Balance del primer año de la Ley Bases: Concentración de poder, fracaso del RIGI y destrucción de empleo

El primer año de vigencia de la Ley Bases dejó un saldo preocupante: concentración extrema del poder ejecutivo, desarticulación masiva del Estado, fracaso rotundo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una destrucción de empleo que alcanzó los 173.563 puestos de trabajo registrados. Así lo revela un exhaustivo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza los impactos reales de la norma presentada como el puntapié inicial para "la libertad de los argentinos".

La denominada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", aprobada el 8 de julio de 2024, habilitó una delegación de facultades legislativas sin precedentes en la democracia argentina. En apenas un año, el Poder Ejecutivo dictó 157 normas con rango de ley: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se amparán directamente en las delegaciones previstas por la Ley Bases.

El desguace sistemático del Estado
Una de las consecuencias más dramáticas fue la desarticulación sistemática del aparato estatal. El gobierno disolvió organismos estratégicos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y transformó la AFIP en ARCA1. Pero el golpe más severo se produjo en la eliminación de 20 fondos fiduciarios que financiaban políticas públicas esenciales.

Entre los fondos eliminados se destacan el Pro.Cre.Ar, el Fondo de Vivienda Social, el Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo de Integración Socio Urbana, este último llevado a la justicia por irregularidades en su disolución1. La eliminación de estos instrumentos se produjo en un contexto de ajuste presupuestario y sin presupuesto nacional aprobado por segundo año consecutivo, generando serias dudas sobre el destino de los fondos existentes al momento de la disolución.

El informe también documenta transformaciones ideológicas que afectaron políticas de Derechos Humanos, como la transferencia del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio ESMA, además de la fusión de institutos históricos como el Sanmartiniano, el Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Eva Perón.

El fracaso rotundo del RIGI
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, presentado como la herramienta estrella para atraer inversión extranjera directa, mostró resultados decepcionantes. De los 14 proyectos presentados, solo 5 fueron aprobados, y de estos, 4 ya existían previamente a la sanción del régimen.

Los datos son contundentes: en lugar de atraer capitales extranjeros, YPF, empresa de mayoría estatal, protagoniza las inversiones del RIGI con USD 9.575 millones de los USD 16.514 millones totales, representando el 58% del monto previsto1. Peor aún, la inversión extranjera directa registró un saldo negativo de USD 1.500 millones desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, evidenciando un proceso de desinversión en lugar de atracción de capitales.

En materia de empleo, los resultados son igualmente desalentadores. Los 5 proyectos aprobados generarían apenas 1.616 empleos directos y 8.497 indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Esta cifra representa únicamente el 20,7% de la pérdida de empleo privado registrada desde noviembre de 2023.

El gobierno también perdió la principal inversión prevista: PETRONAS de Malasia retiró su proyecto de planta de licuefacción debido a "desmanejos en la localización de la planta", generando desconfianza en los inversores sobre la seguridad jurídica.

Privatizaciones sin rumbo claro
El proceso de privatizaciones avanza de manera fragmentaria y sin criterios técnicos claros. Si bien la Ley Bases habilitó inicialmente la privatización de 41 empresas, este número se redujo drásticamente a solo 8 tras el tratamiento en el Congreso1. Sin embargo, el gobierno intenta expandir el programa más allá de lo autorizado legislativamente.

El caso testigo fue IMPSA, vendida en febrero de 2025 a la estadounidense ARC Energy por un monto no revelado y en condiciones cuestionables1. La empresa mendocina, rescatada por el Estado en 2021 y puesta en recuperación, fue vendida precisamente a la misma firma que tenía contratos previos con ella para la construcción de equipamiento naval para Estados Unidos.

Entre las empresas incluidas en el programa oficial se encuentran ENARSA, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina (NASA)1. El gobierno también avanza con empresas no autorizadas por el Congreso, como Aerolíneas Argentinas, donde ya se produjeron 1.780 despidos y el cierre de rutas estratégicas como el "Corredor Atlántico".

Destrucción masiva del empleo
Los datos laborales confirman el fracaso de las reformas impulsadas por la Ley Bases. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, se perdieron 173.563 empleos registrados: 115.353 en el sector privado y 58.210 en el sector público.

La extensión del período de prueba y la creación de la figura del "colaborador" no generaron el empleo prometido. Por el contrario, muchas empresas utilizan estos mecanismos para contratar personal por 5 o 6 meses y luego despedirlo sin indemnización.

El blanqueo laboral fue un rotundo fracaso: pese a los amplios beneficios otorgados a empleadores (condonación total de infracciones, multas y sanciones), solo se registraron 7.660 trabajadores1. Simultáneamente, la informalidad laboral aumentó 0,8 puntos porcentuales, alcanzando el 42% en el cuarto trimestre de 2024.

El único crecimiento se registró en el monotributo, con 74.997 nuevos inscriptos, pero esto refleja estrategias de supervivencia ante la pérdida de empleos formales más que una mejora genuina del mercado laboral.

Regresividad tributaria
En materia fiscal, la reforma al Impuesto a los Bienes Personales consolidó una mayor regresividad del sistema tributario. La reducción de la alícuota máxima del 1,75% a 0,25% en 2027 benefició desproporcionadamente a los grandes patrimonios.

La participación de este impuesto en la recaudación total cayó del 2,2% en 2023 a un mínimo del 1,4% en julio-agosto de 2024, estabilizándose por debajo del 1,8% en 20251. Simultáneamente, la restitución del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría amplió la cantidad de trabajadores alcanzados del 1,7% al 12,2%, trasladando mayor carga fiscal a los sectores medios.

Un balance negativo
Tras un año de implementación, la Ley Bases muestra un saldo negativo en todos los frentes analizados. La concentración de poder ejecutivo vació de contenido el rol del Congreso, la destrucción del aparato estatal eliminó capacidades fundamentales para la gestión pública, y las reformas laborales y tributarias profundizaron la precarización y regresividad del sistema.

El RIGI, presentado como la gran apuesta del gobierno, fracasó en atraer inversiones genuinamente nuevas y se apoya mayoritariamente en proyectos preexistentes y capital estatal. Las privatizaciones avanzan sin criterios técnicos claros y en muchos casos contradicen la voluntad del Congreso.

Como concluye el informe del CEPA, lejos de constituir "puntos de partida para la libertad", la Ley Bases consolidó un modelo de concentración de poder, desarticulación estatal y precarización social que contradice sus promesas originales1. Los datos son elocuentes: menos empleo, menos inversión extranjera, menos progresividad tributaria y un Estado sistemáticamente debilitado en su capacidad de respuesta ante las necesidades sociales.

El tiempo dirá si este experimento de "motosierra" estatal produce los beneficios prometidos, pero el primer año de implementación sugiere que el costo social y económico supera ampliamente los magros resultados obtenidos.

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Nota: A traves de un formato podcast usando herramientas IA se realizó esta pieza bajo supervision periodística humana

Detalles: impactos del Primer Año de Vigencia de la Ley Bases (Julio 2025)
Resumen Ejecutivo

Este informe detalla los impactos del primer año de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (Ley Bases), centrándose en la desarticulación de organismos y empresas públicas, el limitado éxito del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la regresividad en la recaudación tributaria y la caída del empleo registrado. La Ley Bases, al delegar amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo, ha propiciado una concentración de poder sin precedentes, resultando en la disolución de entidades clave, la privatización o transformación de empresas estratégicas, y una reestructuración del marco laboral y tributario con consecuencias negativas para la progresividad fiscal y la estabilidad del empleo. El RIGI, por su parte, no ha logrado atraer la inversión extranjera directa prometida, apoyándose principalmente en proyectos preexistentes y en la inversión de la empresa estatal YPF.

1. Facultades Delegadas y Desguace del Estado: Concentración de Poder y Vaciamiento Institucional
La Ley Bases ha otorgado al Poder Ejecutivo facultades legislativas "ampliamente extendidas", lo que ha permitido al presidente Javier Milei "legislar por decreto con un alcance y una frecuencia sin precedentes desde el retorno de la democracia". Al 4 de julio de 2025, se han dictado 157 decretos de carácter legislativo, de los cuales 61 se amparan directamente en la Ley Bases, concentrando el poder y "vaciando de sentido el rol del Congreso".

Las medidas adoptadas incluyen:

Disolución de organismos, programas y regímenes: Se eliminaron entes vinculados a obra pública, políticas de promoción sectorial y el rol igualador del Estado. Ejemplos notables incluyen el INADI, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, el ENOHSA, el COPREC, y programas de fomento ganadero y algodonero. Además, se planean disoluciones adicionales como el INTI y el INTA.

Disolución de fondos fiduciarios y fondos de financiamiento: Se suprimieron programas esenciales de vivienda y hábitat (como PROCREAR, Plan de Vivienda Social, Fondo de Integración Socio Urbana), promoción tecnológica y científica, y el Fondo Nacional de Emergencias. Estas disoluciones, en un contexto de "ajuste y discrecionalidad presupuestaria", han generado "serias dudas sobre el destino de los fondos existentes".
Transformaciones y transferencias de organismos y bienes: Medidas ideológicas que afectaron políticas de Derechos Humanos (Museo de la Memoria, Sitio ESMA, Registro de Datos Genéticos transferido al Ministerio de Seguridad en contra de la ley 27.759) e íconos culturales e históricos (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de Bibliotecas Populares, Instituto de Asuntos Indígenas). También se transformaron empresas como COVIARA en SAU y se transfirieron bienes de Fabricaciones Militares.

Transformación de empresas públicas en S.A. o habilitación a privatizar: En línea con la Ley Bases, se dispuso la transformación jurídica de Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, ENARSA, Banco Nación (actualmente suspendida judicialmente) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El objetivo es "conseguir financiamiento para mantener el modelo basado en la apreciación cambiaria, vendiendo empresas sin importar su resultado económico-financiero y su finalidad pública".

Modificaciones de funciones de organismos y regímenes: Se alteraron las funciones de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, UIF, ANSES (en relación a otorgamiento de créditos), y se derogaron normativas sobre circulación de bienes culturales, sanidad vegetal y violencia de género (art. 3 de la ley 27.234).

Desregulaciones de sectores o actividades: El gobierno profundizó la desregulación iniciada con el Mega DNU 70/2023, eliminando la capacidad de la autoridad de aplicación para fijar precios de referencia de GLP, y desregulando los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), la actividad aerocomercial y la navegación y marina mercante. La desregulación de la marina mercante, por ejemplo, permite que "un buque con bandera de Panamá... podrá transportar combustible desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires sin generar un solo puesto de trabajo argentino", contrastando con la práctica global de cabotaje restringido.

2. La Obra Pública y la Vía Navegable Troncal
La Ley Bases reformó la ley de concesión de obra pública (17.520), otorgando "más privilegios para el sector privado". Los cambios incluyen un objeto más amplio para las concesiones (infraestructuras y servicios públicos), la eliminación del requisito de "abaratamiento efectivo de tarifa", plazos variables, obligación de compensar al contratista ante alteraciones (incluso menores al 20%), eliminación de topes indemnizatorios a favor del Estado, posibilidad de cesión de contratos, fijación de contratos y pagos en moneda extranjera, y resolución de controversias en tribunales extranjeros.

En la práctica, esto significa que la obra pública y la gestión de servicios se canalizarán a través de un "régimen a medida del sector privado", donde "solo se hará o gestionará lo que brinde ganancias a contratistas, sin importar derechos de ciudadanos y usuarios" y "se elimina el riesgo empresario, que quedará a cargo del Estado".

Un caso destacado es la licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), declarada servicio público y cuya licitación fue dejada sin efecto en febrero de 2025 tras "denuncias de direccionamiento e impugnaciones judiciales", incluyendo un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. De manera similar, la "Red Federal de Concesiones" para corredores viales, aunque lanzada en enero de 2025, aún no ha concluido sus licitaciones.

3. Privatizaciones y Desguace de Empresas Públicas
La Ley Bases habilitó la privatización total o parcial de ocho empresas, pero la estrategia del gobierno va más allá. El Ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó el 2 de julio de 2025 que la acumulación de reservas del Tesoro estará ligada a la "venta de activos públicos", incluyendo privatizaciones, venta de activos de la AABE, concesiones de hidroeléctricas y "block trades" con grandes inversores. En medios se mencionó a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Banco Nación como objetivos, a pesar de no estar autorizadas por la Ley Bases en algunos casos.

Empresas incluidas en la Ley Bases para privatización (total o parcial): ENARSA, Corredores Viales, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), YCRT (privatización parcial) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) (privatización parcial). Se estableció el Decreto 416/25 para ventas y concesiones digitales.

Casos específicos de avance privatizador:

ENARSA: Se inició el procedimiento para su privatización total (Decreto 286/2025), incluyendo la cesión de la participación estatal en Citelec (controladora de Transener). A pesar de que ENARSA recibió transferencias significativas (0,5% del PBI en 2023) para subsidios energéticos y el Gasoducto Néstor Kirchner (que ahora "permite alcanzar superávit en la balanza energética"), se justifica su privatización por supuesta ineficiencia.
Corredores Viales: Autorizada su privatización total bajo concesión de obra pública por peaje (Decreto 97/2025). Ya se produjeron más de cien cesantías.

Intercargo: Autorizada su privatización total por venta de acciones (Decreto 198/2025). Se autorizaron nuevas firmas privadas para sus servicios. La empresa ha sido históricamente "rentable" y "no necesitó Transferencias Corrientes del Estado Nacional salvo contadas excepciones". Su privatización podría afectar la "conectividad a nivel federal y posibilitar el desarrollo de distintas economías regionales" en aeropuertos con menor volumen de operaciones.
AySA: Se evalúa un esquema mixto de desinversión, incluyendo la venta del 90% de las acciones.
Belgrano Cargas y SOFSE: Autorizada la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A. (Decreto 67/2025) y la licitación de servicios ferroviarios urbanos y regionales de SOFSE. Belgrano Cargas ya redujo su personal en 328 trabajadores. Se dispuso el cierre de SOFSE.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT): Transformada en Carboeléctrica Río Turbio S.A. (Decreto 115/2025) para privatización. Podría llevar al "cierre de la mina de Río Turbio", dejando la infraestructura del interconectado eléctrico al servicio privado, lo que implicaría "una venta a precio vil de un activo desarrollado con fondos públicos".
Nucleoeléctrica Argentina (NASA): Se busca abrir la participación a inversores privados, lo que es "especialmente sensible dado que NA-SA cumple un rol estratégico en el desarrollo y la comercialización de energía nuclear". La privatización se percibe como una forma de que privados "capturen los beneficios económicos, mientras se mantiene bajo responsabilidad exclusiva del Estado la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento futuro de las centrales". La construcción de la Nueva Planta de Uranio (NPU) de Dioxitek, clave para el ciclo de combustibles nucleares, fue paralizada.

Empresas fuera del listado de la Ley Bases pero con avance privatizador:

Aerolíneas Argentinas: A pesar de que su privatización no prosperó en el Congreso, el gobierno ha promovido un "vaciamiento progresivo", favoreciendo a low-cost en rutas rentables y desmantelando destinos de cabotaje (Reconquista, Corredor Atlántico, Córdoba–Trelew, etc.), afectando la "integración territorial". Se redujo el personal en 1.780 puestos y se cerraron oficinas comerciales.

Casa de Moneda: Se dispuso el cierre de la planta de Don Torcuato y el traspaso de personal y funciones (Decreto 442/2025), implicando "un paso más en la pérdida de soberanía monetaria y tecnológica".
Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF): Se dispuso su cierre en diciembre de 2024, eliminando "capacidades técnicas fundamentales del sistema ferroviario nacional".

Banco Nación: El gobierno intentó su transformación a Sociedad Anónima (Decreto 116/2025) para privatización, pero fue "suspendida en sede judicial" el 5 de junio de 2025. A pesar de ser una "entidad sólida, rentable y con un papel central", se derogó la prohibición de privatizarla (DNU 70/2023) y se eliminó la obligación de pagar sueldos de la administración pública a través del BNA (Decreto 747/2024), con la intención de "debilitar al banco público y transferirle un negocio millonario a los bancos privados". El BNA tiene un ROE y ROA muy superiores al sistema financiero y es el "gran financiador de las PyMEs argentinas".

Correo Argentino: Se eliminaron regulaciones para la competencia en paquetería y se buscará su transferencia al sector privado.
Represas del Comahue: El Ministro de Economía anticipó la licitación del paquete accionario de estas centrales (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila) por USD 400-500 millones, lo que sería "una nueva transferencia de activos estratégicos al sector privado".
IMPSA: Privatizada en febrero de 2025 y traspasada a la estadounidense ARC Energy. La empresa, estratégica por su tecnología de punta y presencia global, fue "rescatada por el Estado nacional y el gobierno provincial en 2021" y estaba recuperándose. El actual gobierno no concretó nuevos contratos, "lo que deterioró sus balances económicos y facilitó las condiciones para su venta", resultando en una "malventa de una empresa estratégica, a un precio por debajo de su valor potencial y sin mecanismos adecuados de control parlamentario".

4. Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

El RIGI fue justificado como un atractor de Inversión Extranjera Directa (IED) mediante "beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales". Sin embargo, un año después:

Proyectos no son nuevos: De los 5 proyectos aprobados, 4 "ya existían previamente a la sanción del régimen" (Parque Solar El Quemado, Vaca Muerta Oleoducto Sur, Rincón, Sidersa). El quinto reemplaza un proyecto que también estaba en carpeta. El RIGI está "sirviendo como una herramienta para maximizar beneficios de proyectos que ya estaban en carpeta".
Dominio de inversión estatal: La petrolera YPF, de mayoría estatal, "protagoniza las inversiones del RIGI", participando en USD 9.575 millones del total de USD 16.514 millones presentados (58%). "Lejos de constituir un aluvión de inversiones extranjeras autónomas y privadas, el RIGI, en su fase inicial, se apoya mayoritariamente en el capital estatal."
Pérdida de inversión clave: Se perdió la principal inversión de PETRONAS (Malasia) para una planta de licuefacción debido a "desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica".

IED negativa: El flujo acumulado de IED desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025 es "negativo en USD -1.500 millones", lo que demuestra que el régimen "no logró revertir el proceso de desinversión".
Baja liquidación de dólares y empleo: Los 5 proyectos aprobados implican una inversión de USD 2.105 millones en el primer año, "apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025)". Además, "al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas". La generación de empleo es "deficiente": 1.616 empleos directos y 8.497 indirectos (total 10.113 puestos) para los 5 proyectos aprobados. Incluso considerando los 14 proyectos presentados, la cifra es de 23.872 puestos, lo que representa "apenas el 20,7% de la pérdida acumulada de empleo privado desde diciembre de 2023".

5. Supresión del Impuesto Patrimonial: Menos Progresividad Tributaria

La Ley Bases introdujo cambios en el Impuesto a los Bienes Personales, reduciendo la alícuota máxima y estableciendo una "reducción progresiva tanto de las alícuotas como de los tramos de escala en los años siguientes, hasta llegar a una alícuota única del 0,25% en 2027". Esto beneficia a los patrimonios más elevados, resultando en un "aplanamiento de la pirámide tributaria".

Un régimen de pago anticipado permite a quienes abonen el impuesto de los próximos cinco años acceder a una alícuota reducida del 0,45% anual, consolidando un "esquema altamente favorable para los grandes patrimonios".
La eliminación de la diferenciación entre bienes en el país y en el exterior, que antes incentivaba la repatriación, también contribuye a esta regresividad.

La incidencia del Impuesto a los Bienes Personales en la recaudación tributaria total ha caído, pasando del 2,2% en 2023 a un mínimo del 1,4% en julio-agosto de 2024, y estabilizándose por debajo del 1,8% en 2025, lo que "consolida una menor progresividad del sistema tributario argentino".

6. Restitución del Impuesto a las Ganancias a la Cuarta Categoría
El paquete fiscal restableció el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría con parámetros más bajos, "ampliando de manera significativa la cantidad de trabajadores alcanzados". Al momento de su implementación, el 12,2% de los trabajadores registrados tributaba, en contraste con el 1,7% previo. Esto representa un "fuerte incremento de la carga fiscal sobre los ingresos laborales formales, especialmente en los sectores medios". Se eliminaron exenciones por horas extras y bonificaciones, y el piso diferencial para la zona patagónica.

7. Reforma Laboral
La reforma laboral de la Ley Bases buscó supuestamente reducir la informalidad, pero sus resultados son cuestionables:

Blanqueo laboral con resultados mínimos: El "Plan de Regularización del Trabajo No Registrado" ofreció amplios beneficios a empleadores (sin penalidades, condonación de infracciones, eliminación del REPSAL, condonación de deudas de aportes a la Seguridad Social). Sin embargo, solo 7.660 trabajadores fueron registrados desde su implementación.
Aumento de la informalidad: La tasa de empleo no registrado "no solo no disminuyó, sino que aumentó", alcanzando el 42,0% en los aglomerados urbanos en el cuarto trimestre de 2024 (un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023). Esto "contribuyó a consolidar condiciones más laxas para la contratación sin derechos".

Extensión del período de prueba y figura del “colaborador”: Se amplió el período de prueba, habilitando "contrataciones temporales encubiertas" y despidos sin indemnización. La figura del "colaborador" permite a monotributistas incorporar hasta tres personas sin relación de dependencia, "profundizando la precarización".
Caída del empleo registrado: Desde la asunción de Milei, se perdieron 173.563 empleos registrados; 58.210 en el sector público y 115.353 en el sector privado. Los únicos sectores con crecimiento de empleo privado registrado fueron comercio, agricultura y pesca; con "profunda destrucción de empleo en construcción (-61.956) y la industria manufacturera (-31.301)".

Crecimiento de monotributistas: El aumento de 74.997 nuevos monotributistas entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 "no refleja una mejora genuina del empleo, sino una estrategia de subsistencia ante la pérdida de trabajo formal o de situaciones de subempleo encubierto".
Impactos en el empleo público: El empleo público sufrió una reducción de 58.210 puestos entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, facilitada por la modificación de la ley de empleo público que habilitó la disponibilidad y despido. Las empresas con mayores despidos en valores absolutos incluyen el Correo Argentino (4.945), Operadora Ferroviaria S.E. (2.293) y Aerolíneas Argentinas (1.780). En términos porcentuales, la ex Télam (80%), ENARSA Patagonia (66.7%) y Educar S.A. (52.5%). En la APN, ARCA (2.996), ANSES (1.423) y CONICET (985).

Fondos de cese laboral y resolución 1.071 de la CNV: La Ley Bases habilitó a empleadores y sindicatos a reemplazar el sistema de indemnizaciones por fondos de cese laboral, lo que "implica una transferencia significativa de riesgo hacia los trabajadores" al depender del rendimiento financiero. A diferencia del régimen de la construcción, "no se fijaron garantías mínimas y, además, se abrió la puerta a que los aportes a esos fondos puedan ser descontados del salario de los propios trabajadores".

8. Fin de la Moratoria Previsional

Aunque la eliminación de la moratoria previsional no se concretó por la Ley Bases en el Senado, el plazo de vigencia de la última moratoria venció en marzo de 2025 y no fue prorrogada. La única alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que "representa apenas el 80% de una jubilación mínima, no es heredable y solo puede ser solicitado a partir de los 65 años". La no renovación "agravó severamente el acceso al derecho jubilatorio: 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no logran reunir más de 25 años de aportes". Actualmente, se espera el tratamiento en el Senado de una propuesta para re-instaurar la moratoria.

Conclusiones Generales
El primer año de vigencia de la Ley Bases se caracteriza por:

Concentración de poder ejecutivo y vaciamiento institucional: Un uso masivo de decretos delegados y DNU que eluden al Congreso, resultando en la disolución de organismos clave y fondos fiduciarios con funciones sociales y de fomento.
Privatizaciones y desguace del Estado: Un programa agresivo de venta y transformación de empresas públicas, incluso aquellas rentables o estratégicas, con un impacto previsible en la conectividad, la soberanía energética y el empleo. La privatización de IMPSA es un "caso testigo de pérdida de capacidades estatales".
Fracaso del RIGI en atraer nuevas inversiones y generar empleo significativo: El régimen ha beneficiado principalmente a proyectos preexistentes y a la inversión estatal (YPF), sin lograr la masiva IED ni la creación de puestos de trabajo prometidas, y ha coincidido con un flujo negativo de IED.
Regresividad tributaria: La reforma de Bienes Personales ha reducido la progresividad del sistema fiscal, favoreciendo a los grandes patrimonios y disminuyendo la participación de este impuesto en la recaudación. La restitución del Impuesto a las Ganancias impacta negativamente en los trabajadores de ingresos medios.
Precarización laboral y caída del empleo registrado: La reforma laboral no ha logrado reducir la informalidad, que de hecho aumentó. La extensión del período de prueba y la figura del "colaborador" precarizan el empleo, mientras que el blanqueo laboral tuvo un impacto marginal. El empleo registrado, tanto privado como público, ha sufrido una contracción significativa.
Restricción del acceso a derechos previsionales: La no renovación de la moratoria previsional impacta gravemente en el acceso a la jubilación para la mayoría de la población.

En conjunto, las medidas implementadas bajo la Ley Bases y los decretos complementarios sugieren un modelo económico que prioriza la desregulación, la venta de activos estatales y la flexibilización laboral y fiscal en favor de grandes capitales, con un impacto negativo en la progresividad social y la capacidad del Estado para intervenir en áreas estratégicas y de bienestar público.

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