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La jueza María Romilda Servini procesó al gendarme Héctor Jesús Guerrero por las lesiones gravísimas sufridas por el fotorreportero Pablo Grillo, y al prefecto Sebastián Martínez por las heridas que causaron la pérdida del ojo izquierdo del manifestante Jonathan Navarro
Los procesamientos se dictaron sin prisión preventiva, pero incluyen embargos millonarios y restricciones para salir del país. A Guerrero se le impuso un embargo de 203 millones de pesos, mientras que a Martínez otro por 91 millones.
Un disparo asesino que cambió una vida
La resolución judicial detalla con precisión el momento fatal: a las 17:18:05 del 12 de marzo, Guerrero disparó de forma horizontal y antirreglamentaria un cartucho de gas lacrimógeno calibre 38 mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo, quien se encontraba agachado tomando fotografías a unos 47 metros de las fuerzas de seguridad.
El proyectil atravesó una barricada en llamas y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida: "herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo", según el informe del Cuerpo Médico Forense.
A casi siete meses del ataque, Grillo continúa postrado con deterioro cognitivo severo, sin poder responder preguntas simples ni alimentarse por sus propios medios. Su padre, Fabián, reveló recientemente que el fotógrafo atraviesa un "impasse" neurológico tras su séptima cirugía, una craneoplastia para reconstruir su cráneo.
Pablo Grillo
Violación sistemática de protocolos y de los DDHH
La investigación reveló que Guerrero realizó al menos seis disparos antirreglamentarios en menos de diez minutos, todos dirigidos horizontalmente hacia los manifestantes, en clara violación de los protocolos de Gendarmería que exigen disparar en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar lesiones graves.
La jueza Servini fue categórica al señalar que el manual del arma utilizada advierte que "jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte".
El gendarme, con diez años de servicio y funciones como instructor de tiro, no pudo alegar inexperiencia. En su declaración indagatoria intentó justificarse alegando problemas de visibilidad, pero la magistrada determinó que actuó con dolo eventual, representándose la posibilidad de causar daño grave y aceptando ese riesgo.
El caso Martínez: otro ataque deliberado
En el caso del prefecto Sebastián Martínez, la resolución judicial concluye que "buscó herir a Navarro" de manera deliberada. El análisis de las imágenes demostró que después de alcanzar el rostro de la víctima en su ojo izquierdo, no se registraron nuevos disparos desde esa posición, lo que indica que "no tenía como objetivo otra persona u otro propósito".
Contexto de la represión
La manifestación del 12 de marzo se desarrolló en el marco de las protestas contra el ajuste económico del gobierno de Javier Milei, que significó una caída real de más del 30% en los haberes jubilatorios. La particularidad de esa jornada fue la autoconvocatoria de hinchadas de fútbol que se sumaron bajo la consigna de defender a los jubilados ante un eventual accionar represivo.gatopardo
La represión fue ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como parte del denominado "operativo antipiquetes". Paradójicamente, el Ministerio de Seguridad presentó posteriormente denuncias penales contra las personas detenidas por delitos de sedición, asociación ilícita y atentado contra el orden constitucional.pagina12
Un fallo que sienta precedente
La abogada Claudia Cesaroni, del CELS, quien representa a la familia Grillo, destacó que "ya les dijimos a gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías: alguna vez van a pagar por los actos criminales que sus jefes y jefas les mandan a cometer".
La resolución de Servini enfatiza la obligación de los funcionarios de cumplir con los protocolos y estándares internacionales de derechos humanos, advirtiendo sobre las consecuencias penales de apartarse de esas reglas: "No existe condición ni circunstancia alguna que justifique que uno se aparte de los manuales y protocolos del caso".
Los procesamientos se enmarcan en una causa de alto impacto político y social que pone en repudio y debate el uso de la violencia institucional estatal, la fuerza estatal en el control de la protesta y la responsabilidad penal individual de los agentes de seguridad. La justicia federal deberá ahora evaluar las secuelas neurológicas permanentes de Pablo Grillo, cuyo pronóstico continúa siendo reservado a casi ocho meses del ataque que cambió su vida para siempre.
