela Parisi y profesoras de la Cátedra de Producción Gráfica, cuando se publicó el Trabajo Práctico propuesto a estudiantes sobre la cobertura periodística de la próxima Marcha Federal Universitaria.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.