Los habitantes de la pequeña comuna serrana, nucleados en Vecindad de Cuesta Blanca, rechazaron el balance 2024 y denuncian falta de información sobre un nuevo contrato con la cooperativa COOPI. La tensión escaló tras la anulación de la asamblea ordinaria del 25 de junio.
Córdoba22 de julio de 2025
Sures Noticias
La comuna de Cuesta Blanca, ubicada en el departamento de Punilla y con aproximadamente mas de 700 habitantes, atraviesa una crisis institucional que evidencia las tensiones entre la gestión comunal y los reclamos ciudadanos por mayor participación y transparencia. El conflicto, que alcanzó su punto álgido durante la asamblea ordinaria del 25 de junio pasado, refleja problemáticas recurrentes en las pequeñas localidades cordobesas sobre el ejercicio de derechos vecinales y acceso a la información pública.
El reclamo por participación ciudadana
El origen del conflicto se remonta al 7 de mayo de 2025, cuando un grupo de vecinos presentó formalmente a la jefa comunal Ana Gaitán una solicitud para conformar un Consejo de Vecinos y Vecinas, fundamentando su petición en el artículo 225 de la Ley 8102 sobre Institutos de Democracia Semidirecta y otras formas de Participación Ciudadana. Este pedido, que contaba con más de 100 firmas de respaldo, buscaba "fortalecer la participación ciudadana" y "fomentar la comunicación fluida entre quienes residen en Cuesta Blanca y la administración comunal".
La Ley 8102, que regula el régimen de municipios y comunas en Córdoba, establece en su artículo 225 que los institutos de democracia semidirecta y otras formas de participación ciudadana serán aplicables en las comunas "en lo que fuere pertinente", tal como se detalla en los títulos IX y X de dicha normativa. Esta disposición legal respalda el derecho de los vecinos a conformar espacios de participación ciudadana que complementen la gestión comunal.
La asamblea que desató la crisis
El 25 de junio se realizó la asamblea ordinaria convocada por Resolución 5/25 del 28 de mayo, con un orden del día que incluía únicamente la designación de presidente de asamblea y la consideración del informe anual 2024. Sin embargo, lo que comenzó como una sesión rutinaria se transformó en una jornada de más de tres horas de debate cuando Andrea Beatriz Luna, elegida como presidenta de la asamblea, decidió incorporar temas desoidos por la comuna y no previstos en la convocatoria original.
Durante la sesión se produjeron varios hechos significativos:
Rechazo mayoritario del balance 2024 presentado por la gestión comunal
Denuncia por falta de difusión oficial de las actividades comunales
Exigencia para tratar el petitorio sobre la conformación de la Comisión Vecinal
Compromiso para una asamblea extraordinaria el 2 de agosto a las 10 am
Los números del balance rechazado generaron particular preocupación entre los vecinos: $0 destinados a becas escolares, apenas $15.000 para transporte escolar, mientras que se registraron $3.262.500 en libros e impresos y $2.928.600 en "otros consumos", partidas que los asistentes consideraron desproporcionadas y poco transparentes.
La respuesta comunal y la declaración de nulidad
La reacción de la comuna no se hizo esperar. El director general Américo Osvaldo Nicolette envió una carta documento a la presidenta de la asamblea declarando "nula y de nulidad absoluta" la sesión del 25 de junio. Los argumentos esgrimidos se centraron en que la presidenta había "excedido en forma abusiva sus facultades" al permitir incorporar temas no incluidos en el orden del día original.
La carta documento, fundamentada en los artículos 209 y 210 de la Ley 8102, sostiene que se violaron las normas del ordenamiento jurídico al tratarse temas no contemplados en la convocatoria, lo que tornaría "totalmente ineficaz cualquier resolución tomada en dicha asamblea". Además, la comuna comunicó la situación a la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La cuestión del servicio de agua
Paralelamente al conflicto institucional, surge otro elemento de tensión: los vecinos desconocen los detalles de un eventual contrato para un nuevo contrato con el servicio de agua con la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos (COOPI) de Villa Carlos Paz.
La COOPI, reconocida por su gestión cooperativa, ha enfrentado en los últimos años conflictos con la Municipalidad de Villa Carlos Paz por el control de servicios públicos. La falta de información sobre las condiciones contractuales en Cuesta Blanca genera inquietud entre los vecinos, quienes exigen transparencia sobre un servicio esencial para la comunidad.
Los próximos pasos
Los vecinos organizados se presentaron hoy 22 de julio, a las 11 hs. en la sede comunal (Ángel Crosetto 100 para presentar formalmente un pedido de informes sobre el contrato del servicio de agua. Además, insistirán en que la comuna constituya el Consejo de Vecinos y Vecinas, considerándolo una herramienta fundamental para la participación ciudadana local.
La situación en Cuesta Blanca refleja tensiones más amplias sobre la participación ciudadana en las pequeñas comunas cordobesas. La Ley 8102 establece un marco normativo que garantiza la participación vecinal, pero su implementación práctica a menudo enfrenta resistencias desde las gestiones locales.
Cuesta Blanca, que funciona como comuna desde 1993 y forma parte de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes, se caracteriza por tener una comunidad comprometida con la preservación ambiental. Esta conciencia ciudadana podría explicar la demanda por mayor participación en las decisiones que afectan el desarrollo local.
La resolución de este conflicto será un test importante para evaluar si las instituciones comunales pueden adaptarse a las demandas de una ciudadanía más informada y participativa, o si continuarán las tensiones entre gestiones verticales y reclamos horizontales de participación democrática.
La asamblea extraordinaria del 2 de agosto se perfila como una cita clave para definir el futuro institucional de esta pequeña comuna serrana, donde los 700 habitantes buscan hacer valer sus derechos ciudadanos en un contexto de creciente demanda por transparencia y participación en la gestión pública local.
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