En un comunicado manifestaron:
En medio de la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, el que además contraría el decreto del Gobierno Nacional 329/2020, que explícitamente prohíbe suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, justamente el argumento que falsamente esgrime el Gobierno Provincial en el Boletín Oficial.
Somos trabajadoras rurales de la economía popular que nos organizamos a diario en espacios colectivos de producción y distribución de alimentos sanos y de acceso popular. Con mucho esfuerzo hemos sostenido nuestro trabajo en este tiempo de Aislamiento Social, respetando todas las medidas de prevención y distanciamiento; y generando además herramientas comunitarias de cuidado de los sectores más vulnerables de nuestros territorios (colaborando con los equipos de salud, haciendo campañas de donación de alimentos, acompañando a las personas que atraviesan situaciones de violencia, etc.). Por lo que no sólo seguimos trabajando, sino que hemos redoblado esfuerzos.
Sonia de la Huerta Comunitaria de San Agustín
La decisión del Gobierno Provincial nos empuja a una situación crítica: nos deja sin el único ingreso familiar para varios hogares de nuestras organizaciones. sin esos programas, muchas de nosotras no sabemos cómo vamos a volver a darle de comer a nuestres hijex . Situación que nos llena de angustia y preocupación, y que pone aún más en riesgo nuestra salud en tiempos de pandemia. Cabe aclarar que en nuestro caso en particular son 26 compañeras las que quedarían suspendidas, aunque la organización la integramos hoy más de 180 familias, de las cuales son más de 100 quienes no reciben ningún tipo de reconocimiento económico por parte de ningun nivel del Estado. Esto en un marco de desempleo endémico e industrialización general del agro. Señalamos esto porque debe comprenderse que esos 26 Mujeres Por Mi, no sólo deben respetarse, sino que debería preverse una cobertura para otras 100 compañeras que hoy trabajar produciendo alimentos fundamentales para sus familias y nuestros pueblos.
En el último mes, agotamos los canales de diálogo con el gobierno provincial que están a nuestro alcance, sin obtener solución alguna. Por ello, nos vemos forzadas a dar inicio a un plan de lucha escalonado que, en esta primera instancia, incluye acciones de visibilización y difusión de nuestros problemas. En esta primera instancia, realizaremos una jornadas de ollas populares el día Martes 26 de Mayo, en los distintos pueblos de la zona que vivimos, nos organizamos y trabajamos. Iremos luego tomando las medidas que consideremos pertinentes, acorde a la gravedad de nuestra situación, hasta que seamos escuchadas y obtengamos una respuesta favorable a nuestro justo reclamo.
Estamos convencidas de que queremos un país con Tierra, Techo, Trabajo y Vida Digna para todes. En ese sentido, sabemos que los programas provinciales de empleo no son una solución de fondo, y necesitamos que el Estado acompañe el desarrollo de las organizaciones, espacios productivos y cooperativas de nuestro sector con más y mejores políticas: acceso a la tierra, maquinarias y tecnologías; reconocimiento de todos/as los/as trabajadores/as de la Economía Popular con un salario social universal; contrataciones y compras estatales de nuestros servicios y productos; entre otras medidas. Por ello venimos exigiendo el funcionamiento pleno y efectivo del Programa Provincial de Economía Popular (aprobado a comienzos de 2019), entre otras políticas.
Pero de ningún modo podemos permitir un paso atrás en nuestros derechos conquistados, no podemos quedarnos calladas si nos obligan a quedarnos en casa, mientras nos sacan el pan de la mesa de nuestres hijes.
Con la dignidad de nuestro trabajo, nuestra organización y nuestra lucha, nos ponemos en movimiento.
Trabajadores y Trabajadoras Unidas por la Tierra Calamuchita y Santa María - Córdoba
