MEDIOS PUBLICOS

La cantante de Satélite Kingston falleció, no se pudo recuperar tras la interrupción gubernamental de su tratamiento oncológico. Su lucha judicial expone la cara más cruel del recorte sanitario del Coso Javier Milei.

La periodista Julia Mengolini compareció ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados para relatar su experiencia de hostigamiento. En una emotiva intervención, describió la "campaña de odio" que enfrenta, atribuida a altos funcionarios del Estado.

Con una inversión que supera los $18.772 millones, la Provincia lleva adelante una de las intervenciones más importantes en infraestructura escolar. La iniciativa permitirá ampliar la cobertura de gas natural a 405 establecimientos, beneficiando a miles de estudiantes y docentes.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó recientemente los costos de la canasta de crianza de junio, revelando una preocupante realidad sobre la economía familiar en Argentina. Para un bebé, el costo mensual de la canasta alcanza los $411.201, mientras que para un niño de entre 6 y 12 años, asciende a $517.364.

Trece meses después, la jueza María Servini sobreseyó a las últimas 16 personas detenidas "al voleo" durante la represión a la manifestación contra la Ley Bases. Un traspié para la criminalización de la protesta.

La Justicia aceptó una medida cautelar presentada por el gremio Sevina y dictó una medida de no innovar, impidiendo la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional impulsada por el Ejecutivo.

Por primera vez en 19 años, el próximo 23 de julio, se entregarán en Córdoba los Premios Sur, el reconocimiento más importante del cine argentino. Este hito reafirma a Córdoba como un verdadero distrito cinematográfico, que posiciona a la provincia no sólo como escenario, sino como meca y protagonista del cine argentino.

Cuatro comunidades mapuches exigen al gobernador Rolando Figueroa la entrega inmediata de las personerías jurídicas prometidas, derecho reconocido por la Constitución, normas provinciales y tratados internacionales, pero postergado por más de una década. La protesta visibiliza las consecuencias de no contar con registro legal y denuncia amenazas de represión por parte del Ejecutivo provincial.