Un nuevo juicio por los crímenes del que fueron víctimas los militantes que formaron parte de la llamada “contraofensiva” de Montoneros comenzó hoy con la lectura de la acusación. Este debate se suma al que ya está transitando los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, y tiene como único imputado al ex integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo, Mario Guillermo Ocampo, quien en el final de la audiencia fue interrogado respecto de los datos de identificación y luego hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio respecto de los hechos por los que se lo acusa.

La audiencia comenzó cerca de las 15.00 y se realizó de manera tanto virtual como presencial. La transmisión de esta jornada, al igual que las venideras -las próximas están previstas para el 4, 11, 18 y 25 de marzo-, pudo seguirse a través del sitio La Retaguardia, mediante el enlace https://youtu.be/AxSf0KJQBn4 En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la auxiliar fiscal Gabriela Sosti. La parte acusadora también está integrada por las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y otras dos particulares.

La acusación: homicidios, privaciones ilegales de la libertad y tormentos

En su requerimiento de elevación a juicio de octubre de 2019, el fiscal federal Miguel Ángel Blanco García Ordás había considerado que Ocampo debe ser juzgado por los delitos, en calidad de autor mediato, de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 47 hechos -44 agravadas también por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos-; y homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en 43 hechos. Ocampo no comenzó a ser juzgado en el otro juicio porque se mantuvo prófugo desde 2012 hasta febrero de 2019, cuando fue localizado y detenido en un country bonaerense.

En dicha pieza, el MPF sostuvo que el acusado participó “en la ejecución del plan de represión implementado por el entonces gobierno militar, en lo que concierne al accionar de aniquilamiento desplegado por el Ejército Argentino, contra las personas que formaron parte del operativo denominado ‘Contraofensiva Montonera’ entre los años 1979 y 1980, dentro del ámbito del Comando de Institutos Militares, de la Zona de Defensa IV, del territorio nacional y del exterior del país”. En ese sentido se precisó que entre el 21 de diciembre de 1979 y el 31 de noviembre de 1981 Ocampo ocupó el cargo de jefe de la Segunda Sección de Ejecución del mencionado Destacamento, y que “su actuación fue relevante para la ejecución de las actividades de inteligencia, para proponer el reclutamiento y despliegue del personal y para la realización de las actividades de investigación que expresamente se ordenaran. Es decir que ejecutaba los procedimientos para la reunión de información y para proporcionar refuerzos y apoyo a otras unidades de inteligencia”.

Según se reseñó allí, “los hechos que se investigan en el presente caso fueron todos cometidos en el marco de lo que históricamente se denominó ‘Contraofensiva Montonera’”. “La conducción montonera analizaba la coyuntura económica de nuestro país marcada por la recesión con inflación, lo que implicaba la desnacionalización de la economía, el crecimiento del sector financiero en desmedro de la producción, la trasferencia de ingresos a los pulpos monopólicos, el aumento de la presión tributaria, el quebrantamiento de la industria, el predominio de la franja exportadora sobre la productora en el campo y el saqueo de los sectores populares que estaba a la vista del mundo, y ese contexto lo asociaba con una pronta y activa repulsa popular del pueblo argentino al gobierno de facto que iría de la mano de una nueva aparición del movimiento en la Contraofensiva Montonera”, agregó Blanco García Ordás.

“Frente a este panorama político-social -continuó-, la cúpula del grupo Montoneros resolvió que integrantes de dicha organización que se encontraban exiliados y/o fuera del país, fueran reclutados por su conducción nacional y regresaran al país -entre los años 1979 a 1980- a fin de llevar a cabo determinadas acciones directas y propagandísticas”.

La actuación de Ocampo se habría enmarcado, entonces, en la “Sección de Operaciones Especiales” (SOE) que dependía directamente del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, en ese entonces a cargo de Cristino Nicolaides, montada como respuesta a la Contraofensiva.

Cabe recordar que en el juicio que ya transita las instancias finales -y que tiene como acusados a Jorge Apa, Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Roberto Dambrosi, Marcelo Sixto Courtaux y Juan Firpo, para quienes la fiscalía reclamó perpetuas como coautores de genocidio-, Sosti resaltó en su alegato, al analizar los homicidios, que el accionar represivo estatal se deshacía de los prisioneros y prisioneras cuando ya se había obtenido la información necesaria bajo la tortura. "Lo único con lo que no contamos es con los cadáveres. Es lo que reclama la sociedad: que digan qué hicieron con los cuerpos. Eso no es óbice [obstáculo] para avanzar con la acusación. No contamos con datos como el día, hora, lugar y el destino del cuerpo. Sabemos que esas personas están muertas y que los dictadores construyeron el concepto más abominable que se puede concebir: la desaparición".