Julian Assange contra el Nobel: cuando el “premio de la paz” financia la guerra

El testamento de Nobel bajo sospecha
La denuncia presentada en Suecia sostiene que el comité incumplió el mandato original de Alfred Nobel, que exige premiar a quien haya hecho “la mayor o mejor obra por la fraternidad entre las naciones” y la reducción de los ejércitos permanentes. Para Assange, desembolsar 11 millones de coronas suecas a Machado desnaturaliza esa finalidad y constituye una apropiación indebida de la dotación del premio.

El señalamiento no es solo ético, sino jurídico: el escrito remarca que la decisión política del comité noruego no libera a la Fundación Nobel de su deber fiduciario como administradora de fondos suecos. Si el dinero se usa para finalidades contrarias al testamento –argumenta– podría configurarse un delito económico, más allá del prestigio simbólico del galardón.

Del instrumento de paz al instrumento de guerra
El núcleo de la acusación va más allá de una supuesta mala administración y se adentra en el terreno del derecho penal internacional. Assange imputa a directivos y responsables de la Fundación Nobel la facilitación de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el financiamiento del crimen de agresión, invocando las obligaciones de Suecia bajo el Estatuto de Roma.

La denuncia destaca que la propia Fundación ya intervino en 2018 al retener el Premio Nobel de Literatura, prueba de que la supervisión sobre los desembolsos es posible cuando existe voluntad política. En contraste, la inacción frente a un contexto de escalada militar estadounidense en el Caribe —descrito como el mayor despliegue en la región desde la Crisis de los Misiles— es leída por Assange como una complicidad activa con la guerra.​

María Corina Machado como síntesis del giro militarista
El documento judicial reconstruye declaraciones y antecedentes de Machado para sustentar que su perfil es incompatible con cualquier noción clásica de “pacifismo”. En su haber se enumeran llamados explícitos a la intervención militar en Venezuela, el respaldo a ataques estadounidenses contra buques civiles con decenas de muertos y la dedicación del premio al presidente Donald Trump, a quien agradece haber elevado a Venezuela a prioridad de seguridad nacional.

El expediente también recuerda que en 2014 la dirigente opositora ya defendía ante el Congreso de Estados Unidos que “el único camino que queda es el uso de la fuerza”. A eso se suman elogios a la conducción de Benjamin Netanyahu en Gaza y el compromiso de abrir a corporaciones estadounidenses el acceso a reservas petroleras y recursos naturales venezolanos en un eventual escenario de cambio de régimen.

Un premio cuestionado desde dentro del campo de la paz
Lejos de ser una polémica aislada de Assange, la denuncia cita un archivo de críticas provenientes del propio universo de la paz y los derechos humanos. Veintiuna organizaciones pacifistas noruegas definieron a Machado como “lo opuesto a un Premio Nobel de la Paz”, mientras que el argentino Adolfo Pérez Esquivel calificó el galardón como una “burla” al testamento de Alfred Nobel.​

El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) también confirmó que la dirigente venezolana ha pedido una intervención militar en su país, un dato incómodo frente a la narrativa oficial de defensa de la democracia y los derechos humanos que suele rodear al premio. Este coro de voces evidencia una fractura entre quienes conciben la paz como disuasión armada y quienes la vinculan con desmilitarización y justicia social.

Lo que está en juego para Suecia y la CPI
Assange pide a las autoridades suecas congelar inmediatamente la transferencia del premio, incautar documentación interna de la Fundación Nobel e interrogar a sus máximas autoridades, además de evaluar la remisión del caso a la Corte Penal Internacional. El argumento de fondo es que existe “un riesgo real” de que fondos caritativos estén siendo desviados para facilitar agresiones militares y crímenes internacionales.

La ofensiva judicial pone a Suecia frente a una disyuntiva: tratar al Nobel como un símbolo intocable o asumir que también puede ser escrutado bajo las mismas normas que se reclaman para otros actores globales. Si prospera siquiera parcialmente, el caso puede abrir un precedente incómodo para fundaciones y organismos que, en nombre de la paz, terminan alineando recursos y legitimidad con estrategias de guerra.