Asociaciones de consumidores impulsan un proyecto de ley de insolvencia familiar, para que las familias que enfrentan altos niveles de endeudamiento, producto de la caída de ingresos causada por la pandemia de coronavirus, puedan acceder a una mediación por parte del Estado para llegar a un mejor acuerdo con sus acreedores.
Argentina11 de julio de 2020
Sures Noticias
"Hay que crear alguna herramienta o instrumento que genere la posibilidad de que el deudor, que se haya endeudado de buena fe, pueda sentarse en una mesa de negociación en una situación de equilibrio y a través de un marco administrativo y legal que le provea el Estado pueda renegociar toda su deuda", dijo a Télam el presidente de la asociación Cruzada Cívica, Mariano Gendra Gigena.
El proyecto de ley de insolvencia familiar es impulsado desde las entidades de defensa de consumidores Cruzada Cívica, Adelco y Adecua, y será presentado en la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
Al respecto, Gendra Gigena manifestó: "creemos que es una herramienta más que necesaria en este momento, por la situación de insolvencia de 89% de los hogares argentinos; 9 de cada 10 hogares están sobre endeudados, con deudas muy por encima de su capacidad de ingreso".
"Los sectores medios, medios bajos, venían extremadamente golpeados de cuatro años de ajustazos exorbitantes de servicios públicos, y esta cuarentena con la pérdida absoluta de ingresos ha llevado la situación de emergencia a una situación de insolvencia", aseguró.
El abogado, especialista en consumo, dijo que que en comparación con lo que existe para las empresas como concursos y quiebras, esta herramienta sería para las familias "como una instancia preconcursal", y detalló que "ya existe en España y también en Chile se aplica muy bien; en Perú y Colombia lo están analizando en sus respectivos congresos".
"En la situación de los números que estamos viendo que está dejando la pandemia, es imprescindible", sostuvo.
Dijo que "no hay garantia ni desembolso por parte del Estado, sino que se busca crear el ámbito y mediaciones de profesionales que sean propicios para llegar a acuerdos" a las familias que tienen deudas de servicios, alquileres, expensas, tarjetas de crédito, cuotas hipotecarias, prendarias, con colegios, prepagas y clubes de barrios, entre otros.
De acuerdo con un informe del Cerx, la deuda total de las familias alcanzó los $ 1.905.119 millones y afectó a 11,9 millones de hogares, que equivalen al 86,5% de los hogares del país, unos 163.000 hogares menos que en mayo, aunque creció en $ 83.415 millones la deuda para quienes no pudieron cancelar sus pasivos.
Gendra Gigena observó que "cuando salgamos de esta cuarentena estas familias van a tener una cola de acreedores pidiendo que paguen y es imposible que lo puedan afrontar" e insistió: "Esto no es un subsidio, no es un préstamo, no le genera un centavo al Estado, es crear un mecanismo que proteja y le de contención especialmente a los sectores medios y bajos".
"Lo estamos hablando con senadores y diputados de distintos espacios políticos, del Frente para la Victoria y también de la oposición; la Secretaría de Defensa al Consumidor nos ha manifestado su apoyo; los defensores del pueblo de distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires que integran la Asociación de Defensa del Pueblo (Adpra) nos han expresado en forma expresa su apoyo a este proyecto", afirmó.
"Esto requiere que ya sea parte de una serie de medidas de contención y estar acompañado de medidas productivas que busquen preservar el empleo y generar nuevas fuentes de trabajo que se están perdiendo en estos meses, volver a abrir comercios y pymes que cerraron", concluyó.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.