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Durante el conversatorio se reafirmó que la solidaridad humanitaria no es delito y se denunció la desaparición de Lichita, el doble infanticidio de sus primas y el hostigamiento a su familia. También se criticaron las condiciones inhumanas de detención de presas políticas paraguayas, señalando que Carmen Villalba seguía privada de libertad pese a haber cumplido su condena y que ella, Laura Villalba y Francisca Andino fueron sometidas a aislamiento y castigos denunciados como tortura.
El eco de la impunidad en el Cono Sur: A 67 meses de la desaparición de Lichita y la vigencia del terrorismo de Estado
El 48° Encuentro del Ciclo de Debates "¿Dónde está Lichita?" desnudó la persistencia de una matriz represiva en Paraguay que no ha retrocedido desde la dictadura. Al cumplirse 67 meses de la desaparición forzada de la niña Carmen Elizabeth "Lichita" Villalba, el conversatorio denunció no solo el doble infanticidio de sus primas Lilian Mariana y María Carmen, sino también una alarmante coordinación regional para criminalizar la solidaridad internacional. Lo que enfrentamos no es un hecho aislado, sino una política de Estado que utiliza el asesinato, la desaparición de niñeces y el cerco judicial para garantizar el control territorial de la oligarquía terrateniente
Crónica de una herida abierta: El operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)
Para entender la degradación democrática en Paraguay, es imperativo analizar el operativo del 2 de septiembre de 2020 como un punto de inflexión. Aquel día, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) —unidad militar que opera desde 2013 bajo el diseño de gobiernos como el de Horacio Cartes para proteger intereses latifundistas— ejecutó una masacre en el norte paraguayo. Allí fueron asesinadas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos niñas argentinas de 11 años. La presencia de las niñas en la zona, junto a Lichita y su melliza Anita, tenía una explicación civil que el Estado omitió: el cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19 les impidió retornar a sus hogares en Misiones, Argentina, tras una visita familiar.
La narrativa oficial del gobierno de Mario Abdo Benítez, que presentó a las niñas como "guerrilleras abatidas" y las exhibió en uniformes que les fueron colocados post-mortem, se desmorona ante los hechos. Lichita, herida de bala en la pierna y con un refilón en la cabeza durante el ataque, logró resguardarse inicialmente junto a su tía Laura. Sin embargo, tras ser vista por última vez el 30 de noviembre de 2020, los testimonios campesinos e indígenas son coincidentes: los militares se la llevaron con vida. Su desaparición es el eslabón de una cadena de violencia sistemática destinada a aniquilar a la familia Villalba a través de sus miembros más vulnerables.
El aparato judicial como herramienta de persecución política
En Paraguay, la ley no es un garante de derechos, sino un apéndice de la bota militar. El sistema judicial ha perfeccionado el uso de condenas sin pruebas y la extensión ilegal de penas para silenciar la disidencia. Laura Villalba, testigo clave del infanticidio de sus sobrinas y la desaparición de su hija, purga hoy una condena de 31 años en una causa fabricada. Paralelamente, Carmen Villalba, madre de Lichita, cumplió su condena original en julio de 2021, pero una maniobra judicial la mantiene cautiva con una extensión ilegal hasta 2033.
Actualmente, Carmen, Laura y Francisca Andino enfrentan condiciones de tortura y aislamiento extremo en la cárcel de Emboscada, sin acceso a visitas desde finales de 2023. No obstante, en un acto de resiliencia que el Estado intenta invisibilizar para sostener su discurso de "monstruosidad", Carmen y Francisca lograron graduarse como licenciadas en Psicología en plena reclusión de máxima seguridad. Como subrayó Lila durante el encuentro:
"Es una condena no solo jurídica sino una condena política... tiene una prisión ilegal hace ya casi 5 años".
Esta persecución trasciende el derecho penal; es un intento de quebrar la moral de quienes defienden la soberanía popular.
De Stroessner a la actualidad: El testimonio de Apolonia Flores
El testimonio de Apolonia Flores es el puente que une el horror de los años 80 con la tragedia actual, confirmando que el "continuismo" estronista es la columna vertebral del poder en Paraguay. En 1980, durante el régimen de Alfredo Stroessner, Apolonia fue baleada, torturada y encarcelada a los 12 años por pertenecer a las Ligas Agrarias Cristianas de Caaguazú. Su caso, donde 10 campesinos permanecen desaparecidos, guarda un paralelismo escalofriante con el de Lichita: ambas niñas fueron víctimas de un Estado que etiqueta como "guerrillero" a cualquier cuerpo que resiste.
Apolonia recordó cómo el propio dictador Stroessner la visitó cuatro veces en el hospital policial, ofreciéndole educación y privilegios personales a cambio de su silencio. Con una dignidad que hoy resuena en la búsqueda de Lichita, la niña de 12 años rechazó la oferta preguntando por qué el dictador no proveía salud y educación a toda su comunidad en lugar de intentar comprar su voluntad. Apolonia fue contundente:
"Hasta ahora la dictadura sigue... nos duele mucho la desaparición de Lichita también, igual como a mí me pasó... siendo que ella es una niña".
La impunidad del "Caso Caaguazú" es la que permite que los verdugos de hoy operen con la misma metodología de ayer.
La Geopolítica de la represión y la solidaridad criminalizada
La solidaridad internacional no es injerencia, sino un mecanismo de protección democrática frente a Estados que operan en la ilegalidad. Sin embargo, el conversatorio expuso un patrón regional de hostilidad coordinada. María José Cano relató cómo la misión de la CTA en Bolivia fue saboteada por el gobierno de Rodrigo Paz en un contexto de reformas neoliberales y masacres campesinas. Asimismo, Emilia Trabuco detalló el secuestro de los periodistas de la agencia Nodal, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes estuvieron 30 días incomunicados y en huelga de hambre tras ser detenidos por fuerzas de Libia del Este mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.
Esta coordinación represiva tiene su expresión más reciente en el Cono Sur: el gobierno argentino de Javier Milei retiró el estatus de refugiados a la familia Villalba, forzando su exilio hacia Venezuela. Los denominadores comunes de este cerco son claros:
Demandas de Justicia y Conclusión: "Nuestros pechos serán las murallas"
La desaparición de Lichita es el síntoma de una región donde la infancia es tratada como botín de guerra. Frente a estados que operan fuera del marco del derecho, la movilización popular es la única barrera contra la barbarie. La campaña internacional no solo exige justicia; exige la preservación de la humanidad.
Demandas Urgentes:
La memoria de Apolonia Flores y la búsqueda de Lichita nos enseñan que la resistencia no conoce fronteras. Como reza la promesa de protección colectiva que hoy abraza a la familia Villalba: nuestros pechos serán las murallas que defiendan la vida frente a la saña del poder.
Acá se puede ver el conversatorio completo:
