En lo formal, el tribunal de apelaciones sacó el expediente de las manos del juez Federico Villena por el temor de parcialidad expresado por tres de los imputados y lo puso en las del juez Juan Pablo Auge quien, como primera medida, lo delegó en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Aunque no desconfían del juez, es precisamente en los fiscales en quienes descansa la tranquilidad de los querellantes, ya que Incardona y Eyherabide ya tenían delegada desde antes la causa por el supuesto espionaje ilegal en el Instituto Patria.

Fueron los fiscales quienes solicitaron allí la detención de Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, y sindicado como jefe operativo de los ex agentes denunciados por espionaje ilegal; y luego las causas de espionaje fueron unificadas.

Los primeros pasos que dieron los fiscales y el juez estuvieron apuntados a resolver los planteos excarcelatorios y de prisiones domiciliarias que formularon los más de 20 acusados de la causa.

Casi en simultáneo, los magistrados deberán abocarse a resolver la situación procesal de los imputados que ya fueron indagados e preparar las indagatorias de los últimos detenidos que aún no declararon.

En sus resoluciones de las últimas horas, Auge ordenó las prisiones domiciliarias de la exfuncionaria Susana Martinengo, y los exagentes Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge "Turco" Saez, entre otros; en tanto que dispuso la excarcelación de Guillermo Matta, Johnatan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos.

En los casos de Matta, Nievas, Lasaigues y Bustos, que aún no fueron indagados, el juez ya dispuso días y horarios para sus citaciones a declaración indagatoria, tras analizar la prueba y preparar las diligencias correspondientes.

Matta fue citado para el martes próximo a las 9; Nievas, también ese mismo día, pero a las 11, y a Lasaigues a las 14; en tanto, Bustos deberá concurrir a indagatoria el próximo miércoles, a las 9.

Por su parte, el exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz. continúa detenido, y Martín Terra sigue en rebeldía y prófugo de la justicia.

"Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas", destacó el camarista Roberto Agustín Lemos Arias en su resolución.

El cambio de juez se produjo tras un planteo de los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge "Turco" Sáez quienes sostuvieron que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan en este y otro expediente que está en manos de Auge.

Para los acusados, el juez Villena era juez y parte y estaba ante la posibilidad de tener que investigarse a sí mismo "ya sea por haber sido engañado o por ser parte del entramado ilegítimo que se investiga en las actuaciones" por lo que "carece de la objetividad necesaria para llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados".

En la causa se investiga "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia" que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales".

Entre las presuntas víctimas de la organización se encuentran la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; y otros dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos y periodistas.

Uno de los abogados que conocen el expediente sostuvo -en diálogo con Télam- que el cambio de juez no implica la caída de la causa, ni la nulidad de indagatorias y que ni siquiera significa que el juez removido haya hecho algo ilegal o por fuera de las normas sino que está justificado el temor que pueden tener los acusados a los que se les debe garantizar la imparcialidad del juez.

"La jurisprudencia es pacífica, no implica que los actos jurídicos del juez removido no sean válidos, la recusación no acarrea la nulidad de los actos", sostuvo la fuente al analizar la decisión de tribunal de apelaciones.

"El Código Procesal establece que el juez que intervenga en una causa tiene que hacer todos los actos procesales que garanticen el éxito de la investigación: juntar prueba, allanar, evitar que se fuguen. Las medidas que tomó Villena no fueron irracionales", sostuvo el abogado.

En el expediente ya se detectaron mensajes de texto entre espías que daban cuenta de las maniobras, se secuestraron celulares, computadoras y documentos y se detectaron cableados para tareas de espionaje en el penal de Ezeiza, en un pabellón en el que estuvieron detenidos varios ex funcionarios kirchneristas.

Entre los principales acusados del expediente figura la ex coordinadora de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo, quien declaró en la noche del jueves y confirmó su vínculo con los espías, aunque dijo que no recibía de ellos informes de inteligencia, sino que se nutría de información que ellos le aportaban.