Según informó hoy el organismo internacional en un comunicado, la medida se adopta "a raíz de una disputa territorial que dio lugar a un proceso de desalojo en contra de la comunidad", en el que "las personas propuestas como beneficiarias están amenazadas y habrían sufrido actos de violencia en su contra".
A través de la resolución, se notificó ayer al Estado Argentino que deberá tomar medidas para la "protección de los derechos a la vida e integridad de los miembros" de la comunidad mapuche.
"Al momento de valorar la decisión, la CIDH tomó en cuenta el contexto de la disputa territorial, el cual puede contribuir a exacerbar el clima de violencia señalado, así como observó los reiterados episodios de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo, los cuales habrían incluido el uso, en más de una ocasión, de armas de fuego, el arrojo de piedras y gomeras y golpes", indicó el organismo.
Además, señaló que "la intensidad del riesgo enfrentado puede asimismo apreciarse a través de una serie de indicios que supuestamente denotarían una voluntad manifiesta de atentar contra los derechos de los beneficiarios" y menciona entre ellos "el sabotaje de los vehículos, las aparentes emboscadas en el único camino de acceso a la comunidad, incluso con la presencia de niños y niñas o el tenor de las amenazas proferidas".
El último episodio que se registró en la Lof Buenuleo fue un ataque con armas blancas y, tras los sucesos, la semana pasada, autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del Ministerio de Seguridad de la Nación estuvieron en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Allí se procedió a la firma del acuerdo para garantizar la protección e integridad de la comunidad Buenuleo, frente a los ataques que vienen sufriendo en los últimos años por un conflicto por tierras.
En su análisis, la CIDH observó que "los eventos de riesgo reportados son susceptibles de afectar seriamente los derechos a la vida e integridad personal" y que "el contexto de disputa territorial y la existencia de un procedimiento judicial puede contribuir a exacerbar el clima de violencia señalado".
"De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger a las personas del accionar cometido incluso por parte de terceros o particulares", señalaron en su escrito.
Finalmente, el organismo solicitó que se informe "sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".
