Organizaciones de DDHH, organizaciones políticas, movimientos sociales, ambientales, feministas, gremios, partidos políticos lanzaron un petitorio donde expresan preocupación por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad de Cosquín.
Córdoba18 de marzo de 2021
Sures Noticias
Texto del petitorio que circula por la redes sociales
Las y los abajo firmantes: organizaciones de DDHH, organizaciones políticas, movimientos sociales, ambientales, feministas, gremios, partidos políticos y ciudadanía en gral, queremos expresar nuestra preocupación por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad de Cosquín, y el más profundo rechazo a las condiciones a las que son reducidos diariamente, merced a una precarización extrema, rayana con la esclavitud y la trata de seres humanos.
No es la primera vez que el Gobierno del Intendente Gabriel Musso, en Proyecto Cosquín (Partido Socialista+UCR), actúa de esta manera, desconociendo y negando las garantías laborales más elementales para la dignidad humana de las y los trabajadores municipales, toda vez que no cuentan con herramientas y equipo para trabajar de forma segura, sin derechos si se enferman o si se accidentan a ser asistidos; con dificultad para llegar a fin de mes con un salario paupérrimo, tras extenuantes jornadas laborales, sin obra social, sin derechos a capacitarse y estudiar, con horas extra no pagas, además de las garantías que cualquier empleador debe brindar para el desarrollo de un trabajo digno. Sumado a las tareas del hogar, maternar, amamantar y atender a sus hijos También es alarmante la leve reacción del sector sindical local tradicional, quienes dialogan con el gobierno sin lograr mínimas condiciones de dignidad para el desarrollo del trabajo municipal.
Musso gestiona el presupuesto que todos los coscoínos aportamos, haciendo uso y abuso del mismo y de las personas que desempeñan las tareas municipales. No conforme con ello, redobla estas prácticas despóticas y de maltrato permanente a quienes no pueden defenderse por su precariedad, a quienes obliga a declarar que "se someten al riesgo y la precariedad porque quieren", re victimizando a las y los trabajadores con acciones represivas que recuerdan a las peores épocas de nuestra historia, directas o a través de sus funcionarios, persiguiendo a quienes osan disentir o defenderse, o despidiéndolos.
Esta violencia laboral e institucional que el municipio ejerce, a través de nuestros representantes, tan sólo para tener servicios defectuosos por desidia de los funcionarios es un hecho que no podemos desconocer, avalar ni permitir para con nuestras y nuestros vecinos trabajadores, hijas/os, hermanas/os, madres y padres, ya que defendemos ante todo la república, el estado de derecho y la democracia, y rechazamos todos vínculo de vasallaje u otros en las relaciones laborales, exigimos que los vínculos laborales sean los garantizados por el estado y las leyes. No queremos tener relación con esas formas indignas.
Interpelamos a los partidos que conforman a Proyecto Cosquín a pronunciarse sobre este régimen establecido de innegables prácticas antidemocráticas. Llamamos a todas las fuerzas vivas, políticas y sociales a pronunciarse en contra de estas prácticas ilegales, sistemáticas e inhumanas y a impulsar el juicio político contra las autoridades responsables.
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Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)