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La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este lunes una acción judicial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que limita severamente el ejercicio del derecho a huelga. La presentación recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, y busca declarar la invalidez constitucional de la medida.
El decreto, publicado la semana pasada, amplía el listado de actividades consideradas "esenciales", incluyendo el transporte de cargas y de personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones. Estas áreas deberán garantizar el 75% de sus servicios aún en jornadas de paro. Además, crea una nueva categoría: “actividades de importancia trascendental”, que abarca desde industrias clave como la alimentación y la metalurgia, hasta el comercio, la construcción y los bancos. En estos casos, la prestación mínima obligatoria durante una huelga será del 50%.
Desde la CGT sostienen que esta normativa restringe de manera arbitraria y desproporcionada el derecho constitucional a la huelga. En los fundamentos del amparo, la central argumenta que la medida contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros tratados con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical.
“El decreto impone niveles mínimos de prestación que, en los hechos, hacen inviable cualquier medida de fuerza”, sostuvieron desde la CGT. También cuestionaron la legitimidad del instrumento utilizado: “El DNU fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, en un contexto donde el Congreso funciona con normalidad”.
La presentación judicial llegó pocos días después de una reunión entre el cotitular de la CGT, Héctor Daer, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada. Aunque el encuentro fue convocado formalmente para tratar cuestiones vinculadas al Hospital Naval, Daer ya había anticipado la decisión de acudir a la Justicia.
La central sindical pidió además una medida cautelar de “no innovar”, solicitando la suspensión inmediata de los artículos 2° y 3° del decreto, para evitar —según plantearon— “perjuicios irreparables al movimiento obrero” y preservar el ejercicio pleno de los derechos sindicales mientras se sustancia el proceso judicial.
Para la CGT, la huelga no es solo una herramienta de lucha, sino una condición necesaria para el equilibrio en la negociación colectiva. “Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”, advirtieron.
Con esta acción, la CGT abre un nuevo frente judicial contra el gobierno nacional, en medio de una creciente conflictividad social y sindical por las reformas laborales impulsadas por el oficialismo.
Fuente Infogremiales
