Organizaciones y ciudadanxs piden la remoción del ministro de Seguridad de Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega

Un colectivo de organizaciones hizo publico un pedido dirigido al gobernador Martín Llaryora para que remueva al ministro Juan Pablo Quinteros, al que responsabilizan por la “inseguridad reinante” y por el accionar tardío, reiterado, ante femicidios y búsquedas de personas”. Exigen además que la justicia rinda cuentas y reclaman “Justicia por Agostina Vega”
Córdoba12 de junio de 2026Sures NoticiasSures Noticias

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Un amplio grupo de vecinos, referentes sociales, organizaciones de derechos humanos y profesionales presentó en las últimas horas un pedido público dirigido al gobernador de la provincia de Córdoba, Dr. Martín Llaryora, solicitando la remoción inmediata del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La iniciativa, que circuló junto a una lista de adhesiones, fundamenta la solicitud en la “indignación” por la situación de inseguridad ciudadana que atraviesa la provincia.

El texto publico dirigido al Ejecutivo provincial plantea que la responsabilidad política recae en la máxima autoridad provincial. “Usted es la autoridad máxima, quien da las órdenes”, dice el documento, que cuestiona la gestión de la cartera de Seguridad y responsabiliza al ministro como “la cabeza visible de quien cumple sus órdenes”. En el escrito se advierte que, si Quinteros actuara bajo instrucciones del gobernador, ambos deberían responder ante la justicia y la ciudadanía por “las muertes recientes de jóvenes bajo violencia institucional estatal y por todos los femicidios que no se han resuelto por la incapacidad de los funcionarios responsables”.

Los firmantes agregan que, en caso de que el ministro haya obrado por decisiones propias, ello configuraría “un desorden institucional” por el cual también responsabilizan al gobernador. “En definitiva, si actúa bajo sus órdenes, estaríamos en presencia de un caso de obediencia debida por parte de sus subordinados y de él mismo, lo que ensuciaría definitivamente la imagen y gestión del gobierno provincial”, sostiene el reclamo.

La demanda incluye un pedido expreso de acciones concretas: la remoción inmediata del funcionario y que el Ejecutivo tome “las decisiones que correspondan y que crea necesarias”. Los impulsores del documento advierten además que la resolución del gobernador servirá para medir “a qué poderes responden sus decisiones, si a favor del pueblo o en contra del pueblo que lo ha elegido”.

Entre las adhesiones que acompañan el pedido figuran referentes de organizaciones y personas a título individual. Firman en representación de organizaciones: Tri Heredia — Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba; Marta Inés Salinas — APDH Argentina Regional Río Tercero; Cande Rodriguez — Colectivo Más Democracia; Laura Ezpeleta — Más Democracia; Manuel García; Nelida Rojas — Frente Grande Mendoza; Carlos Cleri — MP25M; Flavia Rodriguez — Forum Infancias Córdoba; Marta Veiga — Comisión Salud DDHH; Sonia Correali — Red Mujeres Alertas; Marina Molina — Comunidad Indígena Chavascate; Laulhé Daniela Paula — Movimiento Feministas; Gerónima Martinez — Instituto Superior de Lenguas y Culturas Aborígenes; Bruno Stura; Auki Fiorillo — Nube Diversa; Marisa Perea — Instituto de Culturas Aborígenes; Marcela Ferrer — Instituto de Culturas Aborígenes; Carlos Martin — MP La Dignidad San Marcos Sierras; Mónica Sonzini — Partido Obrero; Gabriela Llamazares — Partido FIT Villa María; María Isabel Carita; CUMPA; Guillermo Pablo Ensabella — Patria Soberana Córdoba; Alejandro Menardi — Cooperativa JSG; Marta Prato — Asamblea TransfeminIsta de Sierras Chicas; María Gisele Robledo; Instituto de Culturas Aborígenes; Victoria Medina — Candelas Danza Libre para Intervenciones Sociales; Valeria Jesús Abregú — PcD; Gonza Colin Hebert — Instituto de Culturas Aborígenes; Ana María Conca — Foro Solidario Córdoba; Elida Márquez — Multisectorial Villa María y Verónica Irene Consoli — Palermo K.

Adhesiones personales: Fernando Lopez; Silvia Velo; Sonia Marcela Álvarez; Silvia Gerez; Carlos Ardanaz — Abogado; Manuel García; Nelida Rojas; Flavia Rodriguez; Ana Salamone; Sanz Roberto — Médico; Aimé Sancho Furlán; Vir Peña; Tamara Di Giovanni; Vilma Vassallo; Vero Robledo; Romina Polenta; Alfredo Héctor Leiva; Matías Barrionuevo; Emma Interllige; Laura Rivero; María Keller; Alberto Gandulfo; Adriana Belen Masanti; Martina Urquia; Patricio Rafael Rodríguez; Victoria Sabattinj; Maria Rodriguez; Dante Tanner;  Malena Llorente; Mariana Giardino; Silvia Graciela Fois; Vanina Cometto; Sergio Sosa Quilaleo; Estela Heredia; Nora Freites; Antonella Planté; Germán Zader; Marina Elisa Gomez; Graciela Paiva; Ana Bertarelli; Noemi Mercedes Paiva Guillot; Ana Vensal; Rosalia Szabo; Maria Agustina Guzman Paiva; Dina Torres; Gisela Orlando; Priscila Moreau; Violeta Sparantino; Violeta Lemoine; Diana Silvetti; Amadeo Acosta Oyola; Silvina Bustos; Gustavo Albarracín; Juan Fernando Trcka; Estela Maris Caraballo; Dern Montero; Malena Rossa; Sosa Virginia; Ester Morero; Luis Daniel Baravalle; Andrea Liliana Ledesma; Luciano Garrone; Isabel Otañi — Palermo K; Alicia Parada Gotz — Psicóloga social, entre otrxs.

El reclamo se enmarca además en la consigna “JUSTICIA POR AGOSTINA VEGA”, que aparece destacada en el documento como emblema de las demandas de esclarecimiento y sanción frente a episodios de violencia. Los organizadores adelantaron que la lista de adhesiones se ampliará con nuevas medidas y convocatorias públicas..

También solicitaron a la justicia que “dé cuenta de su actuación”, reclamando transparencia y celeridad en las causas vinculadas a violencia institucional y violencia de género.

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